El tribunal de los ERE rechaza los reparos de Griñán para llevar a la Justicia europea el borrado de delitos del Constitucional
CASO ERE
La Audiencia de Sevilla responde a su abogado que no tiene nada que aclarar sobre su consulta ante el Tribunal de Justicia de la UE
Griñán cuestiona los motivos de la Audiencia de Sevilla para llevar a la Justicia europea el borrado del caso ERE por el Tribunal Constitucional
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha rechazado de plano la petición de quien fuera presidente de la Junta de Andalucía entre 2009 y 2013, José Antonio Griñán, para que «aclarase» su propuesta de elevar una consulta o cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para no aplicar las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) en la pieza política del caso ERE.
A través de una nueva providencia fechada el 27 de marzo y conocida este lunes, a la que ha accedido ABC, el órgano judicial que condenó a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán defiende su postura y replica al abogado de este último que «no ha lugar a aclaración» puesto que su resolución anterior expuso «con claridad» las cuestiones por las que pide su criterio a las partes del proceso (Fiscalía Anticorrupción, acusaciones y defensas).
Los cinco magistrados de la Audiencia sevillana justifican esta decisión por la sospecha de que el Constitucional pudo haber vulnerado el Derecho europeo y las directrices europeas para combatir la corrupción y el fraude con la sentencia que absuelve del delito de malversación a Griñán, castigado con seis años de prisión, y reduce el delito de prevaricación por el que fue inhabilitado durante 15 años. La polémica revisión del caso ERE por parte del TC ha beneficiado a una decena de ex altos cargos de los gobiernos socialistas en Andalucía que habían sido condenados por la Audiencia y el Tribunal Supremo.
La Audiencia de Sevilla vuelve a dejar claro que no está dispuesta ceder en el pulso que le ha echado el órgano de garantías que preside Cándido Conde-Pumpido para impedir que lleve ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) las diez sentencias dictadas por el sector progresista del TC y amenaza con aplicar a los jueces de Sevilla un precepto que el Gobierno de Mariano Rajoy ideó para responder a la consulta ilegal del 9-N de 2014, celebrada bajo el mandato del presidente catalán Artur Mas con fondos públicos. Dicho bloque de magistrados, que es mayoritario en el Constitucional, argumentó que la sentencia de la Audiencia de Sevilla y la posterior dictada por el Tribunal Supremo quebrantaron los derechos a la legalidad penal y a la presunción de inocencia de ex altos cargos socialistas.
Una maniobra para ganar tiempo
La solicitud de aclaración cursada por Griñán ante dicha sala fue interpretada por instancias jurídicas consultadas por ABC como una estrategia pensada para detener el reloj y ganar tiempo ante la intención de la sala de elevar una cuestión prejudicial al tribunal con sede en Luxemburgo.
Sin llegar a pronunciarse sobre el fondo del asunto, la defensa de José Antonio Griñán planteó algunas objeciones a la iniciativa de la Audiencia de Sevilla aduciendo que su propuesta de llevar el caso a la Justicia europea carecía de concreción y «rigor». Así, le preguntaba a la Audiencia «qué es aquello que, para el Tribunal, pudiera ser (posiblemente y parcialmente) incompatible con el derecho de la UE».
En su providencia anterior, del pasado 18 de marzo, el tribunal encargado de revisar la sentencia del caso ERE argumentaba que «no puede dejar de lado» la posibilidad de que sea incompatible con el Derecho de la UE la doctrina impuesta por la mayoría de magistrados progresistas que domina el TC. Los jueces encabezados por Cándido Conde-Pumpido, que fue fiscal general del Estado nombrado por José Luis Rodríguez Zapatero, anularon parcialmente las penas fijadas a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, entre otros ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, por el reparto sin ningún control ni transparencia de ayudas por un montante cercano a los 680 millones de euros entre los años 2000 y 2009.
«Más allá de la información a las partes de una actuación que el tribunal considera que se ve obligado a afrontar ('el tribunal no puede dejar de lado…') y de la imprecisión de que esa 'obligación' venga justificada por una mera 'posibilidad' de una incompatibilidad parcial o limitada con el derecho de la Unión Europea, lo que impide o al menos dificulta enormemente la tarea de abordar una respuesta al traslado conferido es la falta de identificación por el Tribunal de qué es aquello que sería (posiblemente y de forma parcial) incompatible con el derecho de la UE», objetaba en su escrito el letrado de Griñán.
Una decisión de todo el tribunal de los ERE
En su escrito, esta defensa también preguntaba por qué la resolución viene «encabezada» por los cinco magistrados encargados de revisar la sentencia de los ERE, dado que las decisiones que se adoptan son colegiadas y, sin embargo, aparece la firma de una de las integrantes del tribunal, Pilar Llorente. La Audiencia le responde que aunque es la magistrada ponente quien firma la providencia, ésta expresa «el parecer» de todo el tribunal.
Por último, advierte al letrado del expresidente andaluz que su decisión de preguntar a las partes sobre la posibilidad de elevar una cuestión prejudicial ante el TJUE «no es susceptible de recurso».
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