Los fiscales aplauden asumir las investigaciones penales pero con blindaje previo de su autonomía

Así se lo transmitirán hoy la Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la reunión a la que éste les ha convocado para ponerse manos a la obra (justo ahora, en consonancia con el movimiento de Bolaños) con la reforma del Estatuto que regula a la carrera.

Como informó ABC, el viernes García Ortiz adelantó a las tres asociaciones que su intención es crear un grupo de trabajo para abordar la modificación de ese texto, en principio para reforzar la autonomía del órgano que en cuestiones como formación o presupuesto depende del Ministerio de Justicia.

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En conversación con ABC, la presidenta de la mayoritaria Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, no oculta su sorpresa por «la rapidez con que Bolaños aborda la reanudación de los trabajos» precisamente en un momento de la legislatura «tan convulso», donde existe «tirantez» entre los principales partidos políticos y «es difícil pensar que pueda haber unas mayorías abrumadoras en favor de este anteproyecto». «Quizá el momento no es el más idóneo. Demasiada urgencia cuando además se habla de una 'vacatio legis' de seis años».

Dexeus recuerda que la Asociación de Fiscales siempre ha sido partidaria de que el fiscal asuma la investigación. «Profesionalmente estamos preparados para afrontar el reto –dice– porque el fiscal ya actúa en todas las partes del procedimiento, desde la instrucción hasta la ejecución y vigilancia penitenciaria«. En este sentido, la visión del fiscal es »completa«. Sin embargo, desde la AF considera que »en el momento actual, en el que existe una crisis de credibilidad en la institución, asumir la investigación penal se hace complicado. Hay que reforzar la imparcialidad del Ministerio Publico, la neutralidad de la institución y blindarla de toda injerencia del poder político, sea cual sea«, apunta. »Sólo de esa manera podemos asegurar que la ciudadanía entiende por qué es el fiscal el que debe investigar, como ocurre en los países de nuestro entorno«.

Para ello, y así se lo trasladarán hoy a García Ortiz, es necesario que la nueva regulación del Estatuto Fiscal garantice que el mandato del fiscal general no coincida con el del Gobierno ni que tenga que cesar cuando cese el Ejecutivo que lo nombró. También que las comunicaciones entre el Gobierno y el fiscal general sean públicas y figuren por escrito, y que el fiscal general del Estado no tenga que acudir a dar cuenta al Consejo de Ministros «como si fuera un miembro más del Ejecutivo». «Debe existir un sistema de contrapesos y balances en el seno de la institución» para contrarrestar el poder del fiscal general y un sistema fortalecido de oposición a las órdenes del superior jerárquico. «Es indispensable además que la independencia del Ministerio Público quede reflejada en la autonomía presupuestaria, de gestión y reglamentaria y que la formación de los fiscales la asuma la Fiscalía General desvaneciendo los vínculos existentes con el Ministerio de Justicia».

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) también está «completamente de acuerdo» con que el fiscal asuma la investigación, por lo que ve la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal «absolutamente necesaria». «No solo porque se hace así en todos los sitios sino porque creemos que el modelo adecuado« para dar cumplimiento a la función judicial de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y preservar y garantizar los derechos de los ciudadanos», comenta a ABC su presidente, Jesús Arteaga. Para la UPF sí es el momento de abordar el cambio («de hecho ya había que haberlo hecho»), pero se muestra escéptico con que tenga suficientes apoyos. «En este momento concreto hay una dificultad –reconoce– porque sería muy importante que hubiera consenso entre las principales fuerzas políticos y ahora parece difícil».

No duda Arteaga de la preparación de los fiscales para asumir este reto, que tendría que pasar «desde luego» por incrementar la plantilla. Ahora hay más de mil jueces encargados de la instrucción en España. «Haría falta un número cercano de fiscales», explica. De la misma forma «en los juzgados de instrucción hay funcionarios que tendrían que pasar a colaborar con el fiscal». La UPF aboga por una colaboración con la Policía «más cercana». Además la Policía Judicial trabajaría ahora con los fiscales y «sería deseable» prohibir la remoción de quien esté llevando investigaciones «sensibles o especializadas». Apuesta por reforzar la autonomía de los fiscales a nivel individual, la del fiscal general y «por supuesto, la autonomía presupuestaria».

Desde la APIF, su presidente, Miguel Pallarés, asegura que es necesario un nuevo Estatuto «que dote de independencia al Ministerio Fiscal y a sus miembros». «Cualquier momento es bueno si se camina en esa dirección», dice. Pallarés, cuya asociación ha recurrido el nombramiento del fiscal general tras ser acusado por el Supremo de «desviación de poder», ve a los fiscales «perfectamente cualificados» para esta nueva labor, aunque entiende la desconfianza de la ciudadanía hacia la institución. De ahí que la reforma del Estatuto sea tan necesaria.