El Gobierno autoriza con condiciones que la teleco saudí STC alcance cerca del 10% de Telefónica

Cuando se inició la operación, STC, propiedad de Public Investment Fund (PIF), el fondo soberano que controla la familia real de Arabia Saudí, anunció la compra de un 4,9%, sin la necesidad de la autorización del Gobierno, si bien explicaba que poseía además otro 5% adicional en derivados financieros, para el que sí que necesitaba el OK del Ejecutivo español por el escudo antiopas que hay en vigor. Una operación por un montante de alrededor de 2.100 millones de euros.

«Esta aprobación supone un avance significativo para STC Group, y refuerza su compromiso de invertir en activos de gran valor como parte de su plan estratégico de crecimiento y expansión. Con la adquisición de acciones en activos estratégicos, STC Group demuestra su confianza en la capacidad de Telefónica de mantener su posición de liderazgo en el mercado, aprovechando sus infraestructuras, capacidades tecnológicas avanzadas y amplia presencia en Europa y América Latina», ha informado el grupo saudí en un comunicado. «La aprobación supone el reconocimiento del Gobierno español al papel estratégico de STC Group como accionista, valorando su contribución al desarrollo y crecimiento a largo plazo de Telefónica», ha añadido.

Olayan Al-Wetaid, consejero delegado de STC, ha comentado: «Haber obtenido las aprobaciones refleja el papel de STC como un 'partner' estratégico para Telefónica a largo plazo. Como uno de los accionistas mayoritarios de la compañía, mantenemos la confianza en el liderazgo y visión estratégica de Telefónica, con expectativas de trabajar juntos para crear valor para todos los accionistas».

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María Jesús Pérez

La ampliación de la participación del 4,9% a casi el 10% se lleva a cabo bajo ciertas condiciones impuestas por el Gobierno y aceptadas por los árabes. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, no ha desvelado las condiciones exactas que se han impuesto a STC aunque sí ha señalado compromisos para garantizar la operativa de la empresa española, la salvaguarda de los intereses nacionales y que se proteja las infraestructuras críticas. Según publica 'El País', también se incluye el compromiso de mantener en Bolsa a Telefónica y garantizar que la sede de la compañía se mantendrá en cualquier caso en España. Exigencias que ya se han impuesto en otros casos que han levantado ampollas en el Gobierno en los últimos años, como fue en el caso de IFM en Naturgy; en esta última, de hecho, las condiciones fueron incluso mayores.

Entre las condiciones no figura ningún veto a que STC pueda entrar en el consejo de administración, lo cual es su intención aunque por el momento se desconoce cuándo pedirán un sillón los saudíes; el grupo árabe recoge expresamente en su comunicado que adquieren «el derecho a nombrar a un representante en el consejo». Para darles entrada necesariamente tendrán que producirse cambios en el órgano de la empresa española, presidida por José María Álvarez-Pallete, aunque este señaló recientemente que no esperaba acometer ninguna revolución en el consejo.

Las opciones para dar entrada a los saudíes son varias. Por una parte, que Telefónica decida ampliar el número de miembros del consejo de administración a 16 desde los 15 actuales; por otra, que se les haga sitio dando salida a algún consejero ya presente. En la teleco española hay dos consejeros ejecutivos (presidente y CEO), tres consejeros dominicales (Criteria, SEPI y BBVA), nueve independientes y la figura de otro externo encarnada en Javier de Paz, próximo al PSOE.

Así las cosas, el Ministerio de Defensa, liderado por Margarita Robles, tras los 'sí' de Economía y de Transformación Digital, llevaba meses con el expediente de la operación de ampliación de STC sobre la mesa, si bien diferentes «contrariedades» y problemas de máxima urgencia en la agenda de la ministra habían ido postergando la autorización, tal y como adelantó este periódico, por el conflicto del Líbano primero, o con la DANA, después. La importancia de la aprobación de la cartera de Robles se estaba haciendo de rogar y era de vital importancia para el Gobierno español, al ser Telefónica el principal proveedor de comunicaciones del Ejército en España.

El silencio de STC desde el anuncio de la operación hace más de un año hasta hoy mismo, y el que no hayan pedido la autorización al Gobierno para hacer efectivo ese 5% en derivados hasta, según confirmaron a este periódico, el pasado mes de junio, se justificaba con el objetivo de estudiar en condiciones y sin contratiempos su posición futura y su interés en Telefónica, viendo la evolución de la acción y los movimientos del resto de protagonistas en torno a la operadora.

Mientras tanto, ante la idea de que los saudíes consiguieran subir su posición al entorno del 10%, otro de sus accionistas clave, Criteria Caixa, apelando a la defensa de la españolidad de una de nuestras empresas más estratégicas, aumentó también su participación hasta el 9,9%, al tiempo que adelantaba que lo subiría definitivamente hasta el 10,01%.

Por su parte, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en representación del Estado, también compró, en paquetes en diferentes ocasiones, hasta otro 10%, lo que le valió un representante en el consejo muy afín al Gobierno, sobre todo al propio presidente, Pedro Sánchez: el profesor de tesis doctoral, Carlos Ocaña.