Sánchez prometió a los fondos en julio que no intervendría los alquileres

En el caso del sector residencial, el mensaje que el presidente lanzaba hace apenas unos meses era directamente el opuesto al recogido en el proyecto de ley de Vivienda : prometía un entorno jurídico estable a largo plazo para España y aseguraba que no cedería a las exigencias del ala morada del Ejecutivo.

Así se plasmó en el viaje que Sánchez realizó en julio a Estados Unidos , donde según ha podido saber ABC prometió ante grandes banqueros y fondos que España seguiría siendo un entorno seguro para sus inversiones. Incluso garantizó una ley de Vivienda ‘blanda’, sin grandes intervencionismos, según explican a este periódico fuentes presentes en dicha reunión.

Según estas mismas fuentes, el presidente del Gobierno se mostró «taxativo» al afirmar que no se cruzaría ninguna de las líneas rojas marcadas por Unidas Podemos, como es el control de los alquileres y que «su verdadero deseo era apostar por la colaboración público-privada, para construir vivienda social y fomentar el mercado del alquiler». En ningún momento les dio a entender que habría una intervención de los precios de los alquileres.

Los grandes inversores creyeron a Sánchez y ahora se sienten engañados. También el resto del sector inmobiliario, al que el ala socialista mandó el mismo mensaje de tranquilidad en repetidas ocasiones a lo largo de las negociaciones con Unidas Podemos para perfilar la nueva ley, que se han extendido cerca de nueve meses.

Para el sector, el Ejecutivo ha tomado «la postura más extrema» en la creación de la norma, que además entienden que es discriminatoria, ya que no trata de igual a grandes y pequeños propietarios. «Es el único país en europa que los discrimina» asegura una fuente del sector. Así, mientras las personas jurídicas con más de diez viviendas (grandes tenedores) tendrán que ajustar precios a la baja en zonas tensionadas, los pequeños perderán algún beneficio fiscal y tendrán que congelar los alquileres, un castigo «más amable». Además, el recargo del 150% del IBI a lo pisos vacíos tan solo afectará a los caseros con más de cuatro viviendas, siempre y cuando mantengan dos de ellas vacías.

Incluso la CEOE ha alzado la voz contra la norma, ya que su presidente, Antonio Garamendi, denunció el martes que la futura ley «crea una distorsión brutal de la libertad y del derecho a la propiedad».

En cualquier caso, las inmobiliarias todavía confían en que el texto se vaya suavizando durante su tramitación parlamentario. O incluso quede finalmente en la estocada. Como ya adelantó ayer este periódico, el procedimiento será largo y el mecanismo para bajar los alquileres no entraría en vigor, al menos, hasta 2024. Además, el sector cuenta con el apoyo de la oposición. Ayer el líder del Partido Popular, Pablo Casado, arremetió contra el Ejecutivo PSOE-Podemos , al que acusó de hacer un «intervencionismo suicida» y de ser «el Gobierno más radical de la Unión Europea». Tras ello se comprometió a llevar lanueva ley de vivienda al Tribunal Constitucional cuando esté aprobada y a no aplicar la norma de topar los alquileres en aquellas comunidades donde gobierna el PP . Un clavo ardiendo al que se amarran ya los grandes inversores, que ven ya a Madrid como un oasis inversionista si la ley les obliga a bajar las rentas, según relatan fuentes del sector. Distintas inmobiliarias han advertido de que esta concepción ensanchará las diferencias que ya existen en el mercado de la vivienda, donde la capital lidera de largo las cifras de inversión extranjera.

Porque la inseguridad jurídica que ahora acecha al conjunto de España lleva años cebándose con Barcelona . La Ciudad Condal aprobó hace justo un año un control a los alquileres que, según los promotores, ha recucido considerablemete la oferta de viviendas disponible. Pese a ello, desde el Ayuntamiento liderado por Ada Colau insisten en los efectos beneficiosos de la medida.

«Las medidas que se proponen ya se han probado en otros mercados como Cataluña y no han funcionado. Es trasladar un error local a todo el Estado. El control de precios de alquileres ha supuesto la desaparición del 40% de la oferta disponible en la ciudad de Barcelona y los ciudadanos ya están sufriendo la enorme dificultad que supone ahora encontrar un alquiler en la ciudad», explica Francisco Iñareta , portavoz de Idealista.

Pero no solo preocupan los controles a los precios. Una de las medidas ‘camufladas’ en el acuerdo especifica que los promotores tendrán que reservar el 30% de sus edificaciones a viviendas protegidas, y la mitad de este porcentaje a alquiler social. Una medida que, según denunció ayer la patronal del sector Asprima , provocará un «claro efecto de expulsión de la inversión, tanto nacional como extranjera», lo que provocará «un recorte en la oferta de viviendas disponible», según la organización.

Fuentes del sector promotor explican a este periódico que la norma del 30% está causando estragos en Cataluña, sobre todo porque «en muchos casos es muy difícil separar de una promoción las viviendas que se destinan al alquiler social». Se dan casos en los que, dentro de un mismo edficio, dos plantas son viviendas de protección oficial (VPO) y el resto de precio libre. Según estas fuentes, «esto ha provocado un parón de las operaciones» en Barcelona que «con la ley de vivienda puede extenderse al resto de España».