Una acusación pide al juez que recupere la parte del caso Begoña que cedió a la Fiscalía Europea

En un escrito al que tuvo acceso ABC, la iniciativa, en espera de ser presentada por la representación conjunta de las acusaciones populares que ejerce Vox por designación del juez, argumenta que las indagaciones sobre los contratos del organismo público Red.es a una empresa del Grupo Barrabés que concurrió con cartas de recomendación de Begoña Gómez deben volver al juzgado de instrucción número 41 aunque el origen de los fondos fuese europeo.

Conforme razona, «el hecho de que haya existido financiación de la UE no implica directamente que exista un perjuicio para los intereses financieros de la Unión contemplados en la Directiva (UE) 2017/1371, en tanto que, hasta el momento, el presente procedimiento no se sigue por ese delito sino por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, habiendo diferentes líneas de investigación, no solo por las adjudicaciones, sino por lo sucedido con otras Administraciones Públicas, como por ejemplo, la Universidad Complutense de Madrid».

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«No es una mera cuestión de cuantía de los fondos de la UE afectados, que si se analizan por adjudicaciones y contratos, casi se encuentran a la par, sino por la naturaleza de los bienes jurídicos afectados en tanto en cuanto se trata de una supuesta trama de corrupción que ha comprometido el normal funcionamiento de la Administración pública del Estado durante años, teniendo actualmente la condición de investigados, la esposa del presidente del Gobierno, el rector de la Universidad Complutense de Madrid, y el CEO del Grupo Barrabés, de momento», argumenta esta acusación.

Sostiene que frente a un «incierto perjuicio a los intereses financieros de la UE, carece de fundamento que resulten excluídos del Juzgado de Instrucción la investigación de dichas adjudicaciones y contratos» cuando lo que se está investigando es un tráfico de influencias «en cadena, extendida a otros ámbitos de la Administración».

En este sentido, incide en que el perjuicio a priori sería mayor sobre los intereses nacionales que sobre los comunitarios y, en línea con lo que resolvió el Tribunal Supremo al dictaminar la competencia de la Audiencia Nacional en el caso Koldo, subraya que no existiendo aún en la causa indicios de malversación de los fondos, no correspondería a la Fiscalía Europea seguir esas diligencias.

Por eso, solicita que el juez acuda al alto tribunal en conflicto positivo de competencias y reclame la suya sobre esos contratos cuyo análisis cedió al órgano comunitario, que los avocó para sí por la circunstancia de que estaban sufragados con fondos de la UE.