El campo gallego se pone en pie de guerra: «El sector sólo quiere vivir dignamente»

Precios justos, una legislación adaptada a la realidad del territorio y menos burocratización son las principales reclamaciones que el sector agroganadero gallego ha puesto sobre la mesa en las últimas movilizaciones, celebradas el día 20 —después de los comicios autonómicos, para no «mezclarlas» con la política—, que provocaron retenciones en varios puntos de la Comunidad. Hoy participarán en la gran manifestación convocada en Madrid, con motivo del Consejo de Ministros del ramo de la UE.

El caso de P. B. —prefiere dar sus iniciales— es representativo de la situación de muchos ganaderos y agricultores de Galicia. Tal y como cuenta a ABC, a ella y a su familia les «gustaría continuar» con la explotación de su madre, en Negreira (La Coruña), «coger el relevo generacional» de un oficio que conoce de toda la vida. Pero «me dice que no, que no me dedique a esto, porque te ponen tantas trabas que no compensa», cuenta. Ella, su marido y sus tres hijos buscan dedicarse a la ganadería, un sector que les gusta mucho, pero «del que no se puede vivir», lamenta. El más pequeño, de hecho, llevó su propio tractor de juguete a la movilización del día 20. Actualmente, comercializan con lo que se conoce como carne de ternera gallega suprema, de gran calidad, después de tener que dejar, eso sí, de dedicarse a la producción de leche.

«Ya sabes que en el campo no vas a ser rico, pero por lo menos que no salga de tu bolsillo y no tener pérdidas», reivindica. Más allá de la «burocracia», explica, que ya es un problema en si mismo, indica que «como no cojamos otro empleo a media jornada», como el que ya tiene su pareja, «es inasumible vivir sólo de esto». Una cuestión que, sobre todo, achaca a los intermediarios, que marcan el precio del producto, y a las administraciones, que no lo evitan.

Esta es una de las reclamaciones del sector. Las principales organizaciones —Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLG-CCLL), la Asociación Agraria de Galicia (ASAGA) y Unións Agrarias (UUAA)— han presentado una serie de demandas, como mantener el precio reducido del gasóleo o la remuneración de los daños ocasionados por la fauna salvaje, así como establecer precios justos, mediante mecanismos que hagan cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria.

A esta reclamación se suma la de racionalizar la burocracia de la legislación europea. 2023 fue el primer año de aplicación de la nueva Política Agrícola Común (PAC), que pasa de ser una política «basada en la descripción de los requisitos que deben cumplir los beneficiarios finales de las ayudas, a ser una política orientada a la consecución de resultados concretos», como cuidar del medio ambiente, fortalecer la economía de las zonas rurales y fomentar un sector competitivo. «La PAC se tramita todos los años en lo que se llama solicitud única», en la que se piden «muchas ayudas» de forma conjunta, «todas en base a la superficie y al número de animales», explica a este diario Ana Rodríguez (SLG), a la vez ganadera y experta en política agraria.

Asegura que «ni un ingeniero» es capaz de tramitarla y que se trata de un proceso muy «complejo»; y que, además, «aumentaron mucho los requisitos». Por ejemplo, las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM), que se deben cumplir para recibir la ayuda, incluían mantener terreno en barbecho, que ya se ha modificado; y preservar estables las superficies de pastos permanentes.

Una batería de normas que, en muchos casos, es difícil cumplir en Galicia, asegura Rodríguez, como «el de siega o el de las islas de estabilidad». Y también se cobra «menos», porque va en función de la superficie y «tenemos menos hectáreas». El sector, en consecuencia, demanda adaptar la legislación, porque «no se puede comparar Andalucía con Galicia», reflexiona P. B. De hecho, explica que sus compañeros de profesión no quieren dejar de cumplir la normativa, pero no pueden seguirle el ritmo: «Dicen que siguen así y que les multen, que no son capaces».

Además, el Plan Estratégico de la PAC incluye una serie de normas que también consideran «inasumibles», como el Decreto de Nutrición Sostenible de Suelos, relativa al uso de fertilizantes como el estiércol y la obligatoriedad de emplearlos con inyectores, de elevado coste —hasta los 70.000 euros— y de difícil transporte según la pendiente del terreno —que, en algunos casos, es motivo de excepción—.

Asimismo, apuntan a otras exigencias, como el Cuaderno Digital, donde se deben anotar los datos de la explotación, o la del veterinario de explotación. Y demandan que se modifiquen tratados de libre comercio como el Mercosur, priorizando la producción regional frente a terceros países. Al respecto ya se ha manifestado la Consellería do Medio Rural, que denunció la ausencia de «cláusulas espejo» en el tratado, y pidió al ministro del ramo, Luis Planas, que abogue por la moratoria de la legislación europea.

El rural está «muy regulado», expone Rodríguez; algo positivo, añade, pero «no pueden complicarlo tanto». P. B. lo ejemplifica relatando que, en su explotación, es ella la que se dedica «a todo el tema administrativo», «online», porque su madre «no da»; «si no lo puedes asumir tienes que delegar, y eso tiene un coste». El sector «sólo quiere» vivir «dignamente», reivindica. Con las tractoradas, afirma, «no queremos fastidiar, sólo que el Gobierno nos escuche».

Un contexto de presión que ha provocado la respuesta del Ministerio de Agricultura. Planas anunció el jueves su intención de llevar este lunes al Consejo de Ministros del ramo de la UE algunas de las peticiones del sector, como simplificar la burocracia, recogió Ep; y celebró que Bruselas anunciase la intención de flexibilizar los requisitos medioambientales.