La juez rechaza que la Generalitat Valenciana se persone en la causa de la dana

En un auto dictado y notificado este miércoles a las partes, la magistrada cita jurisprudencia de la Audiencia Provincial de Valencia según la cual el responsable civil subsidiario «se incorpora el proceso desde que la pretensión civil se dirige contra él, dándosele traslado del escrito de calificación o acusación, o bien antes de dicho trámite, cuando se dicta resolución judicial para el aseguramiento de sus responsabilidades».

La resolución judicial, que responde a la solicitud presentada por la Abogacía de la Generalitat de fecha 7 de abril, no es firme y puede ser recurrida en reforma en el plazo de tres días o de apelación en el pazo de cinco días. Por su parte, el presidente autonómico Carlos Mazón se ha limitado a mostrar «total respeto y colaboración» con la justicia tras la última decisión de la instructora,

Según contempla la resolución, el artículo 121 del Código Penal establece que el Estado, la comunidad autónoma, la provincia, la isla, el municipio y demás entes públicos responden subsidiariamente de los daños causados por los penalmente responsables de los delitos dolosos o culposos cuando éstos sean autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o funciones, siempre que la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos.

Así, si en un procedimiento se exigiera la responsabilidad civil de la autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos, la pretensión debe dirigirse simultáneamente contra la administración o ente público presuntamente responsable civil subsidiario.

La juez señala que la LECrim establece la comunicación de la causa a las terceras personas civilmente responsables en el trámite de calificación del delito, habilitándoles al efecto de abogado y procurador. En el procedimiento abreviado, establece que al acordar la apertura de juicio oral, el juez de instrucción resolverá sobre las medidas interesadas por el fiscal o la acusación particular, tanto en relación con el acusado como respecto de los responsables civiles.

De esta forma, el tercero adquirirá la condición de responsable civil cuando se adopte contra él alguna medida de aseguramiento de responsabilidad, permitiéndole intervenir tanto durante la investigación como en el juicio oral, calificando por escrito los hechos. De este modo se preserva el principio de contradicción y se evita la indefensión, salvaguardando el derecho a la tutela judicial efectiva.

PSPV-PSOE y Compromís han celebrado el rechazo de la juez a la personación de la Generalitat en la causa y han considerado que es una decisión «correcta» de la instructora, mientras que Vox ha argumentado que la intención de la administración autonómica de participar en el proceso era «más que razonable» y el PP ha rechazado pronunciarse al respecto.

La Generalitat solicitó este pasado martes personarse en la causa que investiga la gestión de la dana para «participar en el proceso judicial y estar presente desde el primer momento» con el fin de «garantizar la defensa de los intereses de los valencianos» y también porque, al haber dos exaltos cargos investigados -la exconsellera Salomé Pradas y el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso-, llegado el caso, «podrían derivarse responsabilidades de tipo civil».

La vicepresidenta primera, portavoz del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, argumentó que el motivo de la personación es que los servicios jurídicos de la Generalitat han «estimado oportuno» solicitarla.

Una voluntad que llega la misma semana en la que están previstas las declaraciones tanto de Salomé Pradas como del que fuera su número dos, Emilio Argüeso, ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja. Concretamente, este viernes 11 de abril, las cuales son las primeras citaciones como investigados.

En este contexto, Camarero recalcó que la Generalitat «siempre» se persona en este tipo de procedimientos judiciales para «defender los intereses de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana» y puso el ejemplo de la personación en el procedimiento abreviado que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia contra Francisco Puig -hermano del expresidente de la Generalitat Ximo Puig- y Juan Enrique Adell, administradores de Comunicacions dels Ports SA y Canal Maestrat SL, respectivamente.

Dicho esto, preguntada sobre «qué ha cambiado» para que el Consell decida personarse ahora y no «hace un mes», la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano sostuvo que la Abogacía de la Generalitat «ha estimado oportuno presentarse» en este momento. Y sobre la fecha concreta en la que se ha solicitado esta medida a la jueza, se limitó a confirmar que «ya se ha hecho». «No sé si fue ayer, pero ya se ha personado», concretó.

En cuanto a si la Generalitat se ha presentado como acusación popular o en calidad de qué, Camarero aseguró que sí: «Nos hemos personado como Generalitat, como Consell, como nos personamos en todas las causas que consideramos relevantes, como Consell del criterio técnico de la propia Abogacía de la Generalitat».

Por su parte, fuentes de Presidencia de la Generalitat transmitieron que la intención de personarse es «participar en el proceso judicial y estar presente desde el primer momento para garantizar la defensa de los intereses de los valencianos» y también dado que dos exaltos cargos de la Administración autonómica están investigados y «podrían derivarse llegado el caso responsabilidades de tipo civil».

En paralelo, preguntada por si Mazón valora la posibilidad de declarar a petición propia, tal y como le ha ofrecido la juez en varias ocasiones, la vicepresidenta negó este escenario y recalcó que el jefe del Consell ya «ha contestado a esta cuestión en reiteradas ocasiones», por lo que no hay «nada nuevo» al respecto.