PSOE de Santiago: una campaña contra sus ediles desde el 28-M

Aquella dura derrota, que mandó a la lona al gobierno de Xosé Sánchez Bugallo, tuvo secuelas. Un sector del partido culpó al alcalde y su equipo del mal resultado, integrante de la candidatura electoral de las municipales de mayo. Por eso, cuando el sector encabezado por Mercedes Rosón planteó seguir en el gobierno dentro de una coalición liderada por el BNG, la respuesta fue tajante: bajo ningún concepto. Y empezó a alentarse una consigna por los mentideros del socialismo compostelano: lo que tienen que hacer los concejales es irse, porque hay que resetear el partido.

Bugallo, responsable último del resultado, dimitió esa misma noche electoral. No recogería el acta y asumiría el fin de su ciclo. Entregaría también su cargo orgánico. La agrupación local quedaba en manos de una gestora. En octubre de ese 2023, una lista única encabezada por Aitor Bouza se hace con la secretaría local. Por primera vez, en la ejecutiva no está ninguno de los concejales del grupo municipal, salvo Gonzalo Muiños pero como miembro nato por su condición de portavoz en Raxoi, con voz pero sin voto. La excepción es Begoña Rodríguez, que ocupaba el puesto 12º en la lista de Bugallo. Pero su presencia en la ejecutiva es fugaz. En la primera reunión, cuando «se pide a gritos de manera muy violenta que los concejales tienen que irse a casa», Rodríguez presenta su dimisión. El testimonio es de un testigo presencial.

Desde ese momento se inicia de manera sistemática una campaña de presiones a los concejales para que dimitan, de manera que corra la lista y pueda entrar en el pleno Aitor Bouza, número once de la candidatura. Bugallo lo incluyó «por su perfil, por su edad y preparación; lo conocía de su etapa como diputado, donde Bouza estaba como asesor del grupo», relata un fuente conocedora del proceso. Exsecretario general de las Xuventudes Socialistas durante la primera etapa de Besteiro al frente del PSdeG, es precisamente el lucense uno de sus principales padrinos políticos.

Las primeras presiones se realizan sobre el sector 'bugallista' del grupo, las concejalas Mila Castro y Marta Álvarez Vázquez. Se cierran en banda. Fracasado ese intento, las operaciones se dirigen entonces al llamado 'grupo de la universidad', encabezado por Mercedes Rosón, que tampoco cede. La operación no va a ser tan fácil como la ejecutiva local preveía.

El ejecutor de la campaña va a ser el secretario provincial, Bernardo Fernández, también alcalde de Pontedeume. Pronunciará, meses más tarde, que le importaba «un huevo» quedarse «sin grupo municipal» en la capital de Galicia antes que transigir con díscolos, según una grabación que trascendió de una reunión de la dirección provincial. «Una y otra vez plantea que los concejales tienen que dimitir» para que entre Bouza, revela una persona del entorno de los ediles, «y cuando estos se niegan una y otra vez, van a por sus derechos», añade esta fuente. Así que la agrupación local aprueba por unanimidad que, a partir de ese momento, será su criterio el que prevalezca para fijar posición en todos los asuntos de ciudad que excedan la tramitación ordinaria. En román paladino, que usurpan el criterio de los concejales, por más que los seis procedieran del anterior gobierno local de Bugallo y tuvieran un mejor conocimiento de los temas.

La siguiente andanada es por el personal de confianza. La ejecutiva pretende que el grupo municipal despida a las dos personas que tienen a cargo de su asignación e incorpore a otras elegidas por Bouza y su mano derecha, Marta Álvarez Santullano. Los concejales se oponen porque, alegan, ese personal es de su absoluta confianza y ellos poseen autonomía plena municipal para nombrar y designar a quien consideren.

Se establecen unas reuniones semanales de coordinación, a las que acude el portavoz Muiños para recibir las instrucciones de la ejecutiva de Bouza. Y disciplinadamente las traslada a sus compañeros de grupo. El portavoz comienza entonces una agotadora labor de equilibrios entre lo que le requiere la dirección local, apretando cada vez un poco más, y lo que el resto de concejales están dispuestos a tolerar. Quiere que la convivencia entre los dos estamentos del partido fluya, pero es abiertamente imposible.

Porque, en paralelo, la ejecutiva local ha decidido suplantar la actividad de los concejales. Convoca encuentros y reuniones con el tejido asociativo y económico de la ciudad a las que no invita a los ediles, salvo en contadas ocasiones al portavoz Muiños. Solicitan ingentes cantidades de documentos para fiscalizar la actividad del grupo, hasta que este advierte que determinados expedientes que van a pleno no pueden salir de su custodia por contener datos sensibles de ciudadanos, para lo que se amparan en un informe del secretario municipal.

«Todos los hechos responden a una operación para tomar el control de la Agrupación Socialista de Santiago», pasando por «intentos para forzar la renuncia de algunos de los concejales electos, pasando por el vaciado de competencias y sustitución del grupo municipal», según denunció Muiños en las alegaciones a su expediente.

Las tensiones saltan con la votación en junio de 2024 de una ordenanza para la regulación de las viviendas de uso turístico en la ciudad, derivada de una modificación del plan general realizada en el anterior mandato de Bugallo, y que llevaba la firma de Mercedes Rosón, una de las ediles ahora expulsadas. El día 10, ejecutiva y concejales mantienen una reunión para fijar su voto positivo a la ordenanza, aunque acuerdan no revelarlo hasta el mismo día del pleno, dos semanas más tarde, por táctica política.

