La Fiscalía de la Audiencia Nacional analiza si los 44 etarras condenados pueden ir en las candidaturas de Bildu
Estudia la denuncia de Dignidad y Justicia, que pide aclarar si cumplieron la pena de inhabilitación
Vox pide al Gobierno que ilegalice a Bildu por incluir etarras en sus listas electorales
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Las candidaturas de Bildu con 44 condenados por terrorismo (siete de ellos por delitos de sangre) para las municipales de País Vasco y Navarra están sobre la mesa de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Allí se analiza la denuncia de la asociación de víctimas de ETA Dignidad y Justicia, que pidió aclarar si los condenados por delitos de terrorismo han cumplido penas de inhabilitación para cargo público y sufragio pasivo o no lo han hecho y serían inelegibles según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg).
Fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional trasladaron este viernes a ABC que tras dar curso a la denuncia se encontraban practicando las "diligencias procedentes". Confirmaron que las averiguaciones lógicas consistirían en revisar las sentencias de los etarras para comprobar si las citadas inhabilitaciones se liquidaron. El asunto, añadieron, es prioritario.
Minutos después de la publicación de dicha información, una nota de dicha Fiscalía de la Audiencia Nacional puntualizaba que "recibida dicha denuncia y en aplicación de lo dispuesto en la Circular 2/2022, de 20 de diciembre, de la Fiscalía General del Estado sobre la actividad extraprocesal del Ministerio Fiscal en el ámbito de la investigación penal, se ha procedido a su registro y tras su análisis, se tomará la decisión que proceda respecto a la apertura o no de diligencias de investigación preprocesal". Será la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, al frente de la que se encuentra Jesús Alonso, quien se encargue de tal análisis.
Daniel Portero, hijo del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía asesinado por ETA en el año 2000, preside la asociación que presentó la denuncia. En ésta se afirmó que "esta asociación desconoce las liquidaciones practicadas respecto de cada uno de los candidatos condenados por terrorismo que pretenden concurrir a las próximas elecciones municipales y autonómicas. Cabe la posibilidad de que algunos de los mismos la tenga pendiente de cumplimiento y pueda concurrir una causa de inelegibilidad del artículo 6.2 Loreg, así como podría darse la comisión de un delito de quebrantamiento de condena".
No es la primera vez que la coalición de Arnaldo Otegi incluye en sus listas a condenados por terrorismo, pero las asociaciones de víctimas entienden como un desafío a Pedro Sánchez que esta vez haya hasta 44 sentenciados por pertenencia en las candidaturas y que algunos opten a cargos de responsabilidad puesto que sólo el Gobierno o la Fiscalía pueden instar a la ilegalización en aplicación de la Ley de Partidos. Ésta, en su artículo 9, contempla la ilegalización de las formaciones que vulneren los principios democráticos por, entre otros motivos, "incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales a personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas".
Agustín Muiños, número seis de Bildu en la lista para Legutiano (Álava), fue condenado a 29 años por el asesinato en 1983 del empresario de ocio nocturno José Julián Bayano en Vitoria; Begoña Uzkudun, número tres de la candidatura de Régil (Guipúzcoa), por colaboración en el asesinato en 1984 del secretario judicial José Larrañaga Arenas en Azcoitia; Juan Ramón Rojo, número 21 dde la lista de Irún, recibió condena por el asesinato del donostiarra de 27 años Francisco Gil Mendoza; Asier Uribarri, número cuatro de la lista de Maruri-Jatabe (Vizcaya), fue cómplice del asesinato del guardia civil José Manuel García Fernández en Ziérbana; José Antonio Torre y Lander Maruri, suplentes en listas, fueron condenados por colaboración para las muertes de Alberto Negro y Andrés Guerra, trabajadores de la central de Lemoiz (Vizcaya) y del guardia civil José Manuel García, respectivamente. Juan Carlos Arriaga, número tres para el ayuntamiento de Berrioplano (Navarra) es considerado delator para el asesinato en 1984 del empresario y militar retirado Jesús Alcocer en Pamplona.
Vox pide la ilegalización
Mientras la Fiscalía estudiaba la denuncia, Vox registraba una iniciativa en el Congreso para instar al Gobierno a ilegalizar Bildu. No es la pirmera vez que la formación de Abascal pide la salida de los vascos de las instituciones, pero esta vez lo hace aludiendo a la Ley de Partido y apoyándose en el proceso que se siguió en 2002 para ilegalizar a Batasuna.
Con esta propuesta, Vox quiere forzar una votación que "expulse de las instituciones al brazo político de ETA. No hacerlo sería una afrenta imperdonable, no solo a las víctimas directas, asesinados o familiares, sino a todos los españoles, víctimas indirectas de la trayectoria criminal de ETA", señala la formación, que e martes conocerá si la Mesa estudia la resolución, informa Emilio V. Escudero.
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