La revisión del Constitucional a los políticos mengua los imputados en piezas de los ERE de Andalucía

Una de estas piezas es la de Egmasa, abierta contra el ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera y otros tres investigados. Tras el recurso presentado, la Audiencia de Sevilla concluye que es necesario hacerse eco de la sentencia del TC de 29 de noviembre de 2024: «Es innegable que las sentencias dictadas por el TC tienen una incidencia directa y determinante sobre las piezas separadas de la causa matriz que aún no se han enjuiciado, obligando a analizar la trascendencia penal de los hechos investigados en cada una desde otra perspectiva».

El Constitucional amparó el reparto «arbitrario» de las ayudas de los ERE entre 2002 y 2009 porque la partida 31L con la que se financiaba aparecía en las leyes de presupuestos autonómicos que aprobaba el Parlamento andaluz cada año, tras lo cual, el Tribunal Supremo (TS) emitió la del caso Acyco, que avaló las ayudas a miles de trabajadores.

Y todo ello lo recoge en este auto la Audiencia de Sevilla, por lo que estima el recurso de Rivera y acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la causa contra él, al igual que con el resto de los investigados en esta pieza: el sindicalista Antonio Perianez, Juan Jesús Jiménez y Jesús María Bordallo. Eso sí, no hace lo mismo con el recurso formulado por el sindicato CCOO.

En el mismo sentido y con idénticos argumentos tumba la causa contra los tres directivos de la mercantil A Novo Comlink, José Pardo Gernández, Carlos Castiñeíras y Gilbert Weill, por su participación en presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental por las ayudas sociolaborales o excepcionales facilitadas entre los años 2005 y 2010 por la dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo por 35,9 millones de euros, la mayoría para un ERTE. Estos tres investigados, tras la doctrina del TC, presentaron un recurso de apelación, tal y como están haciendo gran parte de los que lo están en las más de cien piezas separadas de esta macrocausa penal, y ahora se han visto beneficiados de dicha resolución al quedar archivada la causa contra ellos.

El tercer auto es el de las ayudas de 1,5 millones a Siemens y Vitalia, pieza en la que estaban investigados Manuel Macarro, Joaquín Justel, Félix Rivas, Jesús María Bordallo y Antonio José Albarracín. En este caso, la Sala acuerda el sobreseimiento de la causa contra todos los investigados salvo del exdirectivo de Vitalia, Albarracín.

Tras estos autos, Juan Carlos Alferez, abogado del bufete Constitución 23 y letrado defensor de A Novo Comlink, ha indicado a ABC que el criterio mantenido por la Audiencia Provincial en los autos que se vienen produciendo tras el dictado de las sentencias del Constitucional, «otorgando el amparo que solicitábamos los recurrentes de la pieza matriz del caso ERE, es plenamente respetuosa con los derechos fundamentales que el TC declaró vulnerados, es decir, las ayudas concedidas bajo el paraguas de la finalidad contenida en las distintas leyes de presupuesto, no son constitutivas de delito, estableciendo la frontera del ilícito penal en aquellas que se otorgaron para fines ilícitos distintos a los de la finalidad presupuestaria».