Perdonan la hipoteca pendiente a una mujer tras perder su casa y la de sus padres: «Fueron años muy duros»
El Juzgado Mercantil de Valencia la exonera de una deuda de 186.868 euros después de que ambos pisos fueran ejecutados y subastados
A juicio un guardia civil acusado de dar información confidencial a una banda de traficantes

El Juzgado Mercantil número 2 de Valencia ha perdonado una deuda de 186.868,28 euros a una mujer inmersa en una situación de insolvencia a causa de la crisis de 2008, cuya vivienda fue ejecutada y subastada tras no poder hacer frente a su hipoteca. No obstante, una parte de la deuda quedó pendiente de abonar, hasta ahora que el juez le ha exonerado del citado pasivo insatisfecho.
En cuanto a los hechos, cabe remontarse al año al 2006, cuando tras su separación, y con una hija a su cargo, la mujer decidió comprar una vivienda junto a su hermana, la hipoteca de la cual avalaron sus padres con su propio piso. Para dicha adquisición, solicitaron una hipoteca que rondaba los 285.000 euros. En este sentido, recuerda: «Tanto yo como mi hermana estábamos con nuestros respectivos hijos en casa de nuestros padres y decimos comprar una vivienda para los cuatro. De hecho, en el banco nos dijeron que la pensión de mis padres era suficiente como aval, pero cuando fuimos a firmar nos señalaron que había que hipotecar su vivienda, a lo cual ellos accedieron».
Con una deuda de ese calibre, y sumergidas en las consecuencias que originó la crisis inmobiliaria de 2008, la mujer y su hermana se vieron en la imposibilidad de hacer frente al pago de la hipoteca, ya que ella había trabajado toda su vida en el sector de la limpieza y su sueldo no era elevado. «Hay que tener en cuenta que mi hermana, al quedarse sin trabajo, volvió a casa de nuestros padres y me quedé yo sola al frente de toda la hipoteca. Además, debido a los intereses elevados, de la noche a la mañana pase de pagar 600 euros al mes a una cuota mensual de 1.200 euros, algo que era imposible de pagar, ya que era toda mi nómina. Eso derivó en un auténtico drama», expresa.
Debido al incumplimiento del pago de dicha deuda, la citada vivienda, del mismo modo que la de los padres, fue subastada en el año 2010, obligando a la toda la familia a buscar un nuevo lugar donde vivir. No obstante, la mujer explicar que pese a que había firmado la hipoteca, nunca le llegó ninguna notificación. «Todas llegaron a casa de mis padres y no fue hasta al cabo de un tiempo que un hermano mío me aviso que estaban llegando allí. Dada la situación, entregamos las llaves en el mismo juzgado», confirma. A pesar de ello, como ambas propiedades fueron subastadas y adjudicadas por un precio muy inferior a su valor, el monto total de la deuda no pudo cubrirse, por lo que quedó un resto, también conocido como «cola hipotecaria», de más de 100.000 euros pendientes de abonar.
En cuanto le fue posible, en 2022 la mujer adquirió una nueva propiedad, esta vez de manera individual, dentro de las posibilidades que su economía le permitía y, por lo cual, tuvo que pedir una nueva hipoteca. «De hecho, yo y mi hija vivíamos de alquiler y el propietario del piso me comunicó su intención de venderlo. Valoré la situación y como el precio era asequible decidí comprarlo. Es más, hice las consultas pertinentes y en ningún lado aparecía que estaba en listados de ficheros de morosidad. Fue al poco tiempo de firmar la nueva hipoteca cuando me dijeron que aún debía dinero del piso anterior, mientras que yo pensaba que todo había quedado liquidado con las dos viviendas entregadas».
Por su parte, la abogada que ha llevado el caso y socia fundadora de Bergadà Abogados, Marta Bergadà, explica que «lo sucedido en este caso fue lo que les pasó a muchas familias por la crisis de 2008, ya que firmaron altas hipotecas para la adquisición de viviendas y al no poder hacer frente a ellas, los bancos ejecutaron judicialmente esos bienes, sacándolos a subasta por precios inferiores a la mitad y además de quedarse, los deudores, sin las propiedades, se quedaron con deudas imposibles de cubrir. Esto fue un auténtico drama que a día de hoy todavía se sigue arrastrando».
Depresión y acoso laboral
Dada la situación, tuvo que recurrir en alguna ocasión a créditos para poder llegar a final de mes, debido a la dificultad que tenía para hacer frente al pago de sus gastos esenciales. Asimismo, su salud también se vio resentida, porque además de ansiedad sufrió depresión. Añadido a ello, el hecho de quedarse sin trabajo, «después de hacerme mobbing -acoso laboral-», le impidió seguir haciendo frente al pago de sus deudas, ya que la prestación que recibía era de poco más de 900 euros, cantidad que escasamente le alcanzaba para pagar los gastos destinados a su sustento. Además, por su edad le fue difícil encontrar un nuevo empleo.
Fue gracias a su hija y a su yerno cuando la situación empezó a cambiar. «Ellos siempre han estado involucrados en plataformas antidesahucios y un día me hablaron de la Ley de la Segunda Oportunidad, pero en un principio no creía en ella. Además, con 60 años, y debido a lo que estaba pasando, cuando me hablan de leyes me quedaba bloqueada», comenta la mujer, a la cual le denegaron un abogado de oficio.
«En la primera reunión la mujer estaba en una situación límite, triste y angustiada. Pero nos dimos cuenta que se trataba de una deudora de buena fe, ya que toda su situación de insolvencia se había originada por circunstancias ajenas a su voluntad», argumenta su abogada.
Así, rápidamente se inició todo el procedimiento, el cual se alargó durante más de un año. «Fue un periodo de tiempo estresante. Durante el verano pasado empecé a sufrir las constantes llamadas de entidades bancarias, todos los días, a cualquier hora y desde infinidad de números de teléfono distintos. Incluso eran amenazantes, algo que agravaba todavía más mi situación», señala la mujer.
No obstante, todo cambió cuando el titular del Juzgado Mercantil número 2 de Valencia emitió el correspondiente auto mediante el cual le perdonaba una deuda de 186.868,28 euros gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad, exonerándola así del pasivo insatisfecho: «Cuando y me lo dijeron empecé a llorar por la ilusión y todo lo que había vivido hasta ese momento, porque han sido años muy duros. Ahora podré ayudar a mi hija cuando lo necesite, ya que por fin se ha terminado un auténtico calvario. Voy a poder estar tranquila y ahora veo el futuro con mucha más tranquilidad», concluye.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete