Los españoles encajan una derrama fiscal de entre 200 y 1.500 euros en tres años para financiar la espiral del gasto público

La estrategia del Gobierno ha servido para acelerar de forma sustancial la recaudación de las arcas públicas por este impuesto, que se ha disparado más de un 25% en solo tres años, pero lo ha hecho a costa de recortar la renta disponible de los contribuyentes, que han tenido que soportar en ese mismo periodo una mayor carga fiscal por el IRPF, suavizada en algunas comunidades autónomas que sí han deflactado la tarifa como la Comunidad de Madrid, La Rioja, Canarias, Aragón, País Vasco o Baleares.

Noticia Relacionada

El indicador de bienestar impulsado por Calviño no refleja la mejora del PIB

Bruno Pérez

El indicador que patrocinó Nadia Calviño como alternativa al PIB a la hora de medir la prosperidad del país detecta un deterioro de la calidad de vida en España pese a la mejora de los datos económicos

Más ingresos para las arcas públicas y menos renta disponible para los ciudadanos. Así lo ha demostrado el Registro de Asesores Fiscales (Reaf) en un informe presentado este jueves, que calcula el coste fiscal que la estrategia del Gobierno con el IRPF ha tenido para los contribuyentes desde las rentas medias-bajas hasta las rentas más altas del espectro.

La proyección demuestra que esta estrategia le ha servido al Gobierno para hacer caja a costa no solo de las rentas más altas sino también de las rentas medias y que solo el segmento de rentas más bajas, por debajo de los 21.000 euros, se ha librado de esta contribución silenciosa, gracias sobre todo a la rebaja para ese tramo aprobada por el Gobierno.

El impacto ha sido menor para los contribuyentes de los territorios que decidieron deflactar las tarifas del tramo autonómico del impuesto en este periodo: Galicia, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Castilla y León, Baleares, Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco y Canarias.

Según el Registro de Asesores Fiscales, en 2024 ya solo fue Canarias la comunidad autónoma que decidió actualizar sus tarifas con la inflación y este año, ya con el IPC en niveles más normalizados, ninguna comunidad autónoma ha previsto esta operación.

Entre el menú de opciones de política tributaria disponibles para amortiguar el golpe de la espiral inflacionista, que en apenas un puñado de meses disparó el coste de la vida cerca de un 11%, el de la cesta de la compra cerca de un 18% y el de la factura de la luz cerca de un 70%, erosionando de una manera inédita el poder de compra de los salarios, el Gobierno se decantó por no proteger los salarios -lo que como se ha demostrado después con la subida sin precedentes de los tipos efectivos del IRPF hizo que se incrementara por defecto la carga fiscal sobre los mismos- y aplicar rebajas específicas sobre la fiscalidad de algunos productos como la luz, el gas y los alimentos básicos.

Noticia Relacionada

Hacienda reconoce que asalariados y pensionistas pagaron más impuestos en 2022

Bruno Pérez

La mitad de los 10.000 millones de ingresos extra por retenciones de IRPF se derivó del movimiento de contribuyentes a tarifas más caras a causa de las subidas salariales propiciadas por la inflación

La estrategia del Gobierno sirvió para elevar de forma sustancial la recaudación de las arcas públicas por IRPF, hasta el punto de dispararse más de un 25% en solo tres años, aunque fuera a costa de reducir la renta real disponible de los contribuyentes, que hoy pagan en términos relativos más por IRPF que en 2021 y utilizar los 25.000 millones extra obtenidas por esta vía para sufragar las medidas del escudo contra la inflación.

Aunque el debate de la competencia fiscal parece centrado en la potencial atracción que puede suponer para las rentas más altas, la brecha en el rango de las clases medias empieza a ser significativo. Según un ejemplo incluido en el informe Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral, que cada año publica el Registro de Asesores Fiscales (Reaf) del Colegio de Economistas, las diferencias en la factura fiscal entre autonomías para contribuyentes con rentas declaradas de entre 30.000 y 45.000 euros llegan a los 800 euros.

Para los casos de contribuyentes solteros, menores de 65 años y sin hijos, que son probablemente el perfil más permeable a un posible traslado de residencia, si la renta declarada es de 30.000 euros la horquilla de su factura fiscal va desde los 4.546 euros que se pagan en los territorios forales vascos a los 5.038 euros que se pagan en Cataluña, con un desequilibrio fiscal próximo a los 500 euros.

Para el caso de contribuyentes con unas rentas netas del trabajo declaradas de 45.000 euros el territorio más amigable continúa siendo el País Vasco, donde bajo la regulación de 2025 pagarían 8.729 euros de IRPF, ligeramente por debajo de los 8.884 que se pagarían en la Comunidad de Madrid. Los residentes en Cataluña vuelven a ser los contribuyentes que soportan una mayor carga fiscal en este tramo, con 9.686 euros, por encima de Asturias (9.511 euros) y Castilla-La Mancha (9.478 euros). Los territorios forales, por el contrario, son donde las rentas bajas pagan más IRPF.