El PSOE convocará después de Semana Santa la Comisión de Asuntos Generales para aprobar la reforma del Estatuto con o sin el Partido Popular
Los socialistas introducen en el texto tres enmiendas para facilitar que el PP se sume: bajar el número de diputados de 59 a 55, una mayoría cualificada de 3/5 para cualquier reforma de futuras leyes electorales y que las elecciones de 2027 se celebren con la actual norma electoral
El PSOE da un ultimátum al PP para negociar la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha

Tras más de un año del acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PP para reformar el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, sin que se haya podido aprobar en las Cortes por el desmarque de los populares, los socialistas han anunciado este jueves que van a convocar, «inmediatamente para después de Semana Santa», la Comisión de Asuntos Generales para hacerlo con o sin el apoyo de los populares.
Eso sí, lo harán con tres enmiendas al texto acordado que ha anunciado el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez. Así la horquilla del número de diputados baja de 59 a 55, como «guiño» a los populares; una mayoría de 3/5 para aprobar cualquier reforma de futuras leyes electorales, lo que implica que deberá hacerse con el acuerdo de los partidos mayoritarios y, por último, que los comicios autonómicos de 2027 se regirán por la actual Ley Electoral.
«El Partido Popular ya no tiene excusas para aprobar el Estatuto de Autonomía», ha afirmado Gutiérrez, que cree que si el texto no sale adelante será porque el presidente popular de la región, Paco Núñez, «ya no tiene fuerza ni en Génova ni en Castilla-La Mancha». Eso sí, ha recordado que hace dos semanas el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, le dijo que tenía las manos libres para aprobar la reforma del Estatuto.
El objetivo es, según indicó el secretario de Organización del PSOE regional, incluir a Castilla-La Mancha dentro de los estatutos autonómicos de segunda generación y «recuperar el cariz democrático» de la ley electoral, toda vez que la aún vigente fue una «cacicada» del PP de Cospedal. Una propuesta que incluye además un nuevo Reglamento de las Cortes regionales, que contempla, según destacaron, un mayor control parlamentario al Gobierno de Castilla-La Mancha y a su presidente.
Gutiérrez criticó la «hipocresía» del Partido Popular por el número de diputados en las Cortes, ya que mientras en otras comunidades, muchas de ellas gobernadas por el PP, la ratio es superior a la de Castilla-La Mancha, donde ahora es de las más bajas, pues hay 1,5 parlamentarios por cada 100.000 habitantes, y con la nueva propuesta de 55 diputados pasaría a ser de 2,5.
Ahora, según el anuncio hecho ayer por Gutiérrez, junto con la portavoz del PSOE en las Cortes, Ana Isabel Abengózar, la previsión es que, una vez se convoque y debata en la Comisión de Asuntos Generales, el Estatuto se apruebe en el Pleno de las Cortes. De allí saldrá como proyecto de ley y será remitido al Congreso de los Diputados.
Los socialistas dejaron claro que lo harán con o sin el apoyo del Partido Popular, aunque esperarán hasta el último momento para ver si los populares se suman a esta propuesta. Así, han recordado que la última reunión que mantuvieron ambos partidos para retomar la negociación en febrero de este año, el PP aseguró que verían con buenos ojos que el número de diputados se redujera por debajo de los 59 que aparecen en el primer acuerdo y exigieron como salvaguarda que las futuras leyes electorales sólo puedan modificarse por mayoría cualificada como ahora ofrece el PSOE, que sólo puso como condición que el número máximo de diputados no sea menor de 51 ni mayor de 59. Agudo se comprometió a dar una cifra dentro esa horquilla, pero no ha ocurrido.
«No queremos marear más la perdiz», manifestó Gutiérrez, quien ha tildado de «juego de trileros» la actitud del PP, al que piden «respeto» para los agentes sociales y colectivos ciudadanos que dieron su visto bueno a la reforma del Estatuto. Asimismo, les instan a que aclaren con qué no están de acuerdo del contenido del texto consensuado: «¿Les parece mal blindar los servicios públicos y sociales, el agua, la igualdad o la Ley Electoral?»
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