La Junta de Castilla y León anima al Gobierno a dejar «el frentismo» y rechaza sus «lecciones»

Cansados de recibir «lecciones» de un Gobierno que ha hecho del «frentismo» una de sus banderas y que «transita por vías contrarias» a las de «la mejora del funcionamiento democrático» llegando a «limitar la libertad y la igualdad» de los españoles. Es la contundente valoración «política» que realizó ayer el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, en su comparecencia habitual de los jueves el mismo día que el Ejecutivo central daba a conocer un nuevo movimiento contra la futura Ley de Concordia de Castilla y León -también las de Aragón y Comunidad Valenciana- que ahora ha animado a Moncloa a elevar estos textos hasta el Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y el Relator de Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, además de al Consejo y al Parlamento Europeo. Se suma a la amenaza lanzada ya de recurrir al Tribunal Constitucional.

Ante esta nueva ofensiva, detallada tras el Consejo de Ministros por el titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres Carriedo garantizó que la ley que salga en su momento de las Cortes Autonómicas «será respetuosa» con las normas nacionales y en especial con «la ley de leyes», en referencia a la Constitución Española. El portavoz defendió de nuevo que la iniciativa acordada y lanzada por los grupos PP y Vox «se centra en ampliar la consideración de víctimas» y contempla «mayores apoyos y ayudas», por lo que rechazó otra vez «admitir ningún tipo de lección de aquellos que han hecho una Ley de Memoria Democrática inspirada por Bildu y que ha permitido que se cumplan sus deseos».

En la misma línea, el viceportavoz del Grupo Popular en las Cortes, Miguel Ángel García Nieto, aseguraba que la norma «cumple a pies juntillas» con la Carta Magna mientras acusaba al Gobierno de España de «retorcer la ley para que le beneficie». En el caso concreto de la norma de Castilla y León, destacó que «ni siquiera» se ha tomado en consideración en las Cortes por lo que se ha mostrado partidario de «darle tiempo al tiempo» para adoptar después los acuerdos que sean pertinentes, informa Ep.

También desde el parlamento autonómico, el Grupo Socialista se sumaba a la estrategia del Gobierno y anunciaba, en boca de su portavoz, Luis Tudanca, que llevará al pleno de la próxima semana una proposición no de ley «de condena expresa del golpe de estado de 1936 y de la posterior dictadura franquista» con el objetivo de «parar la ley de la discordia por las vías que sea».

Además, los socialistas han querido aprovechar el momento para proponer la celebración en Castilla y León de un acto institucional de recuerdo y de homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo el 31 de octubre de cada año, «en cumplimiento» de la Ley de Memoria Democrática nacional. «El señor Mañueco y todos los procuradores y procuradoras del Partido Popular el próximo miércoles van a poder apretar el botoncito verde de la democracia o el botoncito rojo del franquismo», sentenció el también secretario general del PSCL.

Colaborar con las asociaciones y con las víctimas para sacar a los muertos de las cunetas y potenciar la investigación histórica de la Guerra Civil y de la dictadura a través de convenios con las universidades y con un apoyo expreso al Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca son otras de las propuestas de la PNL que llevarán los socialistas al próximo pleno, sobre cuyo contenido no se pronunció ayer el Grupo Popular.

Preguntado por algo similar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de Castilla y León, Carriedo repitió las palabras del presidente de la Junta al asegurar que lógicamente desde el Ejecutivo autonómico «condenamos todas las dictaduras», pero también «el terrorismo de ETA y aquellos que lo protejan o lo blanqueen».

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El portavoz, que fue interrogado una y otra vez por las palabras del vicepresidente García-Gallardo, que avisó el martes de «la dictadura que se empieza a vivir en España», reiteró su malestar por «la ocupación de las instituciones par parte de un partido político como nunca antes» había ocurrido, por lo que concluyó que «hay muchas cosas que se podrían mejorar para que la democracia funcionara mejor» y sentenció que el Gobierno de España «actúa en el sentido contrario al rebajar la calidad de los procedimientos democráticos y reducir la independencia de los poderes del Estado».

Para Carriedo, el actual Ejecutivo «ha levantado muros entre españoles en lugar de tender puentes que nos comuniquen». Ante esta situación, «animamos al presidente del Gobierno a cambiar su actitud, a huir del frentismo y a buscar cauces para el dialogo y para el encuentro». Para concluir, puso el ejemplo del ministro vallisoletano Óscar Puente, «que vemos que se dedica más a examinar a periodistas y columnistas que a su materia», lo que «tampoco contribuye a mejorar la calidad de las instituciones».