Cien primeros días de Gobierno de Sánchez y Díaz: inestables y condicionados por la amnistía

El caso Koldo, que compromete también a un cargo clave en esta etapa como es Santos Cerdán, culmina tres meses meses y algo más de inestabilidad política sostenidos por una mayoría parlamentaria frágil y condicionada por el fugado Carles Puigdemont y Junts per Catalunya, protagonistas de la película, cuya última palabra se ha vuelto una suerte de veto para las iniciativas del PSOE.

La insaciable demanda de los independentistas implicados en el 'procés', cuyo objeto es dejar a Puigdemont blindado con el texto del perdón legal, repercute en la agenda legislativa de Pedro Sánchez. Junts amaga constantemente con tumbar sus propuestas y, pareciera, disfruta cada vez que evidencian la vulnerabilidad de Sánchez.

Noticia Relacionada

Ábalos, el leal sanchista caído en desgracia

Mariano Alonso

El exministro trata de resistir el huracán del 'caso Koldo' cuando hasta Pedro Sánchez le enseñó este sábado la puerta de salida en un acto en Madrid

En enero, Puigdemont sometió al PSOE para que se abstuvieran sus siete diputados y pudieran aprobar los primeros decretos de la Legislatura. Junts logró de cesiones un pacto para entregarles las competencias migratorias (que quedó en papel mojado), revertir el decreto que favoreció la marcha de empresas de Cataluña o suprimir el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil que paralizaba la amnistía en caso de que fuese elevaba a Europa. Es decir, trofeos ajenos al asunto de los decretos que votaban. Y, por supuesto, el PSOE es consciente de que sin amnistía, no habrá Presupuestos.

La incapacidad de Sumar para controlar la volatilidad de Podemos, que rompió su alianza con Díaz y acabó en el Grupo Mixto, añade más estrés. El mismo día que Junts hizo sufrir al PSOE, el partido de Ione Belarra tumbó el primer decreto del año de Díaz -una reforma del subsidio por desempleo-.

Varios ministros socialistas confesaron su malestar con ella por no ser capaz de controlar su guerra interna con Podemos, provocando así que la mayoría de la investidura perdiera cinco escaños. En los últimos meses, Díaz no solo impulsó el debate jurídico de la amnistía y las lenguas cooficiales en el Congreso, sino que fue la primera del Gobierno que se vio con Puigdemont en Bruselas, en septiembre.

PSOE y Sumar celebraron los últimos datos de empleo -no sin intentar capitalizarlos cada partido por su lado-, la subida del Salario Mínimo Interprofesional -aunque sin acuerdo con la CEOE- y el pacto con el PP para reformar el artículo 49 de la Constitución y quitar el término «disminuidos». Pero se cronifica el enfrentamiento con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La situación por la amnistía polariza el campo nacional hasta el punto de que PSOE y PP han tenido que recurrir a la mediación de Bruselas para intentar desbloquear el CGPJ tras cinco años caducado. El PSOE quiere reformar el sistema de elección de los jueces y después renovar el órgano, mientras el PP insiste en que deben hacerse a la vez. Son dos las reuniones hasta la fecha entre el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, junto al comisario de Justicia europea, Didier Reynders. Sin avances.

Además, la Comisión Europea avisó en noviembre que seguirá «muy de cerca» la tramitación de la amnistía después de las denuncias de la oposición y diferentes colegios profesionales y asociaciones por si existiera un quebranto de la legislación comunitaria. También porque hay socios parlamentarios y miembros del Ejecutivo, como Teresa Ribera, vicepresidenta, que acusaron a jueces de 'lawfare'

Hace unos días, con el objetivo de provocar un debate, Sánchez puso en un brete a Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, al enviarle una carta pidiendo medidas contra Israel por sus amenazas sobre Rafah. Comprometió así a Von der Leyen a tomar posición en un asunto que divide a países miembros de la Unión Europea, justo antes de que anunciara si iba a optar a repetir en el cargo.

El presidente del Gobierno viajó a Rabat esta semana y se reunió con el Rey Mohamed VI y con el primer ministro del país. Volvió a Madrid sin fecha para la apertura de aduanas de Ceuta y Melilla. La relación con Rabat mejora poco a poco después de que España le diera asistencia médica al líder del Polisario, Brahim Gali, provocando una grave crisis migratoria.

Sin embargo, la relación con Argelia sigue congelada después de que Sánchez reconociese a Marruecos la autonomía sobre el Sáhara Occidental a través de una carta que ocultó y que Rabat descubrió. De hecho, el Gobierno argelino iba a reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, el pasado día 12 y le plantaron. Albares sigue esperando.

Por su lado, Díaz viajará a Palestina. La coalición no ha protagonizado choques como con Podemos, pero sí discrepancias ideológicas. Matices en la defensa de Palestina ante los ataques de Israel, en materia económica y, la vez más evidente, hace un mes, cuando Díaz se opuso a la ampliación del aeropuerto de Barajas que anunció el presidente tildándolo de «despropósito económico y ecológico».