Gibraltar da luz verde a una nueva invasión de aguas españolas

Hay que recordar que este terreno no se encuentra incluido en el Tratado de Utrech por el que España cedió Gibraltar al Reino Unido -sin las aguas que lo rodean-, por lo que según expertos en derecho internacional esta ampliación supone una violación de la soberanía e integridad territorial de nuestro país.

La decisión del Gobierno de Gibraltar se produjo este lunes después de meses en los que el Ejecutivo español ha optado por una posición que partidos como Vox han criticado como blanda. Fuentes oficiales de Exteriores aseguraron ayer a ABC que «España ha venido protestando reiteradamente por las acciones de relleno y modificación de la costa que Gibraltar realiza en aguas territoriales españolas, cada vez que estas se han producido, y lo seguirá haciendo. Estas protestas se han realizado por escrito en numerosas ocasiones».

Estas fuentes subrayan que las acciones de relleno que está llevando a cabo Gibraltar «son contrarias al derecho internacional, además de implicar una vulneración de las normas españolas y europeas de protección del medio ambiente» y aseguran que el ministerio «ha trasladado la urgencia que reviste adoptar medidas sobre este tema, desde hace semanas, a las instituciones competentes».

El pasado 4 de octubre, el ministro José Manuel Albares fue preguntado en el Congreso por las medidas que estaba adoptando el Ejecutivo ante este proyecto de expansión territorial y el titular de Asuntos Exteriores ofreció una vaga explicación. «Estamos pendientes de todo aquello que pueda afectar a nuestras aguas, de todo aquello que pueda afectar al medio ambiente, como los rellenos y por supuesto que estamos haciendo cosas permanentemente y observando todo aquello en lo que Gibraltar y sus acciones puedan afectar a nuestras aguas y a la bahía», señaló entonces, sin dar ningún detalle de qué tipo de acciones se trataba ni de cuándo se habían emprendido.

En aquella sesión, el diputado Carlos Flores, de la formación de Santiago Abascal, instó al ministro a llevar a cabo todas las actuaciones posibles en defensa de la jurisdicción española. «Gibraltar no tiene aguas jurisdiccionales, no se las concedió el Tratado de Utrecht y, por tanto, ese proyecto de aterramiento está siendo llevado a cabo sobre aguas jurisdiccionales españolas, dependientes de nuestro Estado, de nuestra soberanía, sujetas a nuestras leyes y, por lo tanto, al control de nuestros tribunales», señaló.

«Procedería que este Gobierno instase todas las acciones oportunas para detener una actividad que, además, y por desarrollarse en una zona de especial conservación del Estrecho oriental, resulta no solamente ilegal, sino además dañina para las especies marinas de flora y de fauna que conviven en esas aguas», apremió.

El megaproyecto ha concitado críticas no solo del Gobierno español sino también de las organizaciones ecologistas mientras las autoridades de Gibraltar insisten en que la ampliación es legal en referencia a las tres millas que Reino Unido delimitó alrededor sin contar en ningún momento con el acuerdo de España.

Para rebajar el rechazo de los ecologistas, las autoridades de Gibraltar aseguran que la autorización de la nueva fase «está sujeta a la remodelación del revestimiento del final del dique para reducir su impacto visual» y que «la extensión más al sur del rompeolas principal forma parte de los planes de protección costera». En esta misma línea aseguran que se respetará y protegerá el entorno natural «de acuerdo con el compromiso del Gobierno (del Peñón) con la biodiversidad y la conservación marina».

ABC publicó el pasado mes de septiembre que el Gobierno español se estaba lavando las manos ante el relleno de tierra en el Peñón, después de que en julio el Ejecutivo asegurara haber protestado «reiteradamente» por esas maniobras. Y es que desde 2020, por la aduana de La Línea de la Concepción (Cádiz) han pasado 61.711 toneladas métricas de piedra y escollera, según los datos hechos públicos por el Ministerio del Interior.

Ese material se viene utilizando para el megaproyecto Eastside pero el Gobierno aseguró, en una pregunta formulada a través del Portal de la Transparencia, que desconocía la finalidad de la mercancía pese a las múltiples imágenes de montículos en la zona este que se han venido publicando en este tiempo.