Los inspectores de Hacienda denuncian los bandazos del Gobierno con la financiación catalana
La asociación IHE recuerda que hasta hace unos meses el Ejecutivo seguía asegurando buscar un 'consorcio', que no un concierto, y opina que los cambios de opinión obedecen a razones políticas
Un ex cargo de Hacienda advierte de la localización de tramas de fraude en Cataluña si se rompe la Agencia Tributaria
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha sido poco sincero en lo que refiere a la cesión de impuestos a Cataluña, o cuanto menos, ha tratado de jugar al despiste con la terminología. Hasta hace apenas unos meses la posición oficial del Gobierno era en favor ... de un consorcio económico, que no 'concierto', pero mientras tanto, PSC y ERC no dejaban de negociar la cesión total de los impuestos a la Generalitat a cambio de la investidura de Salvador Illa, cosa que se materializó el 28 de julio. En un documento presentado el pasado octubre, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) denunció estos cambios de opinión y aseguró que no están motivados más que por motivos políticos.
Para contextualizar el caso hay que remontarse a noviembre de 2023 -por no hacerlo a 2017, cuando Sánchez se oponía de plano al pacto fiscal-, cuando, en el marco de las negociaciones para la investidura del presidente del Gobierno, se firmó un acuerdo entre PSOE y Junts en el que, a cambio de siete votos independentistas, se contemplaba la aplicación en Cataluña de un modelo equivalente a los que operan en País Vasco y Navarra.
Pero, y ahí está la clave, por entonces Sánchez hablaba de desarrollar un consorcio entre la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y la Agencia Tributaria Catalana (ATC), misma propuesta que defendió Illa -por entonces líder de los socialistas catalanes- apoyándose en el artículo 204 del Estatuto de Cataluña, que prevé que la gestión, recaudación, liquidación e inspección de impuestos del Estado pueda ser delegada a la Generalitat con la constitución de un consorcio o ente equivalente.
El problema con esta justificación, y así lo explicó la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) en un documento de marzo de 2024, es que el consorcio está previsto como una fórmula de colaboración entre administraciones cuando la naturaleza del tributo así lo exija, y, por tanto, no puede amparar la cesión de todos los impuestos estatales recaudados en ese territorio.
Casi un año más tarde, cuando lo que se negociaba era la investidura de Illa para la presidencia de la Generalitat, la ministra María Jesús Montero volvió a la carga asegurando que se trataba de que Generalitat y Estado 'compartieran' impuestos. «Básicamente, la propuesta que ha defendido siempre ERC es una suerte de concierto económico para Cataluña. Yo no comparto un concierto económico para Cataluña. Lo he dicho en múltiples ocasiones«, dijo a mediados de julio la ministra. Y de repente, quince días más tarde apoyó el preacuerdo entre el PSC y ERC en la Ejecutiva Federal del PSOE. Una semana más tarde, Illa era investido presidente de la Generalitat.
A vueltas con el consorcio
¿Y dónde queda el célebre consorcio? En verano hubo alguna confusión sobre lo que realmente suponía esta figura, que, hay que recordar, es una entidad de derecho público creada por varias administraciones. ABC preguntó al IHE, que por boca de un portavoz dijo verlo como algo a lo que los independentistas «se agarran» para conseguir el traslado de la totalidad de la recaudación, aunque sea de manera progresiva. El sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, en cambio, veía margen para una gestión de los impuestos compartida sin que necesariamente acabara redundando en una entrega de la recaudación a Cataluña.
El tiempo ha dado la razón a los que temen que acabe sucediendo esto último, pues el pacto suscrito entre PSC y ERC contempla la cesión a la Generalitat de los medios materiales, humanos y tecnológicos de los que dispone la AEAT en ese territorio. En el mismo día de la firma del pacto, dirigentes de ERC manifestaron que la independencia fiscal era un paso muy importante para lograr la independencia de Cataluña.
El último hito en el calendario de ejecución de la cesión tributaria fue la creación de un grupo de expertos por parte de la Generalitat el pasado octubre, cuya función es diseñar la arquitectura del nuevo modelo de financiación basado en «la aportación a los gastos del Estado a través de un porcentaje de participación en los tributos y de una aportación a la solidaridad con las otras comunidades», explicó entonces la Generalitat, y estudiar la asunción por parte de la Agencia Tributaria Catalana de los impuestos que ahora gestiona la AEAT.
Para llevar a cabo esa asunción de tributos, que significaría pasar de recaudar 4.705 millones de euros anuales -lo que captó la ATC en 2023- a 53.543 millones -lo que recolectó el Estado en Cataluña el año pasado (un 19,68% del total estatal)-, es necesario que la Generalitat se haga con los recursos y personal que la AEAT tiene en Cataluña. Supondría pasar de un presupuesto de poco más de 92 millones de euros y de 852 empleados a 370 millones de presupuesto y 3.400 empleados. Lógicamente, estos 3.400 empleados tendrían que provenir de las filas de la AEAT, que tiene 3.800 en Cataluña.
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