Un error judicial deja en la calle a la mujer, cuñada y socio del inspector jefe de la UDEF

El magistrado, según admite él mismo, no supo interpretar un auto de la Sala Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, que recoge una reciente sentencia del Tribunal Constitucional según la cual, aun en el caso de que esté decretado el secreto de sumario, y si el abogado del detenido lo pide, hay que facilitarle el acceso a los elementos esenciales de la causa para poder oponerse a una medida como es la prisión provisional.

Las fuentes consultadas por ABC explican que tras la salida de Torán, ordenada por la Sala, todas las defensas vieron una oportunidad para pedir la libertad de sus clientes, por lo que estos días se están produciendo múltiples vistas de los recursos presentados. En el caso de Noelia Ruiz, por ejemplo, sí se ha acordado su puesta en libertad, pero no sucede lo mismo con otros implicados, como Eduardo Montero Salgado, al que se acusa de «las diferentes operativas de blanqueo de capitales analizadas a lo largo de la presente investigación (principalmente la adquisición de su vivienda habitual a través de una sociedad puramente instrumental, Yabel Publicity), sus vínculos personales y económicos con los restantes dirigentes de la organización criminal (Ignacio Torán y Juan Ángel Cervera), así como su participación directa en la operativa de tráfico de cocaína a gran escala».

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¿Pero cuál es el error que comete el instructor? Es el propio juez De Jorge quien lo explica en sus autos: «Conviene reconocer -afirma- que este instructor no entendió realmente lo resuelto por la Sala en el auto de 17 de enero de 2025 en el que se acordaba la nulidad del auto de prisión (de Ignacio Torán) pero se mandaba dictar un nuevo auto».

«Justamente el contenido de este nuevo auto y la secuencia de acontecimientos que la Sección 3ª consideraba la adecuada -escribe el magistrado- no fue bien comprendida por este instructor (es forzoso reconocerlo). En el auto 116/2025 la Sala acordó: 'Se estima en parte el recurso de apelación interpuesto (...) en nombre y representación de D. Ignacio Torán Delgado, contra el auto de fecha 17 de enero de 2025, dictado por el Juzgado Central de Instrucción n.º 1, y se declara la nulidad de dicha resolución a fin de que por el juzgado se dicte otra que, conteniendo una motivación relativa al acceso interesado a los elementos de las actuaciones, decida sobre la solicitud de libertad planteada por dicha parte'».

«Lo que este instructor no entendió era que cuando se mandaba dictar otra resolución que 'conteniendo una motivación relativa al acceso interesado a los elementos de las actuaciones, decida sobre la solicitud de libertad planteada por dicha parte', lo que se estaba ordenando no era dictar un nuevo auto que contuviese ambos pronunciamientos, sino primero una resolución decidiendo cuáles eran los elementos esenciales del procedimiento y acordando dar vista de ellos (no un resumen de los mismos) a la defensa de Ignacio Torán; y después, dar un trámite de alegaciones a la defensa para presentar una nueva solicitud de libertad después de haber estudiado directamente tales elementos esenciales (no resúmenes o referencias); y por último dictar un nuevo auto pronunciándose sobre esas nuevas alegaciones».

«Este instructor -insiste el juez De Jorge- no entendió que la clave estaba justamente en la secuencia de actuaciones que la Sección Tercera había resuelto que se siguiese, aplicando una novedosa interpretación de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Novedosa en el sentido que suponía un profundo cambio en la forma de proceder habitual en los juzgados centrales de instrucción, en los que habitualmente se partía de la base de que resúmenes detallados de lo acontecido en el procedimiento, contenidos en la información de imputaciones y en el auto de prisión era suficiente para entender cumplido el derecho al conocimiento de los materiales del procedimiento, cuando este está declarado secreto y se investiga a potentes y extensas organizaciones criminales».

¿Por qué entonces, después de ese auto de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional no han quedado todos en libertad? La clave la vuelve a aportar el juez De Jorge en su auto en el que deniega la libertad de Eduardo Montero Salgado: «Se ha ejercitado el derecho al acceso reclamando vista de las actuaciones únicamente el 2 de abril (después del auto de la Sala), no antes. Cuando se ha reclamado el acceso, hacía más de un mes que se había alzado el secreto en buena parte del procedimiento».

Además de la mujer y cuñada del inspector jefe, se han aprovechado de este auto, al menos, Almudena Sánchez, secretaria de Torán; Carlos Javier Cano, testaferro; y Katherine Sarmiento, mula.