El ayuntamiento de Barcelona permitió el mitin de Puigdemont de agosto sin permiso «para evitar altercados»

El consistorio, a pesar de que el líder de Junts tiene una orden judicial de detención en suelo español, no actuó para colaborar con la Justicia, por ejemplo, impidiendo la instalación del escenario. El equipo de Gobierno local supo el día antes que el escenario y las pantallas que estaban ocupando el espacio público para el evento político no contaban con los permisos municipales correspondientes.

El ayuntamiento barcelonés gobernado por el PSC en solitario, bajo la dirección de Jaume Collboni, ha confirmado, en una respuesta por escrito a Daniel Sirera (PP) consultada por este diario, no solo que la arenga de Puigdemont se realizó sin permiso sino que el consistorio lo supo el día antes y la permitió. En concreto, la Guardia Urbana «inspeccionó el espacio [en el Arco del Triunfo, el día 7] y constató que el montaje del escenario y otros elementos se hacían sin permiso municipal, aunque sí se había informado de la concentración», figura en la respuesta del ayuntamiento.

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Daniel Tercero

Al día siguiente, el 8 de agosto, «los agentes [de la Guardia Urbana] volvieron a revisar la situación, pero se decidió no desmontar el escenario para evitar conflictos mayores o altercados que pudiesen alterar el orden público», apunta Albert Batlle, el edil responsable del distrito de Ciutat Vella de Barcelona y, sobre todo, tercer teniente de alcalde y jefe del área de Prevención, Seguridad, Convivencia y Régimen Interior del Ayuntamiento. Así, Puigdemont sabía desde el día antes, y pudo tener confirmación el mismo día 8 antes de que hiciera acto de presencia, que su 'performance' tenía vía libre por parte del ayuntamiento.

El objetivo del líder de Junts y expresidente de la Generalitat aquel día era el de hablar a sus seguidores, a pocos metros del Parlament, unos minutos antes de dirigirse al pleno de investidura de Salvador Illa, que a la postre acabó siendo elegido presidente de la Generalitat con los votos de su partido, el PSC, ERC y los comunes. Tras hacer acto de presencia e intervenir durante seis minutos, Puigdemont desapareció del escenario y se fugó del país, ante la pasividad de las distintas policías que no impidieron su entrada, que interviniera en un mitin en el centro de Barcelona, con un escenario para la ocasión montado el día antes, y se volviera a fugar a Bélgica.

Batlle ha confirmado en la respuesta por escrito a Sirera que «la realización del acto en estas condiciones», es decir, tras comprobar el día 7 y el mismo 8 que el evento no contaba con permisos, «ha comportado la apertura de un expediente sancionador». El edil, además, ha señalado que la Guardia Urbana no tenía responsabilidad alguna, pues «en relación a la seguridad, los Mossos d'Esquadra asumieron la coordinación de las acciones necesarias, tanto en los días previos como durante la celebración del acto».

A pesar de las explicaciones, o precisamente por considerarlas insuficientes, el líder de los populares en la capital catalana registrará tres nuevas peticiones de información. En su opinión, «alguien dio instrucciones a la Guardia Urbana para que no actuase mientras se montaba el escenario para que Puigdemont apareciese en Barcelona». Para Sirera, el responsable es Collboni, pues directa o indirectamente permitió «la celebración de un acto que no estaba autorizado y es cómplice del prófugo Puigdemont al no impedir ni la celebración de un acto que carecía de permiso ni hacer nada para detenerlo, sabiendo que Puigdemont iba a participar en dicho acto».

Las peticiones de información del PP al ayuntamiento se centrarán en saber quién tomó la decisión desde el punto de vista político, si no fue Collboni, de permitir el mitin en el centro de Barcelona de una persona fugada de la Justicia española y con una orden de detención en el país, conocer si existió una coordinación previa a la llegada de Puigdemont de los Mossos d'Esquadra con la Guardia Urbana y, fundamental, pedir una copia del atestado del día 7 elaborado por la policía local y otra del expediente sancionador, que los populares ponen en duda, para saber, por ejemplo, quién convocó el acto.

En cualquier caso, Sirera dirige todas las miradas al alcalde de Barcelona: «Collboni actuó, una vez más, pensando más en los intereses del PSOE y de Puigdemont que en hacer cumplir la normativa municipal».