Las deducciones fiscales de la Junta en el IRPF beneficiarán a 200.000 personas
El volumen de beneficios en la región pasa de 10 millones en 2019 a los 58 millones previstos en 2024
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha presentado este martes la campaña de la renta en Castilla-La Mancha, que, con el título 'Conoce tus beneficios fiscales', cuyo fin es que los contribuyentes con residencia en la región conozcan las desgravaciones del Gobierno autonómico y «nadie se quede sin conocerlas«, ha dicho, acompañado de la directora general de Tributos y Ordenación del Juego, Susana Pastor.
En Castilla-La Mancha hay 25 desgravaciones fiscales del tramo autonómico del IRPF, que -según ha explicado el consejero-, tienen como objetivo reducir el esfuerzo fiscal de las familias, incentivar a los residentes de zonasdespobladas y pueblos pequeños, y fomentar la actividad empresarial para la creación de empleo y riqueza.
«Somos una de las cinco comunidades autónomas que más deducciones fiscales tienen, por encima de comunidades del PP como Madrid, Andalucía y Valencia», ha subrayado Ruiz Molina.
En la presenta campaña regional, un total de 200.000 contribuyentes con residencia en Castilla-La Mancha se van a ver beneficiados por las desgravaciones autonómicas, lo que representa un 20% de las personas que cada año hacen la declaración de la renta, que son aproximadamente un millón en la región. El impacto económico es de 58 millones de euros.
De esos 200.000 potenciales beneficiarios, 90.000 pertenecen a zonas despobladas, un 45% del total. «El impacto económico asciende a 40 millones de euros« en este caso, ha dicho el consejero, quien ha hecho un llamamiento al Gobierno central para que sea posible aplicar no solo la tarifa autonómica sino la estatal.
Ruiz Molina ha afirmado que estas deducciones aprobadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha están dirigidas a «atender a los sectores de población con menor capacidad económica, en función de sus circunstancias personales» y, en consecuencia, potencian el carácter «progresivo y solidario», que debe tener la política fiscal. Esta política tributaria, no solamente permite cumplir el «compromiso adquirido» por el presidente Emiliano García-Page en 2015 con los agentes sociales de mantener congelada la presión fiscal en la Comunidad autónoma, sino también, «reducir el esfuerzo fiscal de nuestros ciudadanos y ciudadanas»; en definitiva, y como así lo ha indicado el presidente regional, una política fiscal que permita «crecer para compartir».
Con relación al impacto económico de las deducciones fiscales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el consejero, ha resaltado dos datos significativos referidos al periodo comprendido entre 2019-2024, del que se dispone de información desagregada por parte de la Agencia Tributaria, reflejando el esfuerzo fiscal que ha hecho el Gobierno de García-Page en estos últimos cuatro años.
El primer dato que ha destacado es con relación al número de contribuyentes beneficiados por las deducciones, que se «multiplica por tres», pasando de 68.073 a 200.000; y, en segundo lugar, el volumen de deducciones pasa de 10 millones en 2019 a los 58 millones previstos en 2024.
De esta forma, somos «una de las comunidades autónomas con la presión fiscal más baja» y somos la cuarta en las que menos IRPF se paga, si se suman los tipos máximos y mínimos de la escala autonómica, ha indicado.
Las deducciones autonómicas se recogen en la Ley de Medidas Tributarias de Castilla-La Mancha de 2013, y en la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural, aprobada en 2021, en la que se establece una política fiscal propia, para hacer frente al reto demográfico. Y se pueden consultar, como así lo ha señalado, en el Portal Tributario de la Junta Comunidades Castilla-La Mancha.
Así, en primer lugar, se ha referido a las dirigidas a las familias, jóvenes y sectores más desfavorecidos, de las que ha diferenciado; las que atienden a circunstancias personales y familiares, y en otro bloque, las que son para hacer frente a determinados gastos.
En relación con las primeras, Ruiz Molina, ha informado, que en este sentido están previstas deducciones por nacimiento o adopción de hijos, que varían entre 100 y 900 euros; las relativas a familia numerosa, de carácter general o especial, o si algún miembro es persona con discapacidad; la deducción por familia monoparental, de 200 euros; una deducción general para mayores de 75 años, y por discapacidad del contribuyente o ascendientes o descendientes.
En cuanto a las deducciones para compensar determinados gastos, hay una deducción del 30 por ciento de la cuota íntegra autonómica por gastos de guardería o centros de educación especial; una por gastos extraordinarios relacionado con la educación, hasta un máximo de 300 euros por hijo o descendiente; del 15 por ciento de los gastos ocasionados por el arrendamiento de vivienda habitual para las familias numerosas y monoparentales, menores de 36 años.
También, otra deducción, de 150 euros, por el cuidado ascendientes de mayores de 75 años; por el acogimiento no remunerado de menores o mayores de 65 años; y una deducción para menores de 40 años, que trata de compensar los tipos de interés variable y que se relacione con la adquisición de su primera vivienda.
En cuanto a las deducciones para potenciar las medidas para hacer frente al reto demográfico, el consejero ha recordado que las personas con su residencia habitual y efectiva en zonas escasamente pobladas se pueden deducir hasta un 25 por ciento de la cuota íntegra, que varía en función del tamaño de la zona y del municipio.
En estas zonas se ha establecido el 15 por ciento de los gastos como deducibles por adquirir, construir o rehabilitar una vivienda habitual, y 500 euros por traslado a zonas escasamente pobladas, por motivos laborales.
Una política fiscal específicamente dirigida a la «fijación de la población, con resultados positivos», ya que «se ha conseguido un incremento de la población en zonas rurales de unos 15.000 residentes».
Estas normas también recogen dos medidas para incentivar la inversión empresarial y, en consecuencia, para incentivar la generación de riqueza y empleo. Se trata de una deducción de un 20 por ciento, con un límite de 4.000 euros, bien por la adquisición de acciones y participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución de sociedades o ampliación de capital.
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