Sin embargo, el día 21 Bouza da una rueda de prensa en la que anuncia que el grupo se abstendrá, haciendo decaer la ordenanza, dado que el PP impondrá el no con su mayoría. Los ediles no dan crédito. La maniobra es una provocación para que, antes de enmendarse a sí misma, Rosón prefiera dimitir y así dejar la vacante que Bouza llevaba meses anhelando. No contaba con que los seis concejales hicieran piña y desoyeran el mandato de la ejecutiva, respaldando la ordenanza que emanaba de la gestión de la época de Bugallo.

El capítulo de las VUT es la chispa que prende la mecha. Bouza solicita de inmediato la apertura de un expediente contra los concejales y que se adopten «las medidas disciplinarias oportunas» contra ellos. La dirección provincial se pone manos a la obra. La resolución se conoció la pasada semana, pero desde finales del pasado año las filtraciones sobre la suspensión de Muiños se suceden. Es una gota malaya que busca su hartazgo y su marcha. No lo consiguen.

En este tiempo, los concejales trasladan su versión de los hechos al secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. Mantienen un encuentro con él pero este se pone de perfil. Se lava las manos y deriva toda responsabilidad en la dirección provincial. Cuando se conozca la resolución se limitará a decir poco menos que las normas están para cumplirse, y que cuando uno va en las listas de un partido tiene que asumir las jerarquías.

Una vez que el portavoz accede a su expediente ve cómo no se trata solo de las VUT, sino que el pliego de cargos recoge hasta ocho reproches severos, algunos disparatados como que se impidió al jefe de prensa del grupo cubrir los actos de la agrupación local, dio orden a un trabajador eventual para que no abriera la sede local o no llevó a pleno una iniciativa sobre la ordenación del tráfico en el entorno del CHUS. El resto eran relativos a su inasistencia a las reuniones de coordinación, la negativa a remitir a la ejecutiva la documentación de los plenos, el blindaje de los asesores o unas supuestas críticas al partido realizadas en una entrevista radiofónica. «Es todo mentira», aseguran desde el grupo municipal, «a la ejecutiva se le han enviado más de 600 documentos» durante este año y medio; «hemos llevado a pleno todo lo que nos indicaron», incluidas algunas iniciativas que se escapaban a la lógica, añaden esas mismas fuentes.

En sus alegaciones, Muiños llega a afirmar que las actas de las reuniones de coordinación estaban falseadas y redactadas a propósito para incriminarle. Solicitó al instructor del expediente que se incorporaran las grabaciones de estos encuentros, pero le fueron negados. Nada de lo alegado fue tenido en cuenta: suspendido de militancia e inhabilitado para cargo público durante 18 meses. Su resolución condenatoria lleva la firma de Santos Cerdán.

Tan pronto se hace pública la decisión, la ejecutiva local de Bouza mandata al grupo a nombrar como nuevo portavoz a Sindo Guinarte. Porque desde el verano algunas cosas sí han cambiado. El grupo de concejales ya no es la piña que decidió votar de manera homogénea a favor de la ordenanza de las VUT. Guinarte y Marta Abal se han descolgado, y tras una reunión en septiembre con José Manuel Rivera Otero 'Petene', el factótum del 'grupo de la universidad', empiezan a plantearle a sus compañeros la necesidad de buscar una solución al conflicto. Pero nunca se plantea cuál. Ni Guinarte sabe explicar al resto a qué se debe su giro.

Muiños y sus tres afines -Rosón, Castro y Marta Álvarez- alegan un defecto formal en la orden de Bouza para no designar al nuevo portavoz. Es cuestión de tiempo que el PSOE notifique su expulsión y acaben en la bancada de los no adscritos, dado que el acta de edil es personal e intransferible. Pero en apenas tres días, el partido materializa la decisión final: expulsar a las tres concejalas. La ruptura es total. Se ha llegado al punto de no retorno.

La tristeza política parece no trascender al ámbito personal. «Llevan un año y medio padeciendo esas presiones, y desde que se anunció el expediente han tenido tiempo para prepararse», explican sus más próximos. Además, «están encontrando simpatía no solo en cargos públicos y notables del partido -como los alcaldes de Padrón y Ames, o el exregidor Sánchez Bugallo-, sino sobre todo en la calle. Los vecinos los apoyan», añaden, «están sintiendo un respaldo inimaginable». Hay, no obstante, «momentos de bajón», pero «unos se apoyan en los otros», confiesan, «a pesar de que está siendo un calvario».

¿Todo podría haber tenido otro devenir? «Es probable», reconoce una persona próxima a los concejales, «pero a la ejecutiva le ha podido la impaciencia». Bouza, reprocha, «no quería una transición tranquila» hacia la necesaria nueva etapa en el PSOE en la ciudad, que ha gobernado durante 31 años de la etapa democrática. De haberse manejado con otros tiempos, con otras formas, la crisis se podía haber evitado. Su preocupación hoy no es por ellos, sino por la «desfeita» infligida al partido, «irrecuperable» en las próximas municipales de 2027, para las que el BNG ya maneja sondeos internos que le dan muy al alza, a costa del PSOE.

La crisis está lejos de cerrarse, porque los cuatro concejales no van a rendirse. Previsiblemente recurrirán sus expulsiones a la justicia ordinaria, donde sí esperan encontrar un juez imparcial y no de parte, como creen haber tenido en el partido. Y mientras tanto, seguir en sus puestos. «Porque no hemos hecho nada malo», subrayan.