Presupuestos generales
Yolanda Díaz propone prohibir la compra de vivienda en zonas tensionadas si no es para uso habitual o alquiler asequible
Plantea condicionar más de 40.000 millones de ayudas a las comunidades autónomas a que estas suscriban a ley de Vivienda
Sumar lanza una batería de subidas fiscales a grandes fortunas y rentas altas para recaudar 27.000 millones de euros
Pide hacer permanente el impuesto a banca y energéticas, reducir la el tributo de solidaridad a fortunas a partir de un millón de euros y gravar las herencias que sumen esta misma cuantía
La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, lanzó este lunes una batería de propuestas para negociar con el PSOE en el marco de los Presupuestos Generales del Estado con el foco puesto en una reforma fiscal que grave a las grandes fortunas y a las rentas altas, y con la regulación del mercado de la vivienda. Sobre este punto se incluyen las principales novedades del plan de Sumar: prohibir la compra de vivienda de forma temporal en las zonas declaradas como tensionadas si no son para uso habitual o para ofrecer como alquiler asequible, y condicionar además casi 50.00 millones de ayudas para las comunidades autónomas a que estas suscriban la ley de Vivienda aprobada ahora hace dos años y medio.
Concretamente, en el plan enviado al PSOE con las líneas fundamentales de su plan presupuestario Sumar pone el foco en las medidas destinadas a regular el mercado de la vivienda. En el caso de la prohibición, fuentes de la formación aclaran que se trata de una medida temporal para las zonas más tensionadas. Y se haría a través del domicilio fiscal condicionando la compra a que esta tenga un uso habitual durante un tiempo determinado por parte del comprador, impidiendo su venta en este periodo, o se ponga en el mercado con un alquiler a precio asequible.
Aquí, se pondría el foco en las prohibiciones de compra a grandes empresas, que asegura la formación están comprando aún en estas zonas. Y se completaría también con la prohibición de los pisos turísticos ilegales, elevando las sanciones para los propietarios de los mismos. Y también elevando el IVA para aquellos que sí están reglados al 21%. «Están tensionando el mercado y expulsando a la gente de los barrios», aseguraba la ministra de Trabajo durante la presentación del documento de medidas.
También propone que en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades se suprima en el cálculo de sus rendimientos la deducibilidad de los gastos financieros, de amortización y de mejora de la vivienda turística en zonas tensionadas. También en zonas tensionadas, plantea elevar la imputación de rentas inmobiliarias al 20% en el IRPF en los periodos de no ocupación.
La otra medida con la que la vicepresidenta Díaz pretende influir en el mercado inmobiliario es forzando a las comunidades autónomas que aún no lo han hecho a aplicar los términos de la ley de Vivienda aprobada en febrero de 2022, principalmente las gobernadas por el PP, para que se amplíe el mapa de zonas tensionadas declarados a lo largo del territorito. Señalan las fuentes de la formación consultadas que si bien no se puede intervenir sobre competencias autonómicas sí que se podría condicionar la llegada de ciertas ayudas económicas. Concretamente, entrarían en este marco los 2.000 millones de euros consignados a tal fin en los Presupuestos Generales del Estado, además de otros 40.000 millones que se desplegarían a lo largo de la legislatura a través de créditos blandos que posibilitan los fondos europeos.
Más en detalle, la formación que cogobierna con los socialistas plantea que estos fondos se condicionen a que, a través de las competencias autonómicas, las regiones lleven a cabo planes de movilización de vivienda vacía para su incorporación al mercado y también para la construcción de nueva vivienda, pero a través del Estado «orillando a las promotoras privadas». Se prevé que con estos fondos se podrían llegar a levantar 500.000 viviendas de carácter social, puestas en el mercado con unos precios de alquiler de entre 400 y 600 euros.
Unos 27.000 millones de recaudación
La otra pata clave de la propuesta presupuestaria de Sumar va en la dirección de intensificar el gravamen a las rentas altas y las grandes fortunas con un paquete de medidas con el que se prevé recaudar hasta 27.000 millones de euros más al año. En este pliego de medidas la vicepresidenta plantea, entre otras, hacer permanente el impuesto a la banca y las energéticas, además de rebajar a partir de 1 millón de euros el tributo de solidaridad a las grandes fortunas -ahora aplicado a los patrimonios de más de 3 millones de euros-, y sin perjuicio del mínimo exento de 700.000 euros, y trasladarlo a las herencias que alcancen el valor de ese millón de euros una vez descontada la vivienda habitual.
Este impuesto sería la diferencia entre el gravamen estatal y el establecido por las comunidades autónomas, incentivando a estas últimas a no reducir el impuesto por debajo del mínimo establecido. Según se desgrana en el documento, el impuesto estatal a las herencias se establecería para las herencias mayores de un millón de euros y se realizaría de forma similar al impuesto a las grandes fortunas.
Ya que la ley de Presupuestos Generales no puede introducir un nuevo tributo ni modificar el IRPF en este sentido, se propone que este compromiso acompañe la aprobación de los PGE y se desarrolle como una proposición de ley en los próximos 6 meses.
IVA a sanidad y educación privada
Por otro lado, Yolanda Díaz plantea aplicar el IVA a educación y seguros sanitarios privados, así como reducirlo en productos y servicios básicos, como peluquerías, centros veterinarios, pañales y productos sin gluten.
Adicionalmente, se plantea también aumentar la tributación de las rentas de capital y se propone crear un nuevo tramo en el IRPF para rentas del trabajo a partir de 150.000 euros, aumentando su progresividad.
También se plantea elevar la recaudación del impuesto de Sociedades procedente de las grandes corporaciones revisando y reduciendo las deducciones; limitando a 4 años la compensación de pérdidas o deducciones no aplicadas; eliminando el régimen de consolidación de grupos empresariales; y suprimiendo el beneficio fiscal de «doble imposición internacional» de dividendos a los beneficios repatriados de países de fuera de la UE.
Y profundizar en las medidas de prevención del fraude fiscal, con el fin de eliminar los privilegios fiscales de los que aún disfrutan las Sicav, estableciendo un tope de concentración de capital en manos de un mismo accionista y un periodo máximo de permanencia para las plusvalías acumuladas de 4 años. Para las socimis, Sumar plantea reducir la bonificación del 95% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
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