Irídia señala a tres directivos de NSO y pide su imputación por el espionaje con Pegasus

La entidad apunta en su escrito, remitido al Juzgado de Instrucción 24, que la dificultad de efectuar una investigación transfronteriza ágil ha impedido, hasta el momento, la «identificación de personas físicas responsables de la dirección de las mencionadas mercantiles». Pero un informe pericial, que Irídia ha elaborado durante los últimos dos años, ha permitido desenmarañar el entramado empresarial y señalar a tres directivos. Consideran que ellos son, indiciariamente, los responsables no sólo de la «fabricación y comercialización de herramientas de espionaje ilegal», sino también de su «gestión y mantenimiento», una vez un Estado ha adquirido el programa de monitorización. Por ello solicitan su imputación.

NSO Group la fundaron tres socios, de ahí las siglas empleadas: Niv Carmi (N), Shalev Hulio (S) y Omri Lavie (O). En 2014, se creó en Luxemburgo la primera sociedad vinculada, OSY Technologies SARL. Dos años más tarde, el proyecto empresarial continuó creciendo con la incorporación de la tercera querellada: Q Cyber Technologies SARL. Presumiblemente, reza el escrito de ampliación de la querella, OSY es la denominación creada por las personas de las que se pide la imputación: Omri Lavie (O), Shalev Hulio (S) y Yuval Somekh (Y). La expansión del grupo siguió hasta «consolidarse» con 19 sociedades relacionadas con NSO Group en Luxemburgo; «un entramado empresarial con relaciones societarias complejas, pero que permiten un análisis suficientemente descriptivo de un funcionamiento coordinado bajo determinado liderazgo personal», apunta Irídia.

Sobre Lavie, Hulio y Somekh, «responsables de la gestión de facturas, contratos y pagos con los clientes del 'malware'», apuntan que su conducta puede encajar en diversas modalidades de delitos informáticos. Desde la comercialización de un programa «ilegal» a la «participación y cooperación en su uso ilegal». Reclaman por ello que los responsables de NSO den explicaciones sobre sus actividades concretas en calidad de investigados.

Además, Irídia también solicita la ampliación de la orden europea de investigación, para incluir diligencias relativas a las nuevas imputaciones interesadas y recuerda que, de no hacerse ahora, los hechos prescribirán en mayo de 2025. La intención de la entidad es impulsar la causa por el espionaje a políticos y abogados catalanes con el 'software' Pegasus por parte del CNI.

Fue un informe de Citizen Lab el que destapó la monitorización de los móviles de más de 60 líderes del 'procés' y también de letrados como Van den Eynde, entre 2020 y 2022. En una comparecencia a puerta cerrada, la entonces directora del CNI, Paz Esteban -ahora investigada por el espionaje a Pere Aragonès- admitió la instalación del programa espía a 18 dirigentes independentistas, siempre, con el aval del Tribunal Supremo.

En los juzgados catalanes hay varias causas abiertas. La del propio Aragonès que, según la pericial que aportó ante el juzgado, tuvo el teléfono intervenido entre julio de 2018 y marzo de 2020, coincidiendo con momentos de «especial relevancia política», como la formación del Govern de Quim Torra -del que fue vicepresidente-; las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, en 2020, así como las de los Presupuestos y la Mesa de Diálogo. Negociaciones en las que Aragonès ejerció como «máximo representante de ERC».

Además, otros políticos de ERC también presentaron sendas querellas por el espionaje con Pegasus. En el caso del exvicepresidente del Parlament y exconsejero de Empresa, Roger Torrent, y el ahora expresidente del grupo municipal en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, ésta fue archivada de forma provisional. Una decisión del Juzgado de Instrucción 32 de la ciudad, que el Parlament ha recurrió.

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Por eso, desde Irídia esperan que las causas acaben unificándose y que su petición de imputaciones suponga un impulso que permita sentar en el banquillo a los responsables del espionaje. Este miércoles, durante una rueda de prensa, la codirectora de la entidad, Anaïs Franquesa, ha manifestado que su intención «es dar un paso más ante los obstáculos con los que ha topado la investigación y saber de qué manera NSO Group y su entramado empresarial se introducen en Europa y cómo pueden operar». Para Franquesa, «este espionaje pone en riesgo la democracia», por eso la entidad exige «responsabilidades judiciales y políticas ante una vulneración masiva de los derechos humanos».