Las piezas que no terminan de encajar en el engranaje de la nueva ley de industria

Como apuntaba el propio ministro de Industria tras la aprobación del Anteproyecto de Ley, se ha producido un cambio de paradigma al que es necesario dar respuesta en un momento especialmente delicado. «Nos hallamos en un contexto de pérdida de competitividad global que exige una transformación y la puesta en marcha de una política activa de nuestra industria», explica Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española. «Las recientes crisis –continúa– han puesto de manifiesto la necesidad de incrementar la autonomía estratégica del país, dotándonos de cadenas de valor completas y reduciendo nuestra dependencia de terceros».

Los Barómetros Anuales de Cogiti (Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España) también dan cuenta de una clara desventaja competitiva de nuestra industria, fruto de la deslocalización, la falta de inversión en I+D+I y el extraordinario impulso y desarrollo de los países emergentes. «Hay otros factores que se suman como los altos costes energéticos, el acceso a las materias primas y materiales críticos, el capital humano (falta de vocaciones para el sector), el pequeño tamaño de las empresas industriales y su difícil acceso a la innovación y digitalización, pero sobre todo, el altísimo grado de autoexigencia que nos hemos marcado, pero que no exigimos y no cumplen, otros países competidores», explica José Antonio Galdón Ruiz, presidente de Cogiti.

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¿Podrá la nueva Ley revertir esta situación y dar el empujón definitivo a nuestro tejido industrial, acelerando además su inaplazable puesta al día tecnológica? En opinión de José Antonio Galdón Ruiz, una de las principales fortalezas de esta Ley aparece en su propia nomenclatura, 'Autonomía Estratégica', desarrollada en el título III. «Esto requiere de un marco legal que permita llevar a cabo las actuaciones que sean precisas, pero además deberían venir acompañadas de medidas fiscales específicas para generar inversiones. Esperemos que se consideren tanto en la Estrategia Española de Industria y Autonomía Estratégica, como en los diferentes 'Planes Estratégicos' trianuales que prevé la Ley».

Otros aspectos positivos de esta nueva Ley señalados desde Gogiti son las medidas de impulso industrial en las zonas de reto demográfico que, «si bien no están claramente definidas, sí que manifiestan una clara intención de promover nuevo tejido industrial que permita a su vez el desarrollo y crecimiento de zonas en declive demográfico». También perciben como muy positivo las medidas de impulso a la competitividad y sostenibilidad ambiental en sintonía con las políticas europeas, así como la creación de la certificación de empresa industrial excelente, «que puede ser un estímulo importante para continuar creciendo e invirtiendo en un sector tan difícil y competitivo».

Desde la Alianza por la Competitividad de la Industria Española también se señala una cuestión que, «aunque puede parecer menor, resulta determinante: la Ley expone las ventajas de reindustrializar nuestra economía, para lo que reconoce la necesidad de articular una política industrial activa –explican–. A nuestro juicio mantiene un enfoque positivo en cuanto a atraer y establecer grandes proyectos industriales en España. También el hecho de reconocer la transversalidad de la industria (Energía, Transporte, Logística, Fiscalidad, Empleo, etcétera). De igual modo, muestra potencial para alinear la legislación nacional con iniciativas europeas como las señaladas en el informe Draghi, orientadas a impulsar un proceso de reindustrialización sostenible, desincentivando el traslado de operaciones industriales a otras áreas económicas».

No obstante, Bernardo Villazán, director del Máster en Industria Conectada de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad Pontificia Comillas (Comillas ICAI), considera que, «aunque la Ley supone un paso significativo hacia la modernización y fortalecimiento del tejido industrial español, como toda legislación, tiene sus límites y puede no abordar todas las cuestiones relevantes para el sector». Villazán señala falta de profundidad respecto a los programas de formación, capacitación y desarrollo de competencias transversales. También echa de menos que no se contemplen medidas específicas para la financiación y la internacionalización de las pymes industriales; criterios ambientales más estrictos en las contrataciones públicas; medidas para fomentar la reutilización, el reciclaje y la reducción de residuos en los procesos industriales, así como mecanismos de colaboración más ágiles entre el sector privado y el público, entre otras carencias.

La falta de concreción y de ambición del texto son dos debilidades señaladas por la Alianza por Competitividad de la Industria Española. «A nuestro juicio es esencial establecer plazos concretos y el instrumento de financiación sobre el que se va a sostener el proceso, para lo que consideramos esencial establecer un instrumento basado en un modelo de financiación permanente que supere el actual esquema de ayudas. Es imprescindible dotar financieramente la necesaria transición verde de la industria. Hagámoslo con 'las cuentas claras' desde el principio. Porque para atraer e incentivar la inversión a este sector es necesario eliminar las incertidumbres creando un entorno predecible. Según nuestras estimaciones, este fondo debería contar con una aportación anual cercana a los 2.500 millones de euros, cifra con la que podría garantizarse la competitividad de los activos industriales estratégicos de España», explican de esta entidad.

Respecto a la escasa concreción, Carlos Reinoso considera que el actual texto tampoco presenta medidas concretas para el impulso de la competitividad industrial, así como medidas específicas para reducir el coste energético industrial. Y es que el alto coste de la energía continúa siendo un freno para la competitividad de las empresas de muchos sectores industriales, ya que es un factor determinante para la industria en su conjunto, incluso, en sectores no intensivos.

«La mayor debilidad que presenta esta Ley es la propia formalidad en su elaboración, dado que considero que igual que otras materias estratégicas para el desarrollo y progreso de un país, deberían ser fruto de un extraordinario consenso culminado en un Pacto de Estado, lo cual, y con la actual situación política, parece algo muy difícil de alcanzar», explica José Antonio Galdón Ruiz. «Tampoco hay que olvidar que el éxito de esta Ley dependerá a su vez de otras estrategias y medidas específicas para el sector industrial como sería una fiscalidad diferente y adecuada a las necesidades específicas del tejido industrial, reformas del sector energético que permitan la estabilidad de los precios, y medidas específicas en el mercado laboral, que sean capaces de generar y captar talento».

«Consideramos que las enmiendas que se hagan al texto deberían contar con el máximo consenso durante el trámite parlamentario del Anteproyecto, con el objetivo de hacer viable el necesario y urgente proceso de reindustrialización de la economía y favorecer la atracción de proyectos potentes de inversión industrial –afirman desde la Alianza por Competitividad de la Industria Española–. Apelamos a ese consenso, pues es así como el poder legislativo demostraría visión de país sobre el papel que debe jugar la industria en nuestro modelo económico y social».