El juez lleva al banquillo a seis antiguos cargos del PSOE por dilapidar 36 millones de euros de la Junta de Andalucía

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que tiene abiertas varias investigaciones para averiguar el destino del dinero público enterrado en la malograda empresa, acaba de dictar un auto de apertura de juicio oral contra seis antiguos cargos del Gobierno andaluz en la etapa del PSOE. Un exconsejero, Martín Soler Márquez; dos ex directores generales de la agencia autonómica IDEA; el presidente de Santana y dos representantes legales de la compañía, se sentarán delante de un tribunal por la concesión de un préstamo público de 36,10 millones de euros que nunca tuvieron intención de recuperar.

La Fiscalía Anticorrupción pide para todos ellos penas de prisión que suman 36 años y medio y otros 85 años y seis meses de inhabilitación absoluta por supuestos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental, así como una indemnización de 36,1 millones de euros para los tres principales acusados.

El auto de apertura de juicio oral dictado el pasado 15 de julio por el juez José Ignacio Vilaplana, al que ha accedido ABC, pone el broche a una investigación judicial que se remonta al año 2015 y que analiza la concesión de un préstamo reembolsable «ficticio» de 36.105.544 euros a Santa Motor por parte de la agencia autonómica IDEA, titular de la factoría, para diseñar y fabricar el modelo Massif, un todoterreno para el mercado militar.

Para dar apariencia de legalidad a la ayuda se firmó un convenio específico de colaboración entre la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía y la agencia IDEA el día 15 de diciembre de 2009. Según explicó el instructor en su auto previo de procesamiento, el préstamo se amañó para convertirlo en una ayuda a fondo perdido a sabiendas de que no iba a ser reintegrado a las arcas públicas, entre otras razones, porque cuando se firmó la operación, Santana era insolvente y se encontraba en liquidación.

El contenido del convenio y su naturaleza jurídica fueron alterados «sustancialmente», y «lo que la agencia IDEA (y posteriormente Santana Motor) recibe no es un crédito reintegrable, como había autorizado el Consejo de Gobierno, sino una ayuda a fondo perdido», detallaba.

En el banquillo de los acusados se sentarán Martín Soler Márquez, exconsejero de Innovación en el Ejecutivo de José Antonio Griñán; Jacinto Cañete Rolloso y Antonio Valverde Ramos, ambos antiguos directores generales de la agencia autonómica IDEA, así como el expresidente de Santana Motor entre 2009 y 2011 y director de Inversiones Estratégicas de la Agencia IDEA hasta el 31 de octubre de 2009 Bienvenido Martínez Martínez, que es cuñado de la ex directora general de la Guardia Civil María Gámez. Por último, están acusados dos representantes legales de la factoría, Carlos García Malo de Molina y José Enrique Bravo Ramírez.

El juez ha impuesto fianzas por un importe total de 304,84 millones de euros para los seis acusados y tres empresas que han sido llamadas al proceso como partícipes a título lucrativo por parte de la acusación particular ejercida por la Junta de Andalucía. El instructor les advierte a todos ellos de que, en caso de no depositar las fianzas, «se les embargarán los bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma» que se les reclama.

Según consta en el auto de apertura de juicio oral, la Fiscalía Anticorrupción solicita siete años y una mes de cárcel e inhabilitación absoluta durante siete años y siete meses para Martín Soler, que fue consejero socialista de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía entre abril de 2009 y marzo de 2010 como presunto autor de un delito de falsedad documental en concurso medial con otros delitos de prevaricación y malversación.

La misma pena pide para Jacinto Cañete Rolloso, ex director general de IDEA. Para su sucesor en el cargo, Antonio Valverde Ramos, y para el expresidente de Santana, Bienvenido Martínez, la Fiscalía reclama seis años y un mes de prisión y otros 15 años y un mes de inhabilitación absoluta, en su caso por dos delitos continuados de malversación y prevaricación. Por último, los dos antiguos responsables legales de la fábrica pública se enfrentan a penas de cuatro años y un mes de prisión y diez de inhabilitación.

En esta causa también ejercen las acusaciones la Junta de Andalucía, el Partido Popular de Andalucía y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). Esta última entidad —conocida también por ser la 'caja pagadora' de las ayudas irregulares del caso ERE— ha reclamado para los encausados penas que suman 18 años y 57 años de inhabilitación absoluta por los citados delitos.

La devolución del crédito público estaba supeditada a que esta empresa automovilística diera beneficios. Representaba un verdadero acto de fe porque las cuentas hacían aguas por todos lados y los responsables de IDEA, propietaria de la fábrica, eran conscientes de su situación de insolvencia. «Bajo la apariencia formal de una operación de préstamo participativo», lo que el Gobierno socialista había concedido eran ayudas a fondo perdido y sin posibilidad alguna de recuperar, según advirtió el magistrado José Ignacio Vilaplana.

En febrero de 2014, la Intervención autonómica emitió un informe de actuación que concluía que la ayuda a Santana Motor se había concedido a través de un convenio distinto del aprobado por el Consejo de Gobierno andaluz y, por tanto, sin autorización ni fiscalización previa, comprometiendo gastos y ordenando pagos a espaldas de la Ley de Presupuestos.

Las pérdidas llegaron a ser tan cuantiosas —unos 208 millones de euros en el año 2011— que el Gobierno andaluz acabó por desconectar la fábrica de la ventilación asistida que la había mantenido en funcionamiento de forma artificial cuando ya que era inviable. El dinero público que recibió, 137 millones en total, no ha sido devuelto.