La nueva Ley de Concordia establecerá una Comisión de Exhumaciones sin presencia de las asociaciones
Será el órgano que decidirá sobre la localización de fosas en la Comunidad
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«Corresponde a la Comisión de Exhumaciones resolver las solicitudes para la localización y exhumación de fosas de víctimas e informar del mapa de fosas». Así se recoge en el título IV de la Proposición de Ley de Concordia dedicado a la citada comisión, que tiene carácter resolutivo y que sustituye a los dos comités existentes hasta ahora, uno técnico y otro asesor.
Ambos incluían a las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica e, incluso, en el caso del segundo, el presidente era el sindicalista de CCOO, Ángel Hernández. Sin embargo, en la citada Comisión no aparecen estas asociaciones, ni los representantes sindicales ni académicos de las universidades, como sí estaban en el asesor.
El portavoz del PP en las Cortes, Raúl de la Hoz, que este martes ha presentado junto al portavoz de Vox, Carlos Menéndez, la iniciativa conjunta, ha insistido en que, a pesar de todo, la Junta seguirá colaborando con las agrupaciones para la Memoria Histórica e, incluso, ha asegurado que mantendrá su apoyo económico.
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«Las solicitudes llegan de las propias asociaciones por lo que su presencia generaría un conflicto de intereses», ha argumentado De la Hoz. El caso es que dicho órgano «que resolverá los expedientes con criterios técnicos» estará compuesto por «el titular del órgano directivo central que ostente la competencia en la materia», es decir, un alto cargo de la Consejería de la Presidencia. Formarán parte como vocales tres técnicos de dicho departamento (arquitectos y arqueólogos) y dos representantes de la Federación Regional de Municipios y Provincias.
La Comisión de Exhumaciones, que deberá estar constituida en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, dará cuenta anualmente de su actividad mediante la presentación de un informe donde constará el número de actuaciones desarrolladas y sus resultados.
Mapa de fosas
En cuanto a las actuaciones, la Junta elaborará, actualizará y pondrá a disposición de los interesados mapas de fosas dentro de su ámbito territorial en los cuales constarán los terrenos en los que se localicen los restos de las víctimas, mapas cuya elaboración ya se recogía en el Decreto de 2018.
Además, se señala que «se adoptarán las medidas necesarias para la prestación del servicio de búsqueda, localización, exhumación e identificación de los restos de víctimas que se encuentran en paradero desconocido, con la finalidad de entregarlos a sus familiares y concederles una sepultura digna, de conformidad con la preferencia manifestada, y con independencia de la ideología, creencia, afiliación o preferencia política de la víctima».
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En el punto siguiente se apunta expresamente que la Administración autonómica promoverá y facilitará todas las actividades dirigidas a la recuperación de restos, como la investigación histórica y estudio documental; indagación y recogida de testimonios personales; prospección y búsqueda sobre el terreno; exhumación de restos cadavéricos; estudio antropológico forense; análisis genético y comparativa de ADN, y preservación y restitución a los familiares de los hallazgos encontrados.
También se aclara que para cualquier intervención sobre el terreno para la localización y exhumación de víctimas dentro del territorio de Castilla y León es necesaria una autorización administrativa emitida por la Junta.
Por último, el artículo 16 de la iniciativa legislativa hace referencia expresa al destino final de los restos que hayan sido localizado: «Cuando los familiares de las víctimas así lo deseen, se podrán realizar honras fúnebres, en señal de respeto y homenaje, en el momento de su traslado para su entrega». «Todos los restos han de ser tratados con el debido respeto y consideración», concluye.
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