Las CC.AA. recurren a los bancos para rebajar la factura de la financiación 'barata' recibida del Estado en 2023

La Generalitat Valenciana anunció hace apenas unos días tres acuerdos con entidades bancarias, BBVA, Abanca y Banco Sabadell, para la obtención de préstamos por valor de 1.800 millones de euros con el fin de «refinanciar mecanismos del FLA del año 2023, que permitirán a la administración autonómica un ahorro en costes financieros superior a 60,4 millones para la vigencia de estos préstamos». Es decir, que el gobierno valenciano ha encontrado en el mercado unas condiciones de financiación sustancialmente mejores que las proporcionadas por los préstamos baratos del Estado para financiar su déficit a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), cuyo objetivo fundacional es precisamente abaratar a las administraciones autonómicas la factura de financiar su agujero presupuestario.

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«No ha habido opción de renegociar el tipo de interés que estableció el FLA para 2023», explican desde el Gobierno de la Comunidad Valenciana. «Se dio la oportunidad de conseguir unas condiciones mejores que las ofrecidas por la financiación del Tesoro más el diferencial que se aplica en el FLA y las hemos aprovechado, consiguiendo un ahorro importante», detallan. De hecho, no es la primera operación de esta naturaleza que formaliza el Ejecutivo de Carlos Mazón, que ya en octubre obtuvo 1.000 millones de euros de un crédito de CaixaBank, por lo que ya ha refinanciado una tercera parte de su deuda con el Estado por el déficit de 2023.

Lo que a simple vista asoma como una anomalía del sistema, que las autonomías obtengan en el mercado una financiación más barata que la que recibieron del Estado en condiciones supuestamente preferentes para no deteriorar su ya delicada posición presupuestaria, no lo es para el Ministerio de Hacienda. Fuentes del ministerio atribuyen estos movimientos, que exigen por cierto de la autorización previa del Gobierno, a las singulares circunstancias de 2023 en que la subida de los tipos de interés encareció la financiación del Estado y por tanto también las condiciones en que este cedió liquidez a las autonomías para financiar su déficit presupuestario, una condiciones que ahora se pueden mejorar en un contexto diferente.

Según la información oficial que proporciona Hacienda, los préstamos baratos por valor total de 31.644 millones de euros que el Estado realizó a las nueve autonomías que recibieron financiación del FLA en 2023 (Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Islas Baleares, Aragón, Extremadura, Cantabria, Castilla La Mancha y La Rioja) se hicieron a un tipo de interés de entre el 3,351% y el 3,514%.

Una extrapolación básica a partir del ahorro obtenido por la Generalitat Valenciana en su acuerdo con BBVA, Abanca y Sabadell al grueso de la financiación recibida del FLA por las comunidades autónomas en 2023 conduce a la conclusión de que las nueve autonomías afectadas podrían obtener un ahorro superior a los 1.000 millones refinanciando los préstamos recibidos del Estado a condiciones de mercado, o, de otra forma, que la financiación del Estado les estaría costando 1.000 millones respecto a la que podrían obtener de la banca.

Un sobrecoste relevante que aún repartido en una década afloraría en un momento particularmente delicado para las finanzas de las comunidades autónomas, que no solo tienen el imperativo de llevar sus cuentas a una situación cercana al equilibrio presupuestario (déficit del 0,1%) para cumplir con su contribución al plan de ajuste fiscal acordado por el Gobierno con Bruselas, sino que además tienen que hacerlo con un marco de financiación que se ha revelado como obsoleto y con una presión cada vez mayor por el lado de los gastos sanitarios y en servicios sociales.

Fuentes de varios de los gobiernos autonómicos que se encuentran en una situación similar a la de la Comunidad Valenciana, como los de la Región de Murcia, Castilla-La Mancha o Extremadura, admiten estar analizando opciones para reducir las cargas derivadas de los préstamos recibidos del FLA en 2023, aunque solo en el caso de la Región de Murcia se avanza que se solicitará autorización al Gobierno para realizar una operación similar a la realizada por la Comunidad Valenciana.

A juicio de los expertos consultados por ABC el episodio aporta una evidencia más de la necesidad de desmontar este mecanismo, que nació como una solución transitoria a la incapacidad de las comunidades autónomas para poder financiarse por su cuenta en los mercados durante los años posteriores a la crisis, pero que se ha consolidado en el ordenamiento jurídico nacional en buena medida por el fenomenal montante de deuda autonómica que ha terminado asumiendo el Estado.

Desde la activación de los mecanismos extraordinarios de liquidez el Estado ha financiado cerca de 400.000 millones de euros de déficit autonómico, de los que aún quedarían por devolver más de 150.000 millones de euros.Para el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y uno de los más reputados expertos en materia de financiación autonómica, Diego Martínez, estas cifras son la demostración de que «los planes de ajuste asociados a estos préstamos no han sido eficaces» y de que el Gobierno no tiene en estos mecanismos extraordinarios de financiación «ni los incentivos ni los instrumentos adecuados para prestar dinero de manera eficiente a las CC.AA. de manera continuada».

Pese a ello, las estimaciones de los expertos apuntan a que el Estado tendrá que volver a financiar este año entre 35.000 y 40.000 millones a las comunidades autónomas y el Gobierno acaba de volver a prorrogar oara 2025 el extra FLA que permite financiar con el dinero barato del Estado hasta las desviaciones no previstas del déficit.

Según un estudio realizado por Fedea, entre 2012 y 2021 el Estado ha asumido un sobrecoste de 11.000 millones por financiar el déficit de los autonomías a tipos aún más baratos que los que obtenía el Tesoro en el mercado.