La OIT pone en vigilancia al Gobierno tras denunciar CEOE que incumple sus convenios

Este pronunciamiento vino precedido de las denuncias que, tanto sindicatos como empresarios, realizaron en 2022 ante el organismo por la vulneración de las «consultas efectivas» por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, una acusación que también elevaron las centrales ante la OIT en la etapa de Mariano Rajoy.

El debate sobre este incumplimiento se realizó esta misma semana, de forma previa a que la OIT reclamara a empresarios y sindicatos que se ratificaran en sus denuncias, se retractaran o añadieran lo que consideraran oportuno. En el caso de los sindicatos sí hubo un cambio de posición, para asegurar que no había vulneración alguna del convenio en España, a diferencia de la CEOE que criticó ante el organismo que el periodo de consultas del Ejecutivo sobre asuntos laborales se limitaba en nuestro país a enfoques puramente formales. La defensa por parte del Gobierno corrió a cargo del secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, quien argumentó, en línea con el pronunciamiento de los sindicatos, que las quejas por el incumplimiento del convenio 144 estaban ya resueltas y se remontaban al anterior gobierno del Partido Popular.

La encargada de defender la posición de la CEOE fue su directora de Relaciones Laborales, Rosa Santos. Ante el máximo órgano laboral hizo una defensa del diálogo social y de los 17 acuerdos alcanzados entre el Gobierno y los agentes sociales en nuestro país desde 2020, pero también recordó que las cosas han ido por otros caminos en los últimos años.

En un discurso muy duro, la responsable laboral de la patronal recordó que para que las consultas tripartitas sean eficaces no pueden limitarse a enfoques formales, como ocurre en España desde el año 2022. Denunció que el Ejecutivo ha aprobado una treintena de normas al margen del diálogo social y que, en la mayoría de los casos, no se han consultado con empresarios y sindicatos, y que cuando sí lo hicieron, esos plazos de consulta fueron muy reducidos.

Rosa Santos se refirió, en concreto, a la injerencia del Gobierno en la autonomía de los interlocutores sociales con la cesión al nacionalismo vasco de la prevalencia de los convenios autonómicos frente a los convenios sectoriales estatales y nacionales, pese a que este traspaso, puntualizó, fue rechazado de forma expresa por los interlocutores sociales cuando se intentó hacerlo en la reforma laboral de 2021. Esta modificación, que se coló de tapadillo el pasado mayo en el decreto que reformó el desempleo, es para la CEOE una intromisión sin precedentes del Gobierno en la negociación colectiva, que contraviene el artículo 7 del convenio 154 de la OIT sobre negociación colectiva, ratificado por España en 1985.

Como conclusión, la responsable de la patronal explicó ante el organismo laboral que el diálogo social y el modelo de negociación tripartita no pueden ser selectivos, ni tampoco estar al albur de los intereses de los gobiernos de turno porque, según argumentó, son esenciales para la democracia y la buena gobernanza.

Oídas las partes, la OIT hizo públicas sus conclusiones. Recordó que «la consulta tripartita para promover la aplicación de las normas internacionales del trabajo es de suma importancia». Y reclamó al Gobierno que «continuara garantizando la consulta efectiva con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores», además de que «proporcionara información sobre la frecuencia de dichas consultas y los métodos de trabajo».