Los expertos de Hacienda avisan del fiasco de los Perte y aconsejan a la ministra Montero que los reforme

Las empresas, por su parte, han pasado de verlos como una gran oportunidad a ponerlos bajo sospecha y observarlos casi como un estorbo. Y no son las únicas. El informe del grupo de expertos para la modernización de la Administración reunido por el Ministerio de Hacienda, que el comité acaba de elevar a María Jesús Montero y al que ha tenido acceso ABC, concluye que los Perte no han conseguido configurar un marco lo suficientemente atractivo como para estimular la inversión privada y recomienda al Gobierno abordar un cambio regulatorio para convertirlo en una herramienta realmente eficaz de colaboración público-privada.

El diagnóstico del comité, del que ha formado parte entre otros el exministro socialista Jordi Sevilla , es que la actual normativa de contratación pública en España es insuficiente «y no incentiva la iniciativa privada por la imprecisión y riesgos que comporta» y que la regulación de los Perte – ideada en principio para sortear estas barreras y estimular la colaboración público-privada – no ha introducido ninguna modificación significativa en este panorama.

El informe del comité subraya que si el Gobierno quiere hacer atractivos estos proyectos estratégicos debe reconfigurar la normativa reguladora de los Perte por la doble vía de fortalecer la capacidad de liderazgo público, pero también de maximizar la colaboración público-privada. Ello exigirá, concreta el informe, regular un nuevo modelo de gestión en el que los riesgos y los potenciales beneficios se compartan y no recaigan en una sola de las partes, en el que no sea solo la Administración la que diseñe y la empresa la que ejecute y en el que se dé una rentabilidad razonable al sector privado.

«Los Perte podrían haberse convertido en la gran herramienta de la colaboración público-privada en España, pero han terminado convertidos en un instrumento más de contratación pública al uso», lamenta un experto en Derecho Administrativo de uno de los grandes despachos. Explica que su gran valor residía en dar un cauce jurídico al desarrollo de grandes proyectos estratégicos apoyados en el sector privado, sin las restricciones a la colaboración entre Administración y empresas que impone la normativa española de contratación pública.

El Gobierno rehusó regular la posibilidad de que fueran las empresas las que impulsaran este tipo de proyectos estratégicos y después se echó atrás también en su intención de asignar de manera excepcional estos Perte de forma directa a proyectos empresariales estratégicos para España sin sujetarse al principio de concurrencia, por las dudas expresadas por Bruselas .

Esto ha obligado al Gobierno a replantear su estrategia. Cuando el Gobierno anunció el Perte del vehículo eléctrico en marzo de 2021 avanzó que se haría sobre un consorcio público-privado con Volkswagen, Seat e Iberdrola para desarrollar la primera planta de baterías eléctricas de Europa sin haber sacado siquiera la convocatoria. Las sospechas de dedazo y la obligación de respetar la concurrencia en el proceso obligaron a cambiar el paso y a entrar en un laberinto del que aún no ha salido a día de hoy.