El Gobierno recorta sólo un año después de 960.000 a 40.000 los empleos que creará la reforma laboral

El preceptivo ejercicio de estimación de impacto de las principales reformas nacionales que Bruselas obliga a los países incluir en sus planes nacional de reformas concluyó que las medidas contra la temporalidad -auténtica medida estrella de la reforma laboral pactada por el Ministerio de Trabajo con los agentes sociales- alentarían un incremento de la ocupación del 4,8% a partir de 2022, lo que calculado sobre los algo más de 20 millones de ocupados registrados por aquel entonces resultaba en unos 960.000 nuevos puestos de trabajo.

Apenas ha pasado un año desde entonces, pero la simulación remitida a la Comisión Europea hace unos días por el Gobierno, en el marco del Plan Nacional de Reformas de 2023, presenta un escenario radicalmente diferente. Lo que en el plan de 2022 era un incremento agregado de la ocupación del 4,8% para el horizonte 2025 por las medidas de la reforma laboral para eliminar la dualidad del mercado de trabajo, sobre la premisa de que la temporalidad caería hasta el 14,1%, en el plan de este año se ha quedado en un mucho más modesto 0,2%.

Muchos de los análisis realizados sobre el contenido y efectos de la reforma laboral aprobada por el Gobierno hace poco más de un año coinciden en señalar las modificaciones en la regulación de la contratación como el pilar central de la nueva normativa. Y el primer impacto de la nueva normativa laboral parece atestiguar esa conclusión: la temporalidad ha pasado del entorno del 25% a situarse en el 17% solo un año después.

Pero la información remitida a Bruselas revela que el Gobierno esperaba mucho más de su medida estrella. No solo reducir la temporalidad, lo que se vislumbraba como una consecuencia casi necesaria de la reforma aunque simplemente fuera en el plano estadístico, sino animar la creación de empleo. Tal vez los primeros datos del mercado de trabajo en 2022 nada más aprobarse le convencieron de ello, al constatar ritmos de aumento de la afiliación que llegaron a ser del 5%. Quizá embriagado por unas expectativas excesivamente halagüeñas, el Gobierno remitió el año pasado a Bruselas dentro del Plan Nacional de Reformas esa simulación de resultados de la reforma laboral, en la que esperaba un incremento del 4,8% de la ocupación y la generación de 960.000 nuevos puestos de trabajo.

El tijeratazo propinado por el Ministerio de Asuntos Económicos a esa expectativa de mayor ocupación hasta el 0,2% implica que esos 960.000 nuevos puestos de trabajo que el Gobierno atribuía a estas medidas el año pasado se quedan ahora en apenas 40.000, un 96% menos.

Y no es el único efecto que el Gobierno ha tenido que ajustar. Las expectativas de mejora de la inversión empresarial y de impulso del consumo que el año pasado se trasladaron a Bruselas, que auguraban que la formación bruta de capital fijo aumentaría un 1% y el consumo privado casi un 2%, se han diluido en el plan de este año que ya no prevé ningún efecto relevante en esos capítulos. El consumo privado ya no avanza un 1,96% sino un 0,2%.

El Gobierno ha terminado por asumir que el impacto de su ofensiva para reducir la dualidad del mercado de trabajo, entendida como la diferencia lacerante entre empleados fijos con una gran protección por sus altas indemnizaciones en caso de despido y una mayoría de contratos temporales con elevados niveles de precariedad, no será tan significativo, una vez comprobado que un año después la ocupación ya no se mueve en las cifras de los primeros meses de 2022 sino en un 2,9%. El fuerte ajuste aplicado al impacto de las medidas para combatir la dualidad no ha afectado al otro elemento de la reforma laboral cuyo impacto se simuló el año pasado: el del Mecanismo Red de protección permanente a los trabajadores de empresas en crisis, al modo de los ERTE.

El ejercicio de simulación descuenta una reducción en el coste de publicar vacantes para las empresas y como consecuencia una reducción de los costes de ajuste laboral, contrataciones y despidos; así como un incremento de la flexibilidad interna por la reducción de esos costes, bajo la premisa de que tendrán un efecto sobre el mercado laboral similar al que tuvieron los ERTE durante la pandemia.

El Gobierno estimó el año pasado que este dispositivo mejoraría la ocupación un 1,7%, es decir, que permitirá preservar unos 340.000 puestos de trabajo que bajo otra normativa laboral correrían el riesgo de ser destruidos. Nada se ha tocado de esa estimación, que además descuenta efectos positivos tanto sobre el crecimiento y la inversión como sobre el consumo privado, beneficiados tanto por la reducción de los costes empresariales como por el blindaje de ese número de empleos.