El primer alijo cazado en el puerto de Marín en un lustro: las autoridades se adelantan a los narcobuzos

Un operativo conjunto de la Policía Nacional, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera se adelantó esta vez a las intenciones de los narcotraficantes. No fue fruto de los habituales controles de mercancía procedente de puertos sudamericanos que se consideran de riesgo: los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado trabajaban ya con información que apuntaba a que el portacontenedores Crown Garnet, con bandera panameña y de propiedad rusa, que recalaba el jueves por la noche en Marín, transportaba droga camuflada en su casco.

El buque procedía de Brasil y tenía como destino Róterdam, en Holanda, y Dover, en el Reino Unido. Pero era en su escala en el puerto de Marín, según fuentes policiales, donde colaboradores de la organización debían sumergirse bajo la línea de flotación del barco para hacerse con la mercancía antes de su partida. El mismo método, por cierto, que el tuvo que emplearse para introducirla en el puerto de origen o en alguna de sus escalas. Las policías españolas estuvieron más rápidas.

Partiendo de un dispositivo conjunto con Vigilancia Aduanera y los Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) de la Policía Nacional, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) se lanzó al mar para recuperar del casco los cuatro fardos que escondían una treintena de paquetes de cocaína. Luego, en una zódiac trasladaron la sustancia estupefaciente hasta el puerto.

El operativo para la recuperación de la cocaína concluyó con éxito, pese a que el mal tiempo complicó su despliegue. No ha habido por ahora, sin embargo, detenido alguno. Según apuntan fuentes policiales, los investigadores no han encontrado vinculaciones entre la tripulación del buque y la organización responsable del alijo: no creen que supieran lo que el Crown Garnet escondía en sus entrañas. Además, nadie se acercó al puerto pontevedrés a tratar de recuperar la droga, tal vez conscientes de que las autoridades españolas ya tenían el cargamento localizado.

Los investigadores consideran que el valor de venta ilegal de toda esta mercancía podría rondar los cuatro millones de euros.