Los forenses de los teléfonos móviles: una tecnología ya aplicada en los casos de Diana Quer, Wikileaks o Nummaria

Su labor es como la de un médico forense que encuentra el motivo de la 'muerte' del dispositivo y recorre a través de las evidencias que han quedado en él lo que se le hizo. Y, en esta labor, han colaborado en algunas de las investigaciones más importantes de los últimos años.

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En el caso de la desaparición y asesinato de la joven de 18 años Diana Quer, en La Puebla del Caramiñal (La Coruña), por el que José Enrique Abuín, 'El Chicle', fue condenado a prisión permanente revisable tras su confesión. El papel Lazarus Technology consistió en dar las recomendaciones sobre cómo debía tratarse el dispositivo de la joven, que fue hallado por un mariscador en Rianxo, después de haber estado sumergido.

Allí fue importante conservarlo en agua salada, mismo ambiente en el que estuvo desde su asesinato hasta el hallazgo. En aquella causa, el dispositivo móvil no fue resolutivo, pero las Fuerzas de Seguridad necesitaban dicho asesoramiento de expertos para conseguir extraer del terminal la información sobre los movimientos que tuvo.

En la causa abierta al despacho que asesoró fiscalmente a actores como Imanol Arias y Ana Duato, que se enfrentaban a 27 y 22 años de prisión –el primero ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía para evitar la prisión–, la empresa española tecnológica liderada por Manuel Huerta intervino realizando informes para el principal acusado, el asesor fiscal Fernando Peña.

El investigado trató de demostrar en la causa, que fue a juicio en octubre, que no se respetó la cadena de custodia en los registros y obtención de evidencias del ordenador del asesor fiscal. «No coincidían los hashes», afirma Huerta, en referencia al algoritmo utilizado para comprobar si el material que se llevaron las Fuerzas de Seguridad del despacho del acusado y el que se incorporó a la causa y, por tanto, se valoró en juicio, coincide.

Esa coincidencia, de cuya fiabilidad exigen pruebas acusados de esta y otras investigaciones (como el comisario jubilado José Manuel Villarejo en la macrocausa abierta contra él en la Audiencia Nacional) es la que buscan con sus procesos los expertos informáticos en la investigación forense de los dispositivos. Los defensores de Peña alegaron en su causa que había falta de fiabilidad en la obtención de pruebas contra él y que los archivos pudieron ser modificados. «El entorno forense tiene que ser muy protector de las evidencias», afirma Huerta en referencia a todas las causas judiciales.

En la histórica y famosa investigación a Julian Assange por la filtración de documentos clasificados de Estados Unidos, entre ellos algunos del Ejército sobre la guerra de Afganistán, un despacho español, ILOCAD, al frente del que se encuentra el exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, tuvo un papel paralelo por instar la investigación contra un empresario español, David Morales.

Los abogados españoles acusan al jerezano de espiar a Assange durante su asilo de siete años en la Embajada de Ecuador en Londres y vender las grabaciones al servicio de inteligencia de Estados Unidos (CIA). El papel de Lazarus en este caso, apoyando al despacho que ejerce la acusación en representación de los intereses de Assange, fue recuperar los mensajes del investigado a través de una herramienta de diccionario predictivo.