El Congreso gastó 2,4 millones en lenguas cooficiales en su fase preliminar

Esa fue la primera piedra de la legislatura, con la amnistía a los encausados por el 'procés' como clave de bóveda, y fue el primer cambio de opinión de los socialistas junto a las comisiones de investigación también exigidas por el separatismo sobre los atentados del 17-A, el caso Pegasus y la operación Cataluña. El PSOE, junto a Sumar, se garantizó el control de la Mesa del Congreso y dirigió los ritmos hasta que se cerró el acuerdo para impulsar la ley que pretendía facilitar el regreso del prófugo Carles Puigdemont -el Tribunal Supremo no cree que se pueda aplicar a la malversación- y de la que Pedro Sánchez renegó en la campaña electoral porque la consideraba inconstitucional.

Al lado de la amnistía, la torre de Babel erigida en el Congreso, donde reside la representación de la soberanía nacional, quedó en un segundo plano. El PP y Vox protestaron airadamente contra la imposición de auriculares para la interpretación al español de los idiomas cooficiales, catalán, euskera y gallego, pero estas han terminado normalizándose con su uso, a pesar de que el castellano es la única lengua oficial en todo el país y según el artículo 3 de la Constitución todos los españoles tienen «el deber de conocerla y el derecho a usarla».

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Pues bien, la reivindicación nacionalista de poder expresarse en sus respectivas lenguas cooficiales en el Congreso, aunque solo se hablen en sus comunidades autónomas, le costó a las arcas públicas 2.389.916,36 euros desde septiembre del 2023, cuando se empezaron a emplear servicios de traducción e interpretación antes de tener aval reglamentario, hasta enero de este año, mes en el que entraron en vigor los cuatro contratos adjudicados mediante concurso público.

El Congreso ha publicado por fin en su portal de transparencia el importe de los contratos menores en el último trimestre del 2024. Entre las partidas destinadas a la interpretación y a la traducción, la Cámara Baja desembolsó un total de 188.418,39 euros solo en ese periodo. Sumándole el último trimestre del 2023 y los tres anteriores del año pasado, solo en contratos menores -los destinados, en el caso de los servicios, a cantidades menores a los 15.000 euros- alcanzan los 756.416,37 euros.

La contratación menor se puede adjudicar directamente, sin necesidad de convocar un concurso público, y el Congreso, para poder garantizar el uso de las lenguas cooficiales desde el inicio, optó por acudir a ella para contentar a los independentistas. Como publicó ABC, hasta la adjudicación definitiva de los servicios de traducción, interpretación, transcripción y subtitulado, se aprobaron o convalidaron un total de 476 contratos menores por 1.104.569 euros. Ese era el gasto máximo previsto, pendiente de las horas de trabajo de los intérpretes, que finalmente se ha quedado en esos 756.416,37 euros. Este diario no ha incluido en esos cálculos las cifras de la transcripción (23.268,77 euros desde el último trimestre del 2023) porque no viene desglosada por idioma y es imposible separar los discursos en castellano.

A esos más de 750.000 euros en contratación menor hay que incluir también el destino de 1.663.500 euros en las obras realizadas, entre otras, en las salas Constitucional, Cánovas y Sagasta para adaptarlas y que permitan sistemas de interpretación simultánea. Sumadas ambas cantidades, rozan los 2,4 millones de euros. El Congreso terminó adjudicando en noviembre del 2024, más de un año después de la llegada de las lenguas cooficiales a la institución, cuatro contratos separados para la interpretación, la traducción, la transcripción y el subtitulado de las intervenciones en catalán, euskera y gallego. En total, y como máximo en base a las horas de trabajo de los intérpretes, la Cámara Baja destinará 3.990.315,14 euros al año hasta el 2027.

A esto hay que añadir los cerca de 60.000 euros anuales que cobrará el responsable de la Unidad de Coordinación de la Tramitación de Lenguas Cooficiales, un puesto de nueva creación aprobado el 25 de febrero en la Mesa del Congreso con el voto en contra del PP. Por esa labor de coordinación ya se le pagaron en el último trimestre del 2024 9.982,5 euros a Asociación de Traductores e Intérpretes SL. El puesto depende de la Secretaría General de la Cámara Baja.