Puigdemont pide apartar al nuevo magistrado del Constitucional de los recursos del 'procés'

El expresidente catalán Carles Puigdemont ha pedido al Tribunal Constitucional (TC) que aparte al recién nombrado magistrado José María Macías de todos los asuntos que se estudian en la corte de garantías referentes al 'procés', y ha adelantado que lo hará también con los recursos presentados contra la ley de Amnistía al considerar que «no será imparcial».

En un escrito, al que ha tenido acceso Ep, la defensa de Puigdemont asegura que «un análisis de los pronunciamientos realizados hasta la fecha» por Macías lleva a concluir que existen «datos bastantes para entender que no será imparcial ni en estos asuntos ni en los que en el futuro se generen respecto de la aplicabilidad de la Ley 1/2024 de Amnistía».

Su abogado, Gonzalo Boye, sostiene que «a lo largo de estos años» Macías «se ha ido pronunciando en contra de los intereses» de Puigdemont «de forma manifiesta». Así las cosas, insiste en que la «imparcialidad judicial» es una «exigencia obligada» recogida en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la Constitución.

Además, añade que el hecho de que «sea amigo» del juez instructor del 'procés' en el Supremo, Pablo Llarena, «no es criticable, ni mucho menos que lo reconozca en público». «Pero sí es causa bastante para que sea apartado de estos procedimientos toda vez que los mismos se fundamentan en las vulneraciones de derechos fundamentales que esta parte atribuye, entre otros, directamente a 'su amigo», asevera.

Asimismo, la defensa hace referencia a las «opiniones políticas« que ha manifestado públicamente Macías sobre la ley de Amnistía y pide que se aparte al magistrado de los recursos que se han presentado contra la norma. Cabe recordar que, de momento, el tribunal no se ha pronunciado sobre dichos recursos.

Este mismo lunes se ha dado a conocer que el Constitucional encargará un estudio para determinar la viabilidad de los recursos presentados por comunidades autónomas, 15 de las gobernadas por el PP y una por el socialista Emiliano García-Page, contra la ley de Amnistía con el fin de decidir si los territorios tienen legitimación para impugnar la norma