«El Gobierno nos roba nuestro hogar»: los desahuciados en la costa de Denia llaman a la «rebelión» por una ley de 1988
La Generalitat Valenciana aprobará antes del verano otra norma y presenta contenciosos y alegaciones para auxiliar a los vecinos ante el «secuestro» de la reforma en el Congreso
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Una ley estatal de 1988 cuya reforma lleva «secuestrada 28 sesiones en el Congreso» ha llevado a un callejón sin salida a centenares de desahuciados de facto en la costa de Denia. Por eso, en una de sus pancartas exhibidas en la última protesta, apuntan contra el Gobierno: «Costas nos roba nuestro hogar».
La aplicación de los deslindes se justifica por el Ejecutivo central por la «regresión» del litoral, aunque los afectados denuncian que «no hay ningún informe» de impacto que lo acredite y, en cambio, achacan ese problema a otros factores. Mientras que sus viviendas estaban hay hace más de 50 años -algunas un siglo incluso- se ha permitido por «inacción» del Gobierno un auténtico «ecocidio» al tolerar que se crearan «barreras» con los puertos deportivos y otras infraestructuras, algunas incluso estatales.
Pero se les culpa a ellos, «los más débiles» y se está cometiendo «una usurpación descontrolada de propiedades y viviendas aplicando la ley sin una justificación», tal como ha relatado un portavoz de la plataforma en la lectura del manifiesto.
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Sus casas «no son las culpables del deterioro del litoral, no hay un diagnóstico exacto», por lo que después de llevar viviendo décadas allí consideran que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) «actúa de mala fe» cuando, entre otros argumentos, afirma que estas viviendas «están construidas sobre dunas» para motivar sus medidas.
«Mienten»
«Decimos alto y claro ¡mienten!», han coreado en las calles el pasado fin de semana, al tiempo que exigían la derogación de esta Ley de Costas de 1988, que a su juicio «va en contra de las directivas de la Unión Europea de que 'toda persona tiene derecho a la propiedad privada de sus bienes legalmente adquiridos'». Por eso, hacen suya una frase del presidente de Estados Unidos Thomas Jefferson: «Ante una ley injusta, la rebelión es una obligación».
Aparte de «regalar propiedades al Estado», con los más señalados por los deslindes, también los vecinos de parcelas «colindantesperderán entre un 40% y 60% de su valor» por las servidumbres y otros aspectos. «Basta ya de maltrato psicológico y económico a decenas de ciudadanos honrados», han clamado en su protesta.
Frente a este proceso administrativo, hay una propuesta de ley de la Generalitat Valenciana para «cumplir con las obligaciones que no ha cumplido el Gobierno y regenerar playas, con seguridad jurídica en consonancia con la Unión Europea», han comparado.

El propio director general de Costas, Puertos y Aeropuertos de la Administración autonómica, Marc García Manzana, residente en Denia, se ha sumado a la manifestación para «exigir al Ministerio que se realicen todas las obras (69 en la Comunidad Valenciana) pendientes frente a la regresión del litoral, ya que desde 2015 sólo se han hecho diez». Además, ha asegurado que «no es una excusa el dinero, porque hay fondos Next Generation».
También ha reclamado que «paralicen de inmediato todos los deslindes, hasta que no estén esas obras», además de «cambiar la Ley de Costas», utilizada a su juicio para «usurpar a la gente sus propiedades». Esta reforma legislativa ya la ha «intentado el Senado, pero la ley lleva secuestrada en el Congreso 28 sesiones, desde marzo del año pasado».
Y ha anunciado la «primera ley valenciana para antes del verano» con la que se va a «proteger las viviendas con valor etnológico, patrimonial e histórico». Mientras, tanto, el Gobierno autonómico de Carlos Mazón está alegando en contra de todos los deslindes que se ordenan, presentando contenciosos también. «La Generalitat está a vuestro lado desde punto de vista legal, judicial, administrativo y humano», se ha comprometido García Manzana.
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