Canarias denuncia el «colapso absoluto» de sus recursos para atender a 4.500 menores migrantes

Canarias está en «colapso absoluto«. Así ha definido la situación el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que ha asegurado que las ONGs y los recursos para atender a los menores no acompañados que han llegado al archipiélago a bordo de cayucos están al límite, al tener que ejercer la tutela judicial efectiva de unos 4.500 niños y niñas migrantes.

La misma idea ha compartido la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Lady Barreto, que ha reivindicado que la inmigración es un «asunto de Estado« y ha reclamado un »reparto obligatorio« de los menores migrantes.

Como ha confesado en el Pleno del Parlamento canario, «la solidaridad no va a funcionar« ya que mientras hay cerca de 4.500 menores migrantes bajo la tutela del archipiélago, el compromiso de derivación apenas ronda los 900.

Para Barreto, las islas «sí responden» y por eso el Gobierno de Canarias ya trabaja en una iniciativa legal, que se trasladará al Gobierno central, para fijar la obligatoriedad en el conjunto del país. La consejera ha compartido la reivindicación del presidente Clavijo de nombrar un «mando único» ya que «no es razonable seguir tocando seis puertas», en relación a los diferentes ministerios involucrados en materia de inmigración.

La consejera ha valorado la predisposición del Gobierno canario en colaborar con el Ejecutivo central en la distribución de los adultos migrantes y los refuerzos sanitarios logrados en El Hierro y la contratación de intérpretes y más personal en la Fiscalía.

Así como ha alabado el apoyo de ministros José Luis Escrivá y Fernando Grande-Marlaska, Clavijo ha explicado en una entrevista en cadena Ser que con la titular de Derechos Sociales, Ione Belarra, no haya podido «ni hablar» pese a ser la competente en materia de menores. Es Belarra «a quien le competen atender y colaborar con la atención de los menores no acompañados».

Aunque ha asegurado que no nota «falta de solidaridad», por parte de sus homólogos en las demás comunidades, sí que ha valorado como «absolutamente insuficiente« la cifra de 347 menores que se han pactado para los traslados a península.

Una vez más, ha pedido una modificación legislativa para que la distribución de los menores no acompañados se pueda realizar en base a «criterios de territorio, de producto interior bruto de la comunidad autónoma, de población«. Como ha destacado, los niños tienen que estar atendidos »de manera adecuada«. »Hay que enseñarles el idioma, hay que escolarizarlos, hay que atenderlos, hay que garantizar, son menores las 24 horas del día«.

La tutela de los menores migrantes no acompañados es compleja, y así lo exponen la Plataforma de Infancia, Save the Children y Unicef que han denunciado que muchos de estos menores migrantes no son correctamente identificados y sufren el «uso sistemático» de pruebas para determinar su edad.

«Una identificación incorrecta supone dejar a los niños y niñas desprotegidos y sin acceso a los derechos de la infancia más básicos, como la protección, la educación o la reagrupación familiar«, denuncia la plataforma, que alerta de que se están notificando a las Fiscalías muchos casos de menores que no han sido correctamente identificados y han sido derivados a centros de adultos.

Además Clavijo ha incidido en la necesidad de abordar una modificación de la ley del menor, ya que en su momento fue creada para «situaciones extraordinarias de la retirada de la tutela a unos padres por desatender al menor», por lo que en el caso de la migración lo que tiene que prevalecer es «el derecho del menor» porque en estos momentos es competencia exclusiva del Estado y lo que tienen las comunidades autónomas, en este caso Canarias, es la «tutela judicial efectiva» de los menores.

Esta ley, ha destacado, «no está concebida para eso», de ahí que tenga que modificarse para que el Estado lo asuma y puedan distribuirse por el territorio nacional para que Canarias «no tenga que soportar» esa carga, entre otras cosas porque «no se puede garantizar que se atienda bien» a esos menores.