El acuerdo PSOE-Junts admite que la Justicia española prevarica contra el independentismo

Lo que no veían venir es que el PSOE, un partido estrechamente vinculado al sistema democrático construido en España desde la Transición y a la Constitución de 1978, fuese a rubricar que aquí se practica el 'lawfare', la forma anglosajona de lo que no significa otra cosa que guerra sucia judicial. En castellano y en terminología jurídica: prevaricación.

El acuerdo da por buena la existencia de esas prácticas en España y a renglón seguido, concede a «las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura» la potestad para decidir en qué causas se han producido. Sus conclusiones «se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía», dice el tenor del texto suscrito por el inhabilitado Jordi Turull y el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, en Bruselas.

Sobre el para qué se tendrán en cuenta, el mismo texto da la respuesta: «En la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto 'lawfare' o judicialización de la política con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas».

Los juristas consultados por este diario coinciden al interpretar que no sólo se está abriendo la puerta a que el Poder Legislativo audite al Poder Judicial, pese al principio de separación de poderes, sino que también se están sentando las bases para dirigir acciones contra los jueces que obraron aplicando la ley vigente en cada momento. Se podrían ver señalados desde la sede de la soberanía nacional como prevaricadores e incluso afrontar a futuro procedimientos penales.

La doctora en Derecho Constitucional de la Universidad de Comillas Maribel Álvarez considera que «clarísimamente» puede derivar en una persecución. «¿Van a señalar a jueces concretos? ¿Van a destruir también al Tribunal Supremo? Es escandaloso», apunta desde la Complutense el profesor Ignacio Álvarez.

Javier Tajadura, catedrático de Derecho Constitucional y en ejercicio en la Universidad del País Vasco, avisa de que, además de implicaciones obvias, como que «el 'lawfare' es profundamente incompatible con un Estado de Derecho», donde resulta «inconcebible», el planteamiento de un control parlamentario sobre la actividad de un juez es radicalmente inconstitucional.

«Va contra la independencia del Poder Judicial. En nuestro sistema, el único que puede vigilar la actividad judicial es el Tribunal Constitucional, que vela por el buen funcionamiento de la Justicia», razona.

Subraya que ese principio de independencia «lo es precisamente respecto del Parlamento», por lo que no tiene cabida dar a una comisión de investigación la potestad de auditar su actividad: «Un juez solo puede responder, en lo disciplinario, ante el Consejo General del Poder Judicial, (salvo responsabilidad penal), y su actividad sólo puede evaluarla el Tribunal Constitucional», zanja.

«Es el far-west», añade la catedrática de Constitucional Teresa Freixes. «Estamos llegando a un punto en el que parece el mundo al revés. Incluir en un acuerdo que los jueces prevaricaron por el hecho de aplicar la ley a golpistas y otros delincuentes que actuaron contra el orden constitucional es de lo más indigno que he visto en mi vida», dice. Considera «insólito que un partido como el socialista les haya comprado el marco mental».

Todas las asociaciones de jueces y todas las asociaciones de fiscales, en una unanimidad muy excepcional, se posicionaron este miércoles en contra del acuerdo por las mencionadas referencias al 'lawfare' y las comisiones de investigación. En respuesta, el PSOE mandó un mensaje a la prensa menos de ocho horas después de firmar el acuerdo asegurando que el texto sólo alude «a las comisiones pactadas con Junts y con ERC para la constitución de la mesa del Congreso. Ninguna otra». Se trata del análisis de la operación Cataluña y del caso Pegasus.

«El Parlamento no va a realizar, en ningún caso, una revisión de ninguna sentencia o resolución judicial. El Parlamento no fiscalizará a los jueces. Eso no es lo pactado ni se podría haber pactado» decían desde el partido.

El literal del acuerdo dice así, en el epígrafe sobre «la ley de amnistía»:

Esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos. En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas.

Otra arista del acuerdo son los plazos de cobertura de la ley de amnistía. El texto refiere que abarcará «tanto a los responsables como los ciudadanos que antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017 han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos».

Santos Cerdán fijó ayer el contador en el año 2012 y para Freixes, tanto da: «Es una amnistía 'ad personam' que no va dirigida al interés general. Lo que han hecho es un cálculo temporal para que cubra lo que les interesa». Para la catedrática, los postulados que recoge el acuerdo se resumen en «una deconstrucción» del sistema constitucional.

Álvaro Rodríguez Bereijo, expresidente del Tribunal Constitucional, está en una tesis similar: «El Derecho de la Constitución Española cede ante la Política y la fuerza normativa de los hechos. Es una vieja historia ya vivida en Alemania», comenta a ABC.

Destaca del acuerdo lo que supone de «desmontar» la sentencia del Constitucional del año 2010 sobre el Estatuto de Cataluña, entre otras razones, por el relato que construye el texto, que pone en solfa la actuación del Tribunal de Garantías.

En concreto, le sitúa como el principal desencadenante de que se haya llegado a esta situación, este momento concreto en el que el partido que quiere renovar en La Moncloa y el que lidera un prófugo de la justicia han tenido que pactar «para procurar la plena normalidad política, institucional y social».

«Una parte importante de la sociedad catalana ha protagonizado en los últimos años una gran movilización en favor de la independencia. Este período no puede comprenderse sin la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, a raíz fundamentalmente de un recurso del PP contra el Estatut aprobado por el Parlament, por las Cortes Generales y en referéndum», dice el preámbulo del texto.

Vicente Garrido, catedrático de Constitucional, subraya este fragmento como parte del «sinfín de falsedades, de inexactitudes y de acusaciones intolerables» que contiene el documento. El TC tumbó 14 de los 123 artículos impugnados y no es el único estatuto que ha revisado. Anuló preceptos de los de Castilla y León y Andalucía, en 2011, sin ir más lejos y en todo caso, «la inmensa mayoría» de los ciudadanos no han votado los de sus autonomías, como recuerda Garrido.

Otro de los puntos fuertes del acuerdo es el reconocimiento de que un mediador internacional supervisará el cumplimiento de los términos pactados y las negociaciones.

Para Tajadura, el pacto descarrila de nuevo: «En ningún Estado democrático hay observadores internacionales que medien o supervisen ninguna negociación. El único marco de negociación es el Parlamento de Cataluña, que es donde hay que resolver las negociaciones. Un mediador así es una injerencia», asegura, para lamentar que se trata de «una cesión completa». Subraya en este punto los compromisos para una Hacienda catalana porque, dice, «no cabe en la Constitución».

Pero si hay un asunto que dará que hablar y tensará aún más las instituciones es la mención del acuerdo a un referéndum al amparo del artículo 92 de la Constitución, el que recoge esta figura en los términos de consulta a «todos los ciudadanos».

Para Bereijo, no cabe ni aunque fuese consultivo «porque la autodeterminación es abierta y manifiestamente contraria a la Constitución».

«Colocan a nuestro sistema constitucional al borde del abismo en una situación gravísima, sin precedentes», añade Maribel Álvarez. Es el sentir que comparten todos los juristas sondeados.