Feijóo prepara el cese de la directiva de Correos y una auditoría de las cuentas

La gestión de Serrano en la legislatura de Pedro Sánchez ha dañado su solvencia financiera. El patrimonio neto del Grupo Correos se ha reducido a la mitad, desde los 1.615 millones en que estaba en 2017 hasta 851 millones por el impacto sobre todo de la deuda de la compañía, que se ha más que duplicado durante la era Serrano. No han ayudado proyectos como el de Correos Cargo, el servicio de transporte aéreo de mercancías con el que aspiraba a sentar las bases del gran operador logístico internacional en el que planeaba convertir a la empresa postal del Estado. Una aventura empresarial que en 2022, el único año de contrato con Ávoris, registró unas pérdidas totales que podrían ascender a 25 millones de euros.

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Dar un giro de 180 grados a la empresa pública está en la agenda de Alberto Núñez Feijóo. El presidente del principal partido de la oposición conoce a fondo la compañía, que dirigió entre mayo de 2000 y enero de 2003, años clave que coincidieron con la conversión de Correos en sociedad anónima estatal. Hace unos días el líder de la oposición calificaba a la directiva de la empresa de «muy mediocre» y de «no hacer una buena planificación para evitar todo el lío que hemos tenido con una empresa postal que ha sido impecable en todos los procesos electorales que ha habido en España». De llegar a La Moncloa el cambio será inminente.

La idea del nuevo Ejecutivo de Feijóo si gana las elecciones es auditar todas las cuentas de las empresas públicas, y en ese plan entra Correos, una de las más deficitarias de las compañías que controla la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y la principal culpable de que el holding público redujera su beneficio un 73% el año pasado. Por ello, los esfuerzos del posible gobierno entrante se centrarán en sanear la postal tras años de pérdidas de gran magnitud, alto nivel de endeudamiento e inversiones fallidas. Las intenciones quedan plasmadas incluso en el programa electoral del PP, donde ya adelanta un plan estratégico para la recuperación, transformación y crecimiento empresarial de la postal «con el fin de recobrar la posición competitiva de la compañía en el mercado y la senda del crecimiento y la eficiencia y sostenibilidad del servicio público postal».

El Partido Popular está terminando de perfilar sus líneas maestras respecto a la estrategia que seguirá para tratar de devolver a la compañía a la senda de la rentabilidad, pero ya tiene claro por donde empezar a atajar una gestión muy discutida, como así explican fuentes cercanas a los populares. La primera medida será acabar con la cúpula actual de Correos que preside Juan Manuel Serrano. Los populares tienen claro que todos los males que sufre la compañía se han consumado durante la legislatura, desde que Serrano asumió el cargo en julio de 2018 (con Sánchez recién llegado a La Moncloa) y, desde entonces, ha sumergido a la sociedad postal en una crisis sin precedentes.

Toda la dirección actual de Correos, salvo el director de auditoría y control, Javier Monzó, se compone de nombramientos llevados a cabo por el exjefe de gabinete de Sánchez. Desde 2020, Serrano ha llevado a cabo una profunda renovación de su cúpula con el beneplácito de la SEPI. De hecho, algunos de estos relevos han llegado desde otras firmas de la compañía controlada por Hacienda. Son los casos del director de estrategia y desarrollo de negocio Enrique Cervera, anteriormente en la agencia EFE (también exportavoz de Manuel Chaves en el Gobierno andaluz entre 2002 y 2009) o de Fernando Ramírez llegado desde Navantia y que ahora desempeña el puesto de director de recursos humanos en la empresa postal. Ambos fichajes se culminaron el año pasado y vinieron precedidos por el de Sergio Peinado en mayo de 2021 como director de organización, tecnología e innovación.

Los nombramientos más recientes se dieron en el mes de marzo pasado cuando Santiago Ferrer, llegado desde la cadena de supermercados Dia, asumió la dirección financiera y Antonio Rueda, procedente de Airbus, la de operaciones.

Son nombres que ya están en el aire si acaba por producirse el cambio del Gobierno. Pero las intervenciones podrían no quedar ahí. En el seno del partido no descartan llegar hasta el fondo del asunto. Creen que además del chequeo de las cuentas, sería «muy conveniente» que la nueva directiva que asuma el control de Correos lleve a cabo una auditoría más a fondo para saber hasta donde llegan las pérdidas, la deuda, además del análisis de los contratos firmados en los últimos cuatro años por la directiva de Serrano.

Fuentes del PP no solo señalan a Serrano como principal responsable del desastre. También a la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, que asumió el cargo en marzo de 2021, en plena crisis reputacional del holding público, tras el judicializado rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra a cargo del fondo de salvamento para empresas estratégicas hundidas por la pandemia. Desde el principal partido de la oposición señalan que la culpa de Gualda es «in vigilando». «Su negligencia ha permitido el daño ya causado a Correos y el que se pueda seguir produciendo». Por lo que no sorprendería su salida de la dirección en los primeros compases de la legislatura. Es quizá un hecho.

La gestión de Correos antes de la llegada de Serrano no era perfecta, pero distaba mucho de lo que es hoy. Este periódico ha contado durante los últimos meses algunos de los negocios ruinosos por los que Correos ha acabado por asomarse al borde del abismo. En una senda que, de continuar así, podría llevarla incluso a la causa de disolución en apenas un trienio.

Durante la etapa del actual presidente se han firmado los dos peores años históricos de la empresa pública. El de la pandemia, en 2020, cuando se perdieron 260 millones, y el ejercicio 2022 donde la postal perdió 217 millones -maquillados por la activación de 62 millones en créditos fiscales por pérdidas de años anteriores sin los que las pérdidas podrían haberse elevado a los 279 millones-. En tan solo tres años el saldo negativo acumulado asciende a 600 millones de euros.