El doble juego del Gobierno con el 'lawfare': de la campaña contra los jueces a la «defensa» de Bolaños

En su ronda de encuentros con los portavoces de las asociaciones judiciales (en su condición de ministro de Justicia se está reuniendo en estas semanas con distintos colectivos que integran la Administración de Justicia), Bolaños reiteró «la voluntad del Gobierno de defender la independencia e integridad de la Justicia, así como la labor de juezas, jueces, magistradas y magistrados frente a cualquier cuestionamiento», en palabras textuales del comunicado que envió el Ministerio. Fuentes del Gobierno han salido esta mañana al paso de las declaraciones de Ribera asegurando que «defenderá a los jueces y magistrados de nuestro país de cualquier injerencia en su trabajo, también de los intentos de hacerlo del PP».

Bolaños ya asumió este compromiso -días después de las palabras de Nogueras- ante el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, quien previamente había cancelado su encuentro con el ministro por el malestar en la carrera judicial habían provocado las ofensas de la portavoz de Junts, que llegó a calificar de indecentes a varios magistrados del Tribunal Supremo.

El miércoles lo reiteró con la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, y ayer hizo lo propio con los portavoces de las otras tres asociaciones: el portavoz nacional de Francisco de Vitoria (la segunda en número de afiliados), Sergio Oliva; la presidenta de la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia, Ascensión Martín, y el presidente de la Asociación Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo.

Ante ellos el ministro expresó su preocupación por la situación derivada del bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, así como la necesidad de resolverlo con la mayor urgencia, a fin de dar solución a los inconvenientes que está ocasionando al funcionamiento de la Justicia y, por extensión, al conjunto de la ciudadanía. Bolaños se refirió además a la voluntad de diálogo y cooperación y vocación de escucha como herramientas fundamentales para «abordar el impulso reformista de la Justicia, una de las prioridades de legislatura».

El juez García-Castellón, al que ha aludido Teresa Ribera, es uno de los magistrados que están en la diana del Gobierno y del independentismo desde hace ya semanas, como demuestra el hecho de que haya tenido que pedir amparo al CGPJ al apreciar un intento de perturbación de su independencia. De hecho, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó por mayoría el pasado noviembre admitir a trámite la solicitud de amparo formulada por el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, en relación con las declaraciones realizadas por varios responsables políticos a raíz precisamente del auto en el que acordó la continuación de la tramitación de las diligencias previas en las que se investigan las actividades de Tsunami Democràtic.

En su solicitud de amparo el magistrado se refería en concreto a unas manifestaciones de quien entonces seguía siendo secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, en una emisora de radio; y a otras de la portavoz del Govern de la Generalitat de Cataluña, Patricia Plaja, en una rueda de prensa. El primero, número dos de Llop, acusó al magistrado de “influir” en las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez al señalar a los líderes catalanes Carles Puigdemont y Marta Rovira en la causa de Tsunami en un momento clave de las conversaciones.

“Yo no tengo ni idea de si tiene una razón o no, pero qué casualidad que tiene que ser en este día, oye. Mira que podía haber sido un año y medio antes o un año y medio después, pues no. Tiene que ser justo en medio de las negociaciones. Si eso no es influir, que venga Dios y lo vea...”, comentó en una entrevista a Radio Popular-Herri Irratia.

Respecto a Plaja, ésta acusó directamente al juez de prevaricar por el momento en el que dictó ese auto. "Aquellos a quienes toca impartir justicia, algunos, no todos, buscan no sólo condicionar negociaciones, sino castigarlas, prevaricando".