'Correbous', la incómoda lidia del independentismo

En los últimos tiempos, otras plazas se han acostumbrado a ver 'estelades', 'barretines' o camisetas de entidades independentistas, que acuden adrede a los espectáculos para dejar claro, sobre todo a sus gobernantes locales, que las vaquillas «son de aquí». Como seguramente ocurrirá, este y el próximo fin de semana en Xerta (Tarragona), localidad donde se cierra la temporada de 'bous' este año. «Aquí no hay discusión, son la parte central de nuestra fiesta mayor porque lo llevamos impregnado. Lo vemos y lo vivimos con naturalidad», defiende en declaraciones a ABC Campos, que deja claro que «desde el territorio hemos hecho todo lo que se nos ha pedido y más para que no se no se puedan criticar las fiestas. Lo mejor es venir, comprobarlo y conocer la fiesta». «No dejaremos de lucharla y enseñarla», sentencia.

Además de la polémica constante, la paradoja también rodea estos eventos. Y es que los municipios que los acogen están gobernados por formaciones que a nivel local o bien defienden a capa y espada estos actos tradicionales o han aprendido a convivir con ellos, mientras que desde sus direcciones 'nacionales' la cuestión incomoda especialmente. Su falta de empatía con la fiesta, en muchos casos por desconocimiento, por ser una práctica protagonizada con animales (cada vez más miradas con lupa) y sobre todo por que los festejos se comparan con las corridas de toros, una tradición con la que los sectores independentistas no quieren verse asociados por considerarlos típicos festejos españoles, son la perfecta excusa para no coger, nunca mejor dicho, el toro por los cuernos.

En julio de 2010, el Parlament abolió las corridas de toros y a la vez se afanó a blindar los 'correbous', alegando que los festejos autóctonos, además de pertenecer a la historia local, no comportaban la muerte ni el maltrato animal. En 2016, el Constitucional tumbó la prohibición aunque ningún promotor ha vuelto a programar tardes de toros.

A día de hoy, la Generalitat sigue autorizando decenas de festejos locales con estrictas medidas de seguridad fijadas por la ley: este año, por ejemplo, se han otorgado 53 permisos (que cada uno de ellos incluye varios espectáculos) en 32 municipios.

La ley de 2010, con todo, tampoco enterró la polémica: animalistas y formaciones como la CUP y los comunes, los únicos abiertamente contrarios a estos espectáculos, que se celebran mayoritariamente en las Tierras del Ebro (Tarragona), han seguido luchando por su abolición. El último capítulo, hace medio año, cuando presentaron junto a entidades antitaurinas una propuesta para modificar la actual normativa y prohibir los 'bous embolats' y 'capllaçats'.

La medida está registrada en el Parlament pero poco más se sabe de ella y parte de la culpa, se intuye, tiene que ver con las próximas elecciones municipales y las pocas ganas de lidiar con un tema que despierta rencillas. Prueba de ello es que ni ERC ni Junts, que gobiernan en la mayoría de estos municipios, evitan trasladar a ABC una postura clara al respecto.

«Hay que dar pasos legislativos hacia el bienestar animal, una ley que lo proteja», se limitan a apuntar fuentes parlamentarias de los republicanos, que recuerdan que en diciembre propusieron crear un grupo de trabajo en esta línea y se vanaglorian de haber colaborado a controlar mejor los festejos con la actual ley, «inexistente en otros sitios, como la Comunidad Valenciana», apostillan señalando a los comunes, que gobiernan allí. Junts, por su parte, evita directamente hablar del tema.

Sobre el terreno, por el contrario, las opiniones son más claras que en las ejecutivas de los partidos, y la tradición, más viva que nunca, sobre todo tras la pandemia y tras haber podido recuperar unos festejos que despiertan pasiones. El caso de Amposta (Tarragona), uno de los municipios de mayor tamaño que todavía los celebran, es el perfecto ejemplo. Mientras que sus 'jefes' pasan de puntillas sobre la cuestión, el alcalde republicano Adam Tomàs, que lleva desde 2015 al frente del Ayuntamiento, no se esconde a la hora de defender los festejos y la sala de plenos que preside ha vivido varios momentos de clamor unánime por ellos.

«¿Correbous? Es una barbaridad tener un pájaro enjaulado o un perro en un piso de 50 metros. Esto también podría ser maltrato animal», defendió Tomàs en agosto, reabriendo la caja de los truenos. Desde Xerta (Tarragona), el municipio natal de Carme Forcadell y donde se cierra la temporada, también se exponen argumentos similares: su alcalde Roger Avinyó (de Més per Xerta, una coalición republicana) ha reivindicado en varias ocasiones ser, a la vez, «animalista y taurino».

Más allá de los municipios taurinos de las Tierras del Ebro, donde parece que la fiesta es intocable por su vocación absoluta, otros municipios esquivan posicionarse y confían en que la Administración autonómica les eche un capote y ponga fin a las controversias. Mientras, los referéndums locales son la alternativa. Santpedor (Barcelona), el municipio natal de Pep Guardiola, ha optado por esta vía. El consistorio, uno de los pocos en la provincia de Barcelona que todavía celebraba festejos (en su caso, las 'vaquetes', que se instauraron hace cuarenta años) llevó la fiesta a consulta en 2019: ganó, por 46 votos, la opción de borrarlas del programa de actos. Dos años después, una iniciativa popular obligó a repetir la votación y el 'no' volvió a ser la opción más elegida, entonces con apenas 41 votos de diferencia.

El bipartito municipal, de ERC y Junts, evitó durante las dos ocasiones posicionarse en público, pero ahora sí ha hablado, y rápido, para pedir al Parlament que les borren de la lista de municipios con festejos permitidos para así dar la estocada final a la fiesta. «No puede ser que sea un debate que tengamos que tener los pueblos. La cuestión se tiene que acometer desde el Parlament», se aferró a defender su alcalde, Xavier Codina, justo antes de la cita con las urnas.