«Es que aquí hablamos castellano»: un opositor denuncia a un Ayuntamiento por obligarle a hacer un examen en español

José Luis Fernández

ALICANTE

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12/10/2023
Actualizado 28/10/2023 a las 18:19h.

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Las oposiciones para empleo público generan también, en ocasiones, denuncias por discriminación lingüística, tal como ha ocurrido con una aspirante a un puesto en Aspe (Alicante), que no pudo hacer el examen en valenciano. «Es que aquí hablamos castellano», fue la justificación que recibió en el Ayuntamiento.

Este caso está incluido en el estudio que la Plataforma per la Llengua realiza -con colaboración de la Generalitat de Cataluña- acerca de quejas de valencianohablantes por negárseles el derecho a utilizar este idioma en la Administración.

La situación se produjo para el acceso a la bolsa de trabajo de agente de igualdad de este Ayuntamiento alicantino, y la afectada argumentó en su demanda que aparte de que la ley le asiste para pedirlo, «le iba mejor porque había estudiado en este idioma». No obstante, «no le dieron ninguna alternativa y se vio forzada a hacer el examen en castellano», según la ONG del catalán, tal como se presenta esta entidad, que ha recibido subvenciones del anterior Gobierno de la Generalitat Valenciana, presidido por Ximo Puig.

Para situar en contexto, explican que Aspe es un municipio considerado de predominio lingüístico castellano, si bien se encuentra en una comarca generalmente valencianohablante. «Esta realidad hace que sea perfectamente justo y razonable que los exámenes de oposiciones se tengan que hacer en castellano: la Administración y el poder deben respetar y adaptarse a la lengua de la población autóctona, originaria, de cada uno de los territorios en que operan», señalan en su informe.

Sin embargo, también indican que «el régimen constitucional español no opera sobre este principio: el castellano es oficial en todo el Estado, con independencia de su arraigo histórico, del grado de uso por la población y de la voluntad de los vecinos de cada lugar».

Y concluyen subrayando el agravio: «Teniendo presente que el castellano recibe este tratamiento, que el catalán no reciba uno equivalente es discriminatorio». De esta forma, a su juicio los «catalanohablantes» son «discriminados» en comparación con los castellanohablantes.

Finalmente, cambian el término «catalán» por «valenciano», que es el que viene reflejado en el Estatuto de Autonomía aunque se trate de la misma lengua, así establecido por la comunidad científica, en su denuncia generalizada por este tipo de quejas. «Además, hay que tener presente que el valenciano es oficial en todo el País Valenciano, tanto en la zona de predominio lingüístico valenciano como en la predominio lingüístico castellano y, por lo tanto, el caso descrito comporta también una vulneración de la legislación vigente».