Page blindó como «obligación» enviar agua del Tajo a Portugal mientras la niega a los trasvases al Segura

José Luis Fernández

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03/05/2024
Actualizado 06/05/2024 a las 13:28h.

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Las alegaciones presentadas en un frente común pro-trasvase Tajo-Segura por las cuatro regiones -Madrid, Valencia, Murcia y Andalucía- han revelado el doble rasero del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para el reparto del agua: mientras que dejar que discurra hasta Portugal lo asume como una obligación, en cambio, enviar caudales a los regantes españoles no es prioritario, más bien, quiere cerrarles el grifo.

En el Consejo Nacional del Agua, hace un año y medio se blindó de alguna manera todavía más ese flujo hídrico hacia el país vecino, que siempre ha estado garantizado, con la presión castellano-manchega para al mismo tiempo exigir caudales ecológicos más elevados en el Tajo que obligaran en el horizonte de 2027 a mermar a la mitad los trasvases. Es más, hace pocas semanas, Page incluso ha apremiado al Gobierno para que los empiece a aplicar ya.

«Es significativo que para el PHT [Plan Hidrológico del Tajo] las prescripciones fijadas por el convenio de Albufeira son obligaciones, mientras que las derivadas de las leyes del trasvase son envíos, con evidente diferencia de tratamiento, indicio de una desviación de poder constitutiva de infracción del ordenamiento y el principio de jerarquía normativa», señala el documento de alegaciones de los Ejecutivos autonómicos liderados por Isabel Díaz Ayuso, Carlos Mazón, Fernando López Miras y Juan Manuel Moreno Bonilla. El alineamiento de la presidenta madrileña con este frente común ha descolocado a Page, cuya portavoz del Gobierno, Esther Padilla, afirmó que esta Comunidad tiene los mismos intereses que la suya en que «el trasvase desaparezca», según sus palabras.

«Todos estos aspectos han sido profusamente analizados en la documentación técnica y jurídica que acompaña a la demanda planteada por las Comunidades Autónomas contra la aprobación de determinados preceptos de este PHT, demanda que previsiblemente se resolverá en un plazo no lejano», añaden, en referencia a que este asunto está pendiente de resolución en los tribunales.

En definitiva, la planificación en la cuenca del Tajo se está tratando de imponer a normas legales de rango superior, estatal -según estas alegaciones-, también en otros aspectos como que no puede tampoco «fijar el carácter excedentario de las aguas a trasvasar», que corresponde a un planeamiento global, nacional, porque hay que tener en cuenta también los planes de cuenca del Segura y del Guadiana, a donde se destinan parte de esos caudales.

Esta jerarquía de leyes y normas no quita para que se tenga que preservar los recursos naturales en el Tajo, además con preferencia, tal como reconocen y subrayan las cuatro regiones gobernadas por el PP en sus alegaciones. «Es obvio que una vez autorizados por ley ambos trasvases TS [Segura] y TG [Guadiana], con unas condiciones también fijadas legalmente en un contexto de planificación hidrológica nacional, el objetivo de la regla que se va a actualizar ha de ser dar satisfacción a estas normas legales asegurando que las transferencias se producen respetando la prioridad de la cuenca cedente mediante garantías plenas para sus demandas y requerimientos ambientales», indican.

Entre otras necesidades, están las derivaciones de agua a las Tablas de Daimiel, y también se hace referencia a tratar de evitar «pérdidas por vertidos en los embalses» o también por «evaporación», así como cualquier «discrecionalidad» en los envíos de agua al Segura o el Guadiana.