La Ley de Simplificación Administrativa incorpora una declaración responsable para eliminar trámites innecesarios
El proyecto de ley se ha publicado este miércoles e inicia su proceso parlamentario
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El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el proyecto de Ley de Simplificación Administrativa. Así comienza la tramitación parlamentaria de una norma que supondrá una «revolución» en la Administración regional «para hacerla más moderna y reducir los trámites burocráticos», ha explicado la consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla.
Para la consejera, la administración debe estar al servicio de los ciudadanos «y no ser un obstáculo para ellos; hemos trabajado en esta ley para hacer una administración más ágil y cercana a los ciudadanos«, ha aclarado.
El texto buscar eliminar los trámites que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha consideran «innecesarios» para la ciudadanía y las empresas, e impulsa también el uso de herramientas digitales y de la inteligencia artificial para «facilitar la labor a los ciudadanos».
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Se han estudiado más de 400 procedimientos administrativos con el fin de eliminar burocracia, pero no en todos se puede actuar porque dependen de normas estatales. Lo que sí ha confirmado Padilla es que a partir de la aprobación de la ley, se podrá intervenir en más de 150 procesos para facilitar trámites y reducir los tiempos de espera o la documentación a presentar.
El proyecto de ley, remitido al Consejo Consultivo que ha realizado varias observaciones, introduce cambios como sustituir el silencio administrativo negativo en más de 100 procedimientos por uno positivo, algo que obliga a la administración a ser más ágil en la respuesta y no hacer esperar al ciudadano o a la empresa. En otros 40 procedimientos ante la administración regional se pedirá una declaración responsable en lugar de una documentación más extensa, y que luego la propia administración se encargará de comprobar, ha añadido Esther Padilla.
Entidades colaboradoras
El anteproyecto de ley introduce también una figura privada, las entidades colaboradoras, que realizarán funciones de comprobación. «Es una figura legal que existe desde hace más de 20 años, que no privatiza la función de la administración regional sino que ayudan, la administración mantiene su facultad de supervisión», según ha detallado la consejera.
Para Padilla, digitalizar la administración es la verdadera forma de simplificarla. Por ello, la norma incluye la regulación también del uso de la inteligencia artificial como una herramienta para prestar servicios a la ciudadanía, basada en el reglamento europeo y que persigue «dar seguridad jurídica tanto a los empleados públicos como también a los usuarios que se acercan a la administración para ser beneficiarios de determinados servicios».
Otra de las novedades es el espacio ciudadano, uno de los ejes centrales de la ley y que se ha concebido como una plataforma de servicios digitales por la información de personas físicas, entidades y empresas para realizar actuaciones como, por ejemplo, el acceso a expedientes y notificaciones y el seguimiento del estado de la tramitación y procedimientos de los que sea parte.
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