Recuperadas 2.500 piezas arqueológicas del siglo I a.C. de un grupo criminal que expoliaba yacimientos en Cáceres

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Tamussia', ha desarticulado un grupo criminal asentado en la localidad cacereña de Moraleja, dedicado al expolio indiscriminado de yacimientos arqueológicos en la provincia de Cáceres, concretamente Cáparra, Villasviejas del Tamuja y el entorno de Alcántara.

La operación, denominada Tamussia, ha concluido con la detención de seis personas directamente vinculadas con los hechos, por la supuesta comisión de los delitos de daños continuados contra el patrimonio histórico en yacimientos arqueológicos catalogados, hurto agravado, blanqueo de capitales, receptación y pertenencia a grupo criminal, por lo que podrían enfrentarse a una pena de unos 4,5 años de prisión.

Además, han sido investigadas otras 3 personas, vecinas de las ciudades de Cáceres, Lérida y Valencia, por un supuesto delito de receptación, ya que compraron por Internet algunas de las piezas expoliadas a sabiendas de que procedían de una actividad ilícita.

Los investigadores han recuperado 2.500 piezas de interés arqueológico, exclusivas de la Ceca de Tamusia y con un índice de rareza del 97% ya que datarían del siglo I a.C., según los informes elaborados por técnicos especializados. La mayoría de las piezas son monedas que datan de la antigua Roma. Asimismo han intervenido dos aparatos de detección metálica, herramientas auxiliares para el expolio y una pistola detonadora, según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa.

La operación 'Tamussia' comenzó a finales de 2023 tras detectarse un elevado número de pequeñas excavaciones o remociones de terreno, que habían sido realizadas con herramientas manuales, en el interior de los yacimientos arqueológicos cacereños de Cáparra, en el término municipal de Oliva de Plasencia y en el de Villasviejas del Tamuja, en el de Botija. Ambos enclaves están considerados de gran interés por la relevancia de los restos arqueológicos existentes en ellos.

Noticia Relacionada

Yacimientos: una ventana al pasado que genera riqueza

Henar Díaz

Cultura apuesta para estos enclaves arqueológicos por un modelo de gestión que aúne estudio, conservación y explotación con el fin de concienciar de su valor y convertirlos en «fuente de ingresos»

El grupo criminal utilizaba sofisticados aparatos de detección metálica para realizar un barrido sistemático del interior de las zonas protegidas siempre en horario nocturno. Se apropiaban de piezas y objetos de interés arqueológico, omitiéndose con ello cualquier tipo de rigor científico en su estudio, causando además, la pérdida del contexto arqueológico y de la información histórica asociada a las mismas.

Posteriormente, a través de redes sociales, en grupos cerrados y especializados, vendían parte de las monedas expoliadas a precios muy inferiores a su valor real en el mercado legal.

Durante el transcurso de la investigación policial se pudo constatar, además, la gran actividad expoliadora de los detenidos, quienes fueron sorprendidos, en varias ocasiones, en otros enclaves de entidad arqueológica como el de Cáparra o en la zona de Alcántara. La forma en la que se realizaban las excavaciones llevaron a los agentes a determinar que se trataba del mismo grupo criminal.

Se han realizado dos entradas y registro en domicilios particulares en la localidad cacereña de Moraleja donde se intervinieron las 2.500 piezas antiguas, mayoritariamente monedas, dos aparatos de detección metálica, herramientas auxiliares para el expolio y una pistola detonadora.

Todos los detenidos e investigados, siete hombres y dos mujeres, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº 2 de Cáceres, según han informado este martes en una rueda de prensa que ha tenido lugar en el Museo de Cáceres, donde quedarán a resguardo las piezas rescatadas.

Los detalles de la operación han sido presentados por el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; la directora general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura, Adela Rueda; el teniente coronel y jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, Rafael Roldán, y el teniente jefe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), Antonio Manuel Lucero.

Quintana ha agradecido el trabajo de los agentes y la colaboración de las instituciones para poder recuperar estas piezas arqueológicas de gran valor que "pasarán a ser de todos los españoles", ha dicho, según informa Europa Press.

Por su parte, la directora general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura, Adela Rueda Márquez de la Plata, ha afirmado que recuperar el patrimonio usurpado es fundamental para "reconstruir nuestro pasado, construir nuestro futuro a través del presente y seguir creando nuestra identidad".

Rueda ha afirmado que las piezas recuperadas "nos van a permitir seguir ahondando en el estudio de las civilizaciones que nos precedieron, que conforman nuestra historia y a las que, sin duda, debemos gran parte de lo que hoy somos". Asimismo, ha señalado que estos expolios carecen de todo tipo de rigor científico o de estudio en la extracción de las piezas, causando, además, la pérdida del contexto arqueológico y de la información histórica asociada a las mismas.

Igualmente, la responsable regional del patrimonio arqueológico ha reseñado que el robo y el expolio del patrimonio cultural impide la reconstrucción de los procesos de identidad que posibilitan estos restos del pasado y ha manifestado la importancia de la colaboración entre administraciones porque "proteger y preservar el patrimonio, histórico y patrimonial exige la concurrencia de todos los poderes públicos".

La Guardia Civil recuerda que el fin de los "detectoristas" o "piteros" es la localización de objetos arqueológicos ayudados por aparatos de detección metálica. En este sentido, la ley de Patrimonio Histórico de Extremaduraprohíbe la utilización de estos dispositivos para la búsqueda de restos relacionados con la prehistoria, la historia, el arte, la arqueología, sin haber obtenido previamente una autorización administrativa que motivadamente justifique su empleo.