El frenazo de Puigdemont a la negociación tensa a La Moncloa

El acuerdo con ERC ultimado el pasado 31 de octubre entre Sánchez y Pere Aragonès, que conversaron por teléfono por iniciativa del primero apenas horas después de la jura de la Constitución por parte de la Princesa Leonor, parecía allanar el camino. Pero al enviado de Sánchez a Barcelona, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se le congeló la sonrisa cuando tuvo que admitir el jueves, tras firmar el pacto con el líder de los republicanos, Oriol Junqueras -y mientras comparecía junto al primer secretario del PSC, Salvador Illa, para dar cuenta del mismo- que el acuerdo sobre la amnistía a los encausados por el 'procés' (la verdad clave de bóveda de la investidura de Sánchez) no se había alcanzado aún por las diferencias «con otras formaciones políticas». Se refería a Junts per Catalunya, pero el susto en el cuerpo le impedía incluso mencionar a los de Carles Puigdemont.

Bolaños era consciente en ese momento de que el registro de la proposición de ley sobre el olvido legal del golpe secesionista en 2017 no iba a ser posible ese mismo día, como se había especulado con fuerza, y tampoco el viernes. Y que tampoco la presidenta del Congreso, Francina Armengol, iba a poder fijar una fecha para la investidura, cuando se cumplía, en ese momento, un mes desde que el Rey designase candidato a Sánchez.

Desde entonces las cosas no han hecho sino empeorar. El número 3 del PSOE, Santos Cerdán, espera en Bruselas poder avanzar en la negociación, pero ni siquiera puede reunirse con Puigdemont y la cúpula de Junts, aunque está a apenas 300 metros de distancia física de ellos, en la capital comunitaria. Los más optimistas en el PSOE creen que las protestas antes sus sedes, y la participación en ellas de la cúpula de Vox, pueden acercar el acuerdo, pero nadie puede predecir si eso será suficiente para desbloquear los «detalles técnicos» sobre la amnistía que quedan por ultimar, según admiten fuentes socialistas.

Detalles que bien pueden tener nombres y apellidos, el de posibles amnistiables, entre ellos, curiosamente, estrechos colaboradores del expresidente catalán prófugo, como su abogado Gonzalo Boye, o como Josep Lluís Alay, el director de su oficina, acusado de malversación y prevaricación por los presuntos contactos del Govern en 2017 con el Gobierno ruso de Vladimir Putin. Y tampoco ayuda, explican, la acusación por terrorismo que el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, realizó este lunes contra Puigdemont, y que la Fiscalía va a recurrir.

«De momento, me quedo», ha asegurado fugazmente Cerdán este martes en Bruselas ante los medios. En Madrid, a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, se le escapaba en su rueda de prensa un «si es que sigue adelante la investidura». El frenazo de Puigdemont ha tensado los nervios en Moncloa y Ferraz. Sánchez contaba con llegar este fin de semana al congreso de los socialistas de la Unión Europea que se celebra en Málaga ya como presidente, sin el apellido de 'en funciones'. Algo que tendrá que esperar. Si es que llega.