Eduardo de Urbano, nuevo abogado de la exconsejera imputada por la dana: un juez al que la izquierda desprecia

Consciente de lo que una imputación significa, la política popular ha dejado su defensa en manos de Eduardo de Urbano, un magistrado experto en derecho penal con una dilatada trayectoria en este campo, tanto que se jubiló el año pasado después de 32 años de ejercicio en la judicatura. Ya llevaba tres en excedencia, pues en 2021 fichó por una nueva firma de abogados (Kepler Karst) para dirigir su nuevo Departamento de Penal y Económico. Es su especialidad. Su libro 'Derecho penal económico: 101 casos resueltos por el Tribunal Supremo' es buen ejemplo de ello. No en vano estuvo más de una década (desde 1999) en el Gabinete Técnico del TS.

De perfil conservador y firmes creencias religiosas, De Urbano es uno de esos jueces que no han pasado desapercibidos en su trayectoria profesional, pues ha sido blanco de críticas por parte de la izquierda por su participación en sentencias y autos que no han beneficiado precisamente a ese espectro político. Bien es verdad que en esas decisiones «mediáticas» participaron otros dos magistrados (pues las tomaba un tribunal) y que se adoptaron por unanimidad, pero es su perfil significado el que le ha colocado en una situación más expuesta que a sus compañeros, pues, a diferencia de estos, ha opinado públicamente sobre cuestiones como la ley de seguridad ciudadana y tampoco ha ocultado que es partidario de que la Fiscalía actúe contra las «descalificaciones» a los jueces. De eso algo sabe por las críticas recibidas.

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Una de sus más recientes sentencias «mediáticas» fue la condena a la dirigente de Podemos Isa Serra en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en 2020. El juez ya estaba adscrito a la Audiencia Provincial de Madrid, destino en el que estuvo de 2013 hasta su jubilación, pero formó parte de la sala del TSJM que juzgó a a Serra porque los magistrados de lo Civil y Penal habían intervenido resolviendo cuestiones previas y fue necesario acudir al mecanismo legal de sustituciones profesionales.

La dirigente de Unidas Podemos y diputada en la Asamblea de Madrid fue condenada a 19 meses de prisión por atentado contra agentes de la Policía -dos de ellos resultaron lesionados-, y un delito de daños. Además, tuvo que pagar una indemnización de 7.230 euros. En los hechos probados de la sentencia, luego ratificada por el Supremo, se deja constancia de cómo en el transcurso de un desahucio, la diputada se encaró con una agente municipal diciéndole: «Eres cocainómana, mala madre, hija de puta, con todo lo que hemos luchado las mujeres contigo se pierde todo». Con otra agente tampoco se quedó corta: «Hija de puta, puta, zorra, que te follas a todos los policías municipales, si fuera tu hijo tendría que cogerte un arma y pegarte un tiro». A esto se sumó el lanzamiento de objetos contundentes. Para De Urbano, y los otros dos magistrados hubo el «acometimiento [a la Policía] y la intimidación grave» fueron palmarios». A su formación, sin embargo, no le pareció una condena justa.

La segunda y una de las últimas decisiones («polémica» para la izquierda) en las que participó De Urbano fue en la desestimación del recurso de la Fiscalía, la Asociación Ciudadana Progresista 'Progresa', PSOE, Podemos, Izquierda Unida y la coalición electoral Unidas Podemos contra el archivo del caso del «cartel de los menas».

Con motivo de las elecciones en Madrid en 2021, Vox contrapuso las fotografías de un menor no acompañado y la de una anciana con el mensaje: «Un Mena 4.700 euros al mes; tu abuela 426 euros de pensión». En la resolución de la que el hoy letrado fue ponente, se ratificó la decisión de archivo enmarcando el asunto en la contienda electoral. «Con independencia de si las cifras que se ofrecen son o no veraces, representan un evidente problema social y político, incluso con consecuencias o efectos en nuestras relaciones internacionales, como resulta notorio», señaló.