El PSOE defiende en las Cortes los centros de refugiados como «oportunidad» para Castilla y León
PP y Vox rechazan la proposición socialista, que perseguía que la Junta anulase la orden que limita a 120 plazas los centros de acogida
Las Cortes de Castilla y León piden facilitar el desalojo de los «okupas» en 24 horas

Los centros de atención a refugiados que el Gobierno de España plantea abrir en Castilla y León son, según defendió ayer el Grupo Socialista en las Cortes, una «oportunidad» frente a «la despoblación» y para que los territorios «avancen». Así lo aseguró ante el pleno la procuradora Nuria Rubio, que afirmó que las dos infraestructuras cuyo desarrollo está más avanzado en Soria y Villablino (León) supondrán una inversión de trece millones de euros y cuarenta empleos directos en cada uno de ellos.
Unas instalaciones de alrededor de 200 plazas que se encontrarán con el 'no' de la Junta de Castilla y León una vez que vayan a entrar en funcionamiento debido a la orden publicada el pasado mes de noviembre que limita los puestos para los centros de atención a personas vulnerables a 120, en el caso de las ciudades, y a 60, en los municipios de menor tamaño.
Por ello, el PSOE planteó una Proposición No de Ley para que el Ejecutivo regional dé marcha atrás en esa normativa que, según la parlamentaria leonesa, no solo «limita la capacidad de acogida», sino que refleja «una actitud xenófoba y racista» del PP, «especialmente preocupante» una vez que Vox ya no forma parte del gobierno de la Junta. Rubio, recién nombrada vicesecretaria del PSCL por el nuevo líder del partido de la rosa en Castilla y León, volvía así a dirigirse al hemiciclo tras muchos meses después de ser apartada por el portavoz del Grupo, Luis Tudanca, debido a los desencuentros que este mantiene con el secretario provincial del PSOE leonés, Javier Cendón. Su intervención fue rebatida punto por punto por el Partido Popular.
La procuradora Noemí Rojo defendió la orden publicada por la Junta porque, según dijo, «no invade competencias en política migratoria» y asegura una «mejor atención» e «integración» en el entorno a través de «centros más pequeños». Subrayó, además, que este es un «modelo» que respalda Naciones Unidas y la Agenda 2030 y reprochó a los socialistas que exijan «diálogo» cuando el Gobierno central no ha «aportado» información al Ejecutivo autonómico sobre sus planes en la Comunidad en varias ocasiones. Muy crítico con la propuesta se mostró el parlamentario de Vox David Suárez, quien incidió en que la «política de fronteras abiertas mata», mientras que el Grupo Mixto y el de UPL y Soria ¡Ya! dieron el visto bueno a la PNL.
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