Dos etarras de Bildu que ganaron el acta el 28M tienen responsabilidades civiles pendientes

Así lo revela una diligencia de la sección de Ejecutorias de la Audiencia Nacional a la que tuvo acceso ABC. Se trata de un análisis sobre las responsabilidades civiles pendientes de una lista de 21 etarras a los que la asociación de víctimas Dignidad y Justicia señaló como integrantes de las listas de EH Bildu en la última convocatoria electoral.

Pedía a los juzgados centrales que analizasen este asunto, tras descubrir con una denuncia similar que había una etarra en las listas de Bildu que resultó estar inhabilitada por sentencia firme sin que la Fiscalía lo hubiese apuntado tras revisar la hoja penal de los candidatos.

La relación ofrece sólo la existencia o no de esas responsabilidades civiles y sólo concreta que están «activas», es decir, no especifica si han prescrito (y puede no haberse determinado si no se ha acometido su revisión, lo que ocurre con relativa frecuencia) o si están siendo pagadas aún a día de hoy, por ejemplo.

Uno de los nombres que figura es el de Gorka Betolaza, que iba de número 3 de la coalición abertzale en el municipio de Barrundia (Álava), donde EH Bildu obtuvo cinco asientos. Su responsabilidad civil lo es por sentencia firme del año 2010. Fue condenado por delitos de transporte de sustancias incendiarias y daños con fines terroristas.

El segundo que habría accedido a una corporación municipal -los ayuntamientos se conformaron el 17 de junio- es Iker Isiegas, el cinco de Bildu por Basaburua, en Navarra, donde la formación obtuvo un total de siete concejales. En su caso, la sentencia lo es de 2005 y por tenencia o depósito de explosivos.

El tercer candidato a concejal por Bildu con responsabilidades civiles activas es Juan Carlos Arriaga Martínez, que fue elegido como concejal de Berrioplano, en Navarra, pero renunció a tomar posesión del acta porque tenía delitos de sangre en su haber, la misma condena firme por asesinato que figura en el listado. Había sido no obstante concejal ya en 2015.

Figuran asimismo en el listado José Ángel Biguri por un atentado sentenciado en 1991. Iba de suplente en las listas a la localidad alavesa de Ayala y no resultó electo. La quinta integrante de Bildu que tendría responsabilidades civiles activas es Miren Aranzazu Carrera y fue en su día candidata por Amezteka (Guipúzcoa), no así en las elecciones del 28M. Tiene tres responsabilidades civiles pendientes por tres condenas firmes: asesinato, secuestro y robo.

En la resolución, el Servicio Común de Ejecutorias de la Audiencia Nacional ordena llevar copia de la reclamación de Dignidad y Justicia a los expedientes en los que «se ha podido constatar la existencia de responsabilidad civil a fin de constatar el estado de su ejecución y proveer en consecuencia», así como enviar lo actuado al presidente de la Sala de lo Penal, pues todos los casos dependen de los Juzgados Centrales.

Asimismo, da cuenta a la Abogacía del Estado como representante del Ministerio del Interior, que es el organismo que adelanta las indemnizaciones a las víctimas en los casos de terrorismo y que, habitualmente, las asume íntegras. Lo habitual es que los etarras se acaben declarando insolventes y no abonen las responsabilidades civiles a las que son condenados.

En este sentido da traslado al propio ministerio, solicitando que remita la lista de los procedimientos de recaudación abiertos en vía administrativa para reclamar la responsabilidad civil abonada por el Estado a esos cinco condenados que arroja el listado. Se envía igual a la Fiscalía, para lo que a su derecho convenga, y a la Oficina de Víctimas del Terrorismo, a la que se emplaza a enviar la relación de las condenas de las que tenga constancia sobre los 21 etarras que aparecen en el listado.

Según los datos del Ministerio del Interior actualizados a mayo de 2021 y recogidos en un manual sobre avances y carencias en la protección de las víctimas del terrorismo -de la jurista experta en la materia Carmen Ladrón de Guevara-, constaban a esa fecha 805 expedientes de apremio para el cobro de esas indemnizaciones y sólo 8 de ellos eran deudas saldadas. Hasta 344 habían prescrito y 387 estaban en vía ejecutiva, es decir, en manos de la Agencia Tributaria.

En cuanto al dinero, al cierre de 2020, una decena de etarras debía todavía a las familias de sus víctimas más de un millón de euros, sumando las cuantías a las que fueron condenados en sentencia firme y que rebasan el tope de responsabilidad civil que cubre en estos casos el Estado. Se trata de crímenes antiguos, algunos de hace más de 20 años, cuyos autores seguían sin haber cumplido esta parte de la pena, como publicó este diario con datos de la Asociación Víctimas del Terrorismo.