El Gobierno da largas a Bruselas y deja en el aire su proyecto para cobrar peajes en las autovías

La tarificación de la red de alta capacidad española iba a estar en principio lista en 2024 , pero la actualización del Programa de Estabilidad 2022-2025, remitida a Bruselas el viernes, apenas menciona las intenciones de la Administración respecto al cobro de peajes o algún tipo de canon en vías de alta capacidad (autopistas y autovías). El Ejecutivo ya no habla de plazos para llevar a cabo los peajes y ni siquiera se pone fecha para tener listo el sistema bajo el cuál tenía previsto articular la medida.

Apenas se habla de ellos en un apartado denominado «Medidas fiscales que contribuyen a la transición ecológica», un batiburrillo de iniciativas que contemplan desde el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos hasta «reformas en materia de movilidad sostenible, como crear un pago por uso de la red viaria de carreteras o la revisión del impuesto sobre Matriculación .

El Gobierno recuerda en el Programa de Reformas, también remitido a Bruselas el viernes, que pretende aprobar en breve la Ley de Movilidad Sostenible y que esta promoverá «un sistema de financiación de infraestructuras que sea sostenible y atienda a elementos medioambientales». Poco más.

El borrador de esta reforma demuestra que todavía se mantiene abierta la búsqueda de opciones para sostener financieramente la red de alta capacidad del Estado. El anteproyecto de ley recoge una disposición adicional en la que se establece «la necesidad del presentar un estudio de alternativas que analice las distintas opciones viables para establecer un mecanismo de financiación que permita garantizar, al menos parcialmente, los fondos necesarios para un adecuado mantenimiento de la Red de Carreteras el Estado».

El documento advierte, también, de que este mecanismo de financiación –sea cuál sea– «sólo sería viable si se logra un consenso social y político suficiente». En principio el estudio iba a delimitar el sistema de peajes, pero ahora se ha abierto el foco.

El Gobierno sí reconoce en el anteproyecto que «procurará basarse en un sistema de pago por uso de, al menos, las carreteras de altas prestaciones de la Red de Carreteras del Estado, que tenga en cuenta criterios de equidad territorial, seguridad vial, y sostenibilidad ambiental». Pero abunda en que todas estas medidas deben estar amparadas por el «amplio consenso social y político» y ajustarse a «las circunstancias económicas».

Son frases serpenteantes que contrastan con la rotundidad con la que el Gobierno aseguraba hace apenas un año que implantaría peajes en autovías y autopistas estatales. Incluso hizo un par de retoques jurídicos para que la empresa estatal Seittsa se convirtiese en un gestor de las tasas viarias.

En apenas doce meses la situación ha cambiado radicalmente , en parte porque la invasión de Ucrania ha sacudido los cimientos de la recuperación económica y ha agudizado el repunte de los precios, con la inflación tocando máximos de los últimos 37 años en marzo y manteniéndose en el 8,4% en abril. Unos incrementos que han hecho mella en la paz social. Precisamente, los transportistas ya se echaron a la calle en marzo, arrancando del Gobierno un compromiso expreso para que los hipotéticos peajes no les afectasen y pudieran transmitir su coste a los cargadores.

También ha habido críticas a la iniciativa en el ámbito político . Todos los partidos de la oposición han rechazado los peajes, que tampoco gustaron a socios del Gobierno como Unidas Podemos o ERC. Comunidades como Murcia y Castilla y León, además, han presentado alegaciones contra esta iniciativa en la fase de consulta pública del mencionado anteproyecto de Ley de Movilidad, que finalizó el pasado 13 de abril. Solo las organizaciones ecologistas respaldan las tasas. El ansiado consenso al que se refiere el Gobierno está más lejos que nunca.

El coste para el conductor de este sistema nunca se llegó a anunciar, si bien el Ejecutivo deslizó en privado que podría ser de un céntimo por kilómetro. A corto plazo se optaría por una viñeta en el coche y más adelante primaría este sistema de pago en función de los kilómetros recorridos.