Anticorrupción pide otros 23 años y medio de cárcel para Villarejo por un encargo de medio millón de euros
Le acusa de cohecho, revelaciones de secretos y falsedad documental en el proyecto para el refundador de Persán
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una condena de 23 años y medio de prisión para el comisario jubilado José Manuel Villarejo por delitos de cohecho, revelación de secretos y falsedad documental en relación al encargo por el que facturó medio millón de euros al empresario ya fallecido José Moya y la empresa que entonces lideraba, Persán, para conseguirle datos reservados que le hicieran más fuerte en un litigio que mantenía contra Martinsa Fadesa.
La acusación se dirige asimismo contra Rafael Redondo, abogado de las empresas de Villarejo y al que Anticorrupción pide cerca de veinte años de prisión por los mismos ilícitos en lo que el comisario bautizó como «proyecto Saving». No habrá ningún cliente en el banquillo, pues no se dirige acusación contra otro investigado por razones de salud.
El proyecto se inició en 2011, cuando Moya contactó con el entonces policía en activo y «le encomendó investigar posibles irregularidades que sospechaba se habían producido en el procedimiento concursal de Martinsa Fadesa».
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En concreto, buscaba averiguar si mediaron pagos ilícitos en ese concurso porque él, que había invertido dinero en la constructora, no había sido reconocido como acreedor y no podía así recuperarlo. De cara a una eventual negociación directa con Fernando Martín, cabeza visible de Martinsa Fadesa, esperaba del comisario que reuniese información que pudiera utilizar como ventaja.
El escrito de la Fiscalía detalla que el proyecto comprendió así la obtención de información sobre diferentes personas que habían tenido alguna relación, bien con la inversión realizada por José Moya Sanabria en Martinsa Fadesa, bien con el procedimiento concursal que afectó a esta compañía.
El resultado de la investigación la investigación «se plasmó en una serie de informes elaborados por los encausados José Manuel Villarejo y Rafael Redondo en el seno del Grupo Cenyt y entregados al cliente José Moya Sanabria» y «comprendió la obtención de información sobre diferentes personas que habían tenido alguna relación, bien con la inversión realizada por José Moya en Martinsa Fadesa, bien con el procedimiento concursal que afectó a esta compañía».
Tráficos de llamadas
Habrían obtenido información del entonces presidente y el director general de Ahorro Corporación, que fue la entidad que captó a Moya como inversor para Martinsa Fadesa. Según detalla Anticorrupción, «llegaron a hacerse con sus tráficos de llamadas, tanto entrantes como salientes», averiguando así «con quién había contactado» cada uno de ellos. Misma situación se dio, de acuerdo a la acusación, con el abogado llevó la reclamación del empresario de Persán contra la constructora.
«A cuenta del proyecto Saving, José Moya Sanabria, a través de su sociedad Persan, S.A., abonó a Grupo Cenyt, cuyo titular real era el encausado José Manuel Villarejo Pérez, la cantidad total de 501.500 euros mediante transferencias bancarias realizadas los días 11 de agosto de 2011 y 11 y 13 de octubre de 2011. Todos los pagos realizados respondieron a facturas emitidas por Grupo Cenyt en las que, con intención de ocultar la naturaleza de la relación comercial y los servicios que habían prestado (...) Villarejo y Redondo procedieron a manipular los conceptos de los servicios prestados», dice la Fiscalía.
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