Los entes públicos de la memoria democrática cuestan cada año cinco millones en sueldos

A la par que ocurre esto, el Gobierno de Pedro Sánchez incumple su propio presupuesto de la memoria democrática y achica los fondos prometidos para exhumaciones. Eso pese a la insistencia con la que su Gobierno de PSOE y Unidas Podemos presume de abanderar la apuesta por las políticas de memoria. Pero, como en otras proclamas de la Presidencia, la realidad demuestra que entre lo dicho y lo hecho hay una enorme distancia.

Poco después de la moción de censura con la que se instaló en La Moncloa en 2018, Sánchez cifró en 15 millones de euros el presupuesto anual necesario para las políticas derivadas de la ley de Memoria. Aquellas cuentas diseñadas para 2019 no salieron adelante, se quedaron en conato. En 2021 llegaron los primeros Presupuestos del Estado aprobados por el Gobierno de Sánchez –hasta entonces se aferró a la prórroga de las cuentas de Rajoy–, y la partida para las políticas de memoria democrática se rebajaron a 11,2 millones de euros en vez de los 15 que defendía tres años antes. Además, de ese presupuesto consignado el año pasado, dejó sin ejecutar 4,3 millones de euros, el 38%. En la práctica ha sido un recorte sobre lo prometido. Entre los damnificados se cuentan las asociaciones memorialistas que, entre otras acciones, trabajan en la localización, exhumación e identificación de víctimas desaparecidas durante la Guerra Civil y la represión franquista. El Gobierno no concedió ni uno de los 895.000 euros que había reservado para subvencionar a esas asociaciones.

Este año, de momento, el panorama no pinta mejor. Según los datos oficiales del propio Gobierno, hasta el 30 de junio había ejecutado una ínfima parte de los 11,8 millones consignados para la memoria democrática en los Presupuestos del Estado. En el ecuador del año, el Ejecutivo de Sánchez solo había hecho efectivos el 14% de esos fondos.

La Moncloa cuenta con una oficina específica dedicada a gestionar ese presupuesto de las políticas de memoria. Y una significativa porción se va en su gasto estructural: este año se prevé que cueste 1,12 millones de euros en sueldos y otros 2,8 millones en gasto corriente. Otros 6,6 millones los tiene consignados para subvencionar a otras entidades, en gran parte administraciones públicas. Así que, al final, la gestión de este dinero acaba duplicando estructuras de gestión: en vez de invertirlo directamente el Ejecutivo central, buena parte de esas subvenciones aterrizan en los gobiernos autonómicos como intermediarios, y la mayoría han creado sus propias oficinas para las políticas de memoria.

Once de los diecisiete gobiernos autonómicos cuentan con organismos dedicados específicamente a esos efectos. La que más entramado tiene montado al efecto es la Generalitat de Cataluña. También es la que más gasta en ello. Desde hace años cuenta con tres entes: dos consorcios, el Memorial Espacios de la Batalla del Ebro y el Museo Memorial del Exilio, y un ente de derecho público, el Memorial Democràtic. A ellos se añaden los servicios administrativos de la propia Generalitat que entienden de parte de la gestión burocrática de los fondos que recalan en esos tres entes. Entre los tres prevén gastarse este año 1,44 millones de euros en sueldos y 1,11 millones en gasto corriente, el ordinario de funcionamiento.

La segunda autonomía que más gasta en burocracia ligada a la memoria democrática es el País Vasco. El Gobierno de Urkullu cuenta para ello con el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, que este año tiene consignado un presupuesto de 809.384 euros para sueldos y 736.132 euros para gasto corriente.

La tercera plaza de este particular ranking autonómico la ocupa la Generalitat Valenciana que preside el socialista Ximo Puig: su programa presupuestario de memoria democrática incluye este año una partida de 605.390 euros para sueldos y 1,22 millones para gasto corriente de funcionamiento.

La Junta de Andalucía que preside el popular Juanma Moreno cuenta también con un presupuesto específico para las políticas de memoria, que este año incluyen 339.129 euros para sueldos y 411.000 para gasto corriente.

En Baleares, el Ejecutivo que la socialista Francina Armengol comparte con Unidas Podemos y Mès, tiene una dirección general exclusivamente para la memoria democrática. La lidera Marc Herrera, de Podemos. Durante el presente año, esta dirección general prevé gastarse en sueldos 211.948 euros y otros 83.000 en gasto corriente. En Baleares se da una circunstancia especialmente curiosa: las políticas de la memoria democrática, y por ende su dirección general, están incrustadas en la Consejería de Transición Energética y Sectores Productivos que administra el vicepresidente autonómico Juan Pedro Yllanes, también de Podemos.

Navarra es otra de las autonomías cuyo gobierno ha creado un organismo específico para esta materia, el Instituto Navarro de la Memoria. Para administrar estos asuntos prevé gastarse este año 216.000 euros en sueldos.

El Principado de Asturias cuenta igualmente con su propio instituto regional de la memoria democrática. Este año maneja un presupuesto de 54.000 euros para sueldos y otros 50.000 para gasto corriente.

Los gobiernos de Canarias y La Rioja también cuentan con organismos específicos: en el archipiélago, la Comisión Técnica de Memoria Histórica; y el Gobierno riojano de la socialista Concha Andreu dispone del Observatorio de Derechos Humanos de La Rioja.

Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia y Madrid son las únicas autonomías que no cuentan con entes públicos u oficinas administrativas dedicadas a la memoria democrática. En los casos en los que administran fondos de esa índole, los gestionan desde servicios administrativos generales. En el caso de Aragón, por ejemplo, desde la Dirección General de Patrimonio Cultural